José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha expresado su desacuerdo con el acuerdo firmado en 2019 para el cierre escalonado de la central nuclear de Almaraz, pacto que no incluyó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y propuso finalizar las operaciones de los dos reactores en años consecutivos, 2027 y 2028 respectivamente.
“No tiene sentido práctico, hay que cerrar las dos en el 27 o los dos en el 28. Cuando se firma esto, estamos pensando que los ATIs (Almacen Temporal Individualizado) van a estar y los contenedores van a estar. No están los ATIs, no están los contenedores y quizá haya un retraso de dos o tres años. Pero, realmente, si no coordinamos una cosa con otra, lo que va a ocurrir es que Almaraz se va a cerrar y vamos a sentarnos y a dar vueltas con los dedos hasta que llegue aquello”, explicó Bogas durante un encuentro informativo organizado por el Foro Nueva Economía.
Además, destacó que desde 2019, la fiscalidad aplicada a las centrales nucleares ha aumentado un 70%, complicando aún más su sostenibilidad económica a largo plazo. No obstante, agradeció al Gobierno su apertura al diálogo, aunque señaló que la situación actual difiere significativamente de la política energética del momento en que se acordó el cierre.
En este sentido, Bogas se mostró optimista respecto a la posibilidad de revisar el calendario de cierre del parque nuclear español, establecido inicialmente entre 2027 y 2035, y afirmó que el diálogo con el Gobierno está en curso, subrayando la importancia de adaptar la estrategia a las circunstancias actuales, que son “absolutamente distintas”.
El Gobierno mantiene su plan de cierre de las nucleares
El Gobierno de España aseguró, a través de una respuesta parlamentaria (del 9 de julio de 2025) a sendas preguntas del PP (registrada el 6 de mayo) y de Vox (11 de abril), que mantiene su plan de cierre de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Además, aseveraron que esta energía será compensada por las renovables y que, según un informe del Banco de España, el precio de la luz podría descender un 50% respecto a los valores actuales (aunque en lo que va de año, está siendo superior al de 2024).
Concretamente, el Ejecutivo hizo mención al protocolo de cierre firmado en marzo de 2019 por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP (propietarias de las centrales) y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (Enresa), para que el cese de operaciones se produjera entre 2027 y 2035. Y subrayó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC) contempla esos mismos plazos. Como también lo hace el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado en diciembre de 2023.
El debate sobre el cierre de las nucleares se volvió a abrir (si es que alguna vez se cerró), el pasado mes de junio (dos meses después del apagón) cuando Endesa e Iberdrola solicitaron por carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantener la fecha de cierre en 2035, pero alterando los plazos intermedios. Por ejemplo, el del cierre definitivo de la Central de Almaraz, programado para 2027 y 2028, cuya propiedad corresponde al 52,7% a Iberdrola, el 36% a Endesa y el 11,3% a Naturgy (ni esta eléctrica ni EDP firmaron la misiva).
En la respuesta parlamentaria, el Ejecutivo se refiere al informe El impacto de las energías renovables sobre el precio mayorista de la electricidad, publicado por el Banco de España en el tercer trimestre de 2024. En éste se subraya que, de acuerdo con los escenarios incluidos en el PNIEC 2023-2030, y bajo el supuesto de que el precio del gas natural se mantenga en los niveles actuales, los precios de la electricidad en 2030 se reducirían hasta en un 50% adicional respecto a la media observada en el último año.
