La Comisión Europea ha presentado su estrategia para el sector del automóvil, en la que destaca la flexibilización en los objetivos de reducción de emisiones que permitirá la comercialización de coches que no sean eléctricos más allá de 2035. Las electrolineras ya han mostrado su rechazo a la medida.
Con la marcha atrás de Bruselas, la obligatoriedad de reducción de emisiones para los fabricantes se ha reducido hasta un 90% (antes era el 100%) a partir de 2035. Esto afectará a automóviles y furgonetas y desde Europa señalan que la decisión nace “para dotar de una mayor flexibilidad a la industria y para que sea competitiva en el mundo”.
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Para completar el 10% restante (hasta el 100%), como ya se explicó en Demócrata, las emisiones deberán compensarse mediante dos mecanismos. En primer lugar, con acero con bajas emisiones de carbono “hecho en la Unión”. Se otorgarán créditos a las empresas por hacer uso de este metal, lo que puede compensar hasta el 7% de los objetivos de referencia de 2021.
La otra opción aborda el uso de los electrocombustibles y los biocombustibles. El Ejecutivo contabilizará los ahorros de emisiones reales derivados de este uso. Se calcula que podría contribuir hasta el 3% del objetivo de referencia de hace cuatro años.
En definitiva, esta flexibilidad puede llegar a permitir que vehículos como los híbridos enchufables (PHEV), los vehículos con extensor de autonomía, los híbridos ligeros y los vehículos con motor de combustión interna sigan jugando un papel después de 2035, junto con los vehículos eléctricos puros y de hidrógeno.
Para los operadores de recarga ultrarrápida es una “decisión incorrecta”
A través de una carta abierta firmada por Laura Gonçalves, presidenta de la Asociación Española de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU), aseguran que “elegir rebajar las señales políticas dirigidas a la industria y a los inversores es la decisión incorrecta en un momento en el que la transición ya está en marcha y el ecosistema industrial europeo ha interiorizado plenamente el horizonte de 2035 para descarbonizar la cadena entera del sector automovilístico, como muestran los datos de ventas de vehículos eléctricos en la UE en lo que va de año (cifras a noviembre de 2025): +33% en el conjunto de la UE, con notables progresos en los cuatro principales mercados automovilísticos de Europa: +65% en España, +55% en Alemania, +47% en Francia, y + 132% en Italia”.
La electrificación, subrayan, “ya no es una promesa futura: es la realidad dominante hacia la que converge el mercado. Las ventas de vehículos eléctricos siguen creciendo con fuerza en Europa, la aceptación por parte de los usuarios es mayoritaria y los costes de las baterías y de la recarga han caído de forma sostenida durante la última década. La infraestructura de recarga, tanto privada como pública, se ha desplegado a gran escala y continúa expandiéndose con rapidez en todos los Estados miembros”.
Mensaje de la patronal electrolinera para el Gobierno de España
En este contexto, AORU considera que el debate estratégico sobre el destino final de la política europea de movilidad está, en esencia, cerrado. “La cuestión ya no es si Europa debe electrificar su transporte por carretera, sino cómo hacerlo de la forma más rápida, ordenada y competitiva posible”.
En la carta abierta destacan que el foco debe situarse ahora de manera decidida en la ejecución: en el fortalecimiento de las cadenas de valor industriales, en la aceleración del despliegue de infraestructuras de recarga de alta potencia y en el acompañamiento efectivo a consumidores y empresas”, afirman.
Además, instan al Gobierno de España a continuar defendiendo la ambición cero emisiones en 2035, “desempeñando un papel activo y constructivo en el Consejo, contribuyendo a articular mayorías que consoliden una regulación ambiciosa, estable y coherente con la estrategia europea de electrificación, la seguridad jurídica y la competitividad a largo plazo”.
El sector de las electrolineras, agregan, “está comprometido con esta hoja de ruta y cumplirá con lo que de él se espera. Estamos movilizando miles de millones de euros en inversión privada para desplegar infraestructuras modernas, interoperables y de alta calidad en toda Europa en general y en España en particular. Para seguir haciéndolo al ritmo necesario, es esencial contar con un marco regulador predecible, estable y alineado con la dirección estratégica ya definida”.