España sigue sin culminar la transposición de la Directiva europea 2023/2413 sobre fuentes de energía renovables, a pesar de que Bruselas le abrió expediente por este motivo (junto a otros 25 Estados miembros) el 26 de septiembre de 2024. Es una normativa que, entre otros aspectos, acelera el despliegue de las renovables, haciendo más ambiciosos los objetivos de consumo de estas fuentes energéticas para 2030. Desde la patronal de las petroleras, en declaraciones a Demócrata, reclaman la transposición urgente y completa.
La consulta pública previa ya finalizó, pero fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica argumentan que es un proceso muy amplio, porque las directivas afectan a muchas normas nacionales diferentes y con competencia de varios ministerios, por ello, se suele tardar años en transponerse completamente.
Para la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) –antes AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)– que representa, entre otras, a Repsol, Moeve, Galp o BP, “esta directiva es clave para dar visibilidad a las inversiones que debe desplegar la industria del combustible, que ha anunciado que superarán los 16.000 millones de euros hasta 2030”.
Las revisiones de la directiva
El origen de esta norma está en la Directiva 2009/28, aprobada el 23 de abril de 2009, que estableció que el 20% del consumo final bruto de energía de la Unión Europea (UE), y el 10% del consumo de energía del sector del transporte de cada país de la UE, debían proceder de fuentes de energía renovables para 2020.
En 2018 entró en vigor la segunda versión de la misma (Directiva 2018/2001), que elevaba los objetivos de la UE para 2030 al 32% en cuanto al consumo final y al 14% para la cuota de combustibles renovables en el transporte. Los Estados miembros debían transponer esta norma a su legislación nacional, como muy tarde, en junio de 2021. España lo hizo en mayo de 2022.
En noviembre de 2023 comenzó a funcionar la tercera versión, la Directiva 2023/2413, conocida como RED III (Renovable Energy Directive). Ésta eleva el objetivo en materia de fuentes de energía renovables hasta el 42,5% para 2030, aunque los países de la Unión deben esforzarse por alcanzar el 45 %.
Asimismo, acelera los procedimientos de concesión de autorizaciones para nuevas centrales de energía renovable, como paneles solares o turbinas eólicas, y fija el plazo máximo para autorizar nuevas instalaciones en 12 meses en zonas con prioridad para las renovables y en 24 meses en otras zonas.
Además, estatuye estos objetivos sectoriales:
- Para el sector de la industria, un objetivo vinculante del 42% de hidrógeno renovable en el consumo total de hidrógeno para 2030 y del 60% a más tardar en 2035, con un objetivo indicativo de incremento medio anual de fuentes renovables de 1,6 puntos porcentuales.
- En el sector de la construcción, un objetivo orientativo del 49% para la cuota de energía renovable, como muy tarde en 2030, con objetivos de calefacción y refrigeración que aumenten anualmente en 0,8 puntos porcentuales hasta 2025 y en 1,1 puntos porcentuales entre 2026 y 2030.
- En el sector del transporte, un objetivo del 29% para la cuota de energía renovable en 2030 o una reducción del 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante un mayor uso de biocarburantes avanzados y combustibles renovables de origen no biológico, como el hidrógeno.
- En el sector de la investigación y de la innovación, un objetivo indicativo de tecnología innovadora del 5% de la nueva capacidad instalada de energía renovable a más tardar en 2030.
España, líder europeo en la producción de combustibles renovables
En opinión de los operadores de productos petrolíferos, la transposición de la RED III tiene que ser “ágil, ambiciosa y completa, porque es clave para reforzar la competitividad de nuestro país, aportar estabilidad y seguridad jurídica a largo plazo y asegurar el cumplimiento de objetivos ambiciosos de combustibles y energías renovables más allá de 2026. Con ello, evitaremos que nuestra industria y nuestro país estén en desventaja competitiva respecto a otros países en los que ya ha entrado en vigor”.
Por añadidura, destacan que “esta normativa es clave para avanzar en la oportunidad que tiene España con los combustibles renovables. Porque podemos situarnos a la vanguardia de Europa, como líder europeo en la producción de combustibles renovables, ya que contamos con el sistema de refino más flexible y competitivo de la UE y somos el tercer país del continente con mayor disponibilidad de materias primas, fundamentalmente residuos. Y esto se traduce en una oportunidad de competitividad nacional en el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, que no podemos desaprovechar”.
Incentivos al consumo pare reducir emisiones
Las petroleras consideran esa transposición como una “tarea ineludible”, pero no la única. Citan, por ejemplo, “la necesidad de promover incentivos al consumo de combustibles renovables, como hacen países de nuestro entorno, para favorecer la reducción de emisiones desde hoy. O adoptar nuevas medidas, más contundentes contra el fraude en la distribución de carburantes”.
Desde AICE señalan que “la industria del combustible garantiza la seguridad de suministro nacional y proporciona el 54,1% de la energía que se consume en nuestro país, con combustible fósil pero también con combustibles renovables neutros en emisiones, que tienen un papel cada vez más importante en la producción y el consumo”.
Este peso en el mix energético, añaden, “se ha mantenido en los últimos 20 años, y se prevé que así siga”. Por ello, sostienen que “la clave está en avanzar en la neutralidad de emisiones de este vector energético protagonista en nuestro país, no en sustituirlo a costa de la eficiencia y la competitividad”.