La relación entre las empresas energéticas y el Gobierno de España no ha sido la mejor en los últimos tiempos. El impuesto energético no cayó bien en el sector, y las exigencias climáticas, aunque mejor recibidas, imponen obligaciones y compromisos que, según las propias compañías, podrían tener efectos adversos. Es algo que preocupa en el sector energético, como se puede comprobar analizando los informes de sostenibilidad de Naturgy, Iberdrola, Endesa, Repsol, Moeve y Enagás.
Temen un endurecimiento de las políticas medioambientales, al albur, entre otras cosas, de lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030), que establece, entre otros muchos, el objetivo de convertir a España en una economía neutra en carbono antes de 2050.
En cuanto al terreno fiscal, ese mismo documento recuerda la Agenda del Cambio aprobada por Consejo de Ministros el 8 de febrero de 2019, donde se plasmó la necesidad de “adaptar el sistema impositivo a la economía del siglo XXI”, así como de crear una “nueva fiscalidad verde”, es decir, lograr un “alineamiento de la fiscalidad con el impacto medioambiental”.
A pesar de los recelos, las principales empresas gasistas y energéticas españolas también extraen oportunidades de crecimiento en todo este proceso. Tanto éstas como los principales riesgos se mencionan en los informes de las compañías, en los que ha inquirido Demócrata.
Naturgy
El Informe de Sostenibilidad de Naturgy 2024 identifica como un riesgo de transición (“aquellos derivados del proceso de transformación en una economía más sostenible y descarbonizada, como consecuencia de cambios políticos, tecnológicos y de mercado”, tal y como los definen desde el Banco de España) el “desplazamiento del gas natural debido a las políticas y regulaciones climáticas (impuestos, sistemas de comercio de emisiones, fijación de precios al carbono)”.
Y sostienen que esto podría provocar un “descenso en la demanda de gas debido a la transición energética, cambios en los hábitos de consumo y predisposición de los clientes hacia tecnologías y productos más sostenibles con afectación a los negocios de distribución, comercialización y trading de GNL, que da lugar a una disminución de ingresos y a una pérdida de valor a largo plazo de los activos”.
También hallan oportunidades, que emanan de los impulsos regulatorios para el desarrollo del biometano e hidrógeno verde, para la mejora de las redes eléctricas mediante su digitalización, para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica renovable. Todo ello, destacan, podría suponer ingresos asociados a nuevas líneas de negocio y a la generación renovable y un incremento de la demanda eléctrica.
Iberdrola
En el caso de Iberdrola, hacen una rotunda defensa de la descarbonización. “La Sociedad cree firmemente que la transición hacia una economía neutra en carbono antes de 2050 es tecnológicamente posible, económicamente viable y socialmente necesaria. La transición energética hacia una economía baja en emisiones es una gran oportunidad para crear autonomía, riqueza, generar empleo y mejorar el estado del planeta y la salud de las personas”, manifiestan textualmente en su Estado de Información no Financiera (EINF) Consolidado e Información sobre Sostenibilidad 2024.
Esto no es óbice para que también encuentren diversos riesgos, que tienen que ver con el incremento del coste de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que, en su opinión, podría impulsar una subida del precio de las emisiones de carbono. También les preocupa que pueda haber nuevos mandatos y regulaciones, que, unidos a un cambio en el comportamiento del consumidor, provocarían una “disminución en la actividad de generación convencional y en la comercialización y distribución de gas”.
Detallan otro riesgo de transición que dimana de un posible “incremento en la regulación, y en políticas más exigentes con la protección de las especies y ecosistemas, que podrían dificultar la ejecución de las inversiones previstas en renovables, redes y almacenamiento, o aumentar los costes de inversión”.
También respecto a las inversiones, barruntan un endurecimiento de los requisitos financieros sobre las incidencias y dependencias relacionados con la naturaleza, que “pueden determinar el acceso a financiación o inversión”.
Endesa
En Endesa se refieren, como un posible riesgo, al “incremento del pago de impuestos por la intervención política y regulatoria en los precios de mercado e incluso en los beneficios de las compañías”, en clara referencia a ese impuesto energético por el que el Estado recaudó 2.808 millones de euros en dos años, y que, en enero de este año, recibió el portazo del Congreso.
En su Estado de Información no Financiera y Sostenibilidad 2023 elucubran con un posible “incremento de la presión regulatoria para acelerar la transición hacia un mix energético libre de emisiones de gases de efecto invernadero, así como un aumento de la exigencia por parte de los inversores en lo relativo a la gestión del impacto de los diferentes escenarios de cambio climático”.
Estiman, de igual modo, que un crecimiento en las restricciones y exigencias en regulaciones ambientales, que impliquen nuevos condicionante para autorizar instalaciones (o la explotación de las existentes) “podría ocasionar perdidas económicas y sanciones”.
Repsol
El Informe de Gestión 2024 del Grupo Repsol observa riesgos que pueden afectar al rendimiento de la compañía, y que están relacionados con el cambio climático y, específicamente, con la transición energética, destacando los riesgos referentes a posibles cambios regulatorios. Estos riesgos de transición, puntualizan, “resultan relevantes tanto en el corto plazo como en los horizontes 2040 y 2050 por su potencial impacto en los costes de producción y limitación a las ventas”.
Por añadidura, aseveran que la transición energética presenta importantes oportunidades, “especialmente respecto a la apertura de nuevos mercados y productos, tales como hidrógeno, biocombustibles, combustibles sintéticos, biometano, en los que adicionalmente se pueden presentar opciones de financiación para fomentar dicha transición”.
Dentro de los riesgos regulatorios y litigiosos, señalan la regulación de precios, cuotas o imposición de aranceles, la información financiera y de sostenibilidad comunicada al mercado y modificaciones en los regímenes de sanciones vigentes, que podrían impactar “de modo adverso a los negocios, los resultados y la situación financiera del Grupo”.
Y hacen hincapié en que existen ámbitos regulatorios en los que no sería extraño que surgieran controversias en la aplicación o interpretación de las normativas vigentes, en particular, “la normativa fiscal y su interpretación, la normativa de transición energética y la gran variedad de normas medioambientales y de seguridad”.
Moeve (Cepsa)
En el anexo 3 del Informe de Gestión Integrado 2024 de Moeve se fijan las cuestiones que podrían tener efectos adversos sobre su enfoque estratégico, impactando en los proyectos, los negocios, los resultados y la situación financiera de la compañía. Son éstas: “Cambios en el entorno social, económico y operativo, cambios inesperados de los mercados, endurecimiento o relajación en la regulación o en la aplicación de la misma, los requerimientos de acceso y conexión eléctrica para los nuevos proyectos, los retos tecnológicos y su evolución o cambios en el ritmo de transición energética”.
Sin embargo, destacan, “la adaptación a los desarrollos tecnológicos, así como la monitorización y seguimiento exhaustivo de las tendencias y normativas recientes o en proceso, tanto a nivel nacional como a nivel europeo o global, relacionadas con la sostenibilidad, la calidad de los combustibles y su descarbonización o el fomento de energías renovables nos permiten mantenernos en la vanguardia de la transición energética”.
En relación con la carga impositiva, manifiestan que “el sector energético está sometido a un marco fiscal particular. La existencia de gravámenes específicos sobre el beneficio, la producción o el consumo de productos son comunes en nuestro sector. Estamos expuestos a cambios en la regulación fiscal aplicable en los países en los que operamos, así como a diferentes interpretaciones de ésta por parte de las autoridades fiscales. En el ámbito regulatorio fiscal, destaca el gravamen temporal energético y la incertidumbre en su evolución”.
Enagás
Enagás, en su Informe Anual 2024, apunta a la incertidumbre en cuanto al despliegue regulatorio, “que condiciona la viabilidad de los proyectos”, como un riesgo relevante. Mientras que califica como “asumible”, el que haya “posibles cambios en la legislación tributaria, que afecten a los resultados de la compañía”.
Contempla, del mismo modo, como riesgo, un posible incumplimiento de los compromisos de neutralidad en carbono, lo que produciría “pérdida de reputación, de inversores o sanciones regulatorias”.
En el campo de las oportunidades, estatuyen tres muy claras: desarrollo de infraestructuras de hidrógeno, nuevos servicios logísticos que promuevan el consumo de gas natural y el desarrollo de infraestructuras para el transporte y almacenamiento de CO2.
En general, indican en el informe, “la constante evolución de la regulación, la tecnología y las expectativas de los grupos de interés, junto con la variabilidad inherente al clima, plantean un escenario complejo con incertidumbres”.