La protección de los menores en internet se ha convertido en uno de los grandes frentes políticos de la legislatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, situó esta cuestión entre sus prioridades en la comparecencia de cierre de 2025, comprometiéndose a culminar la tramitación del Proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales. Semanas después, a comienzos de febrero, elevó el listón al anunciar su intención de vetar el acceso a redes sociales a menores de 16 años mediante una enmienda transaccional. En este contexto de creciente presión política y social por regular el entorno digital, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defiende en esta entrevista con Demócrata el alcance de una norma llamada a marcar un antes y un después en la protección de los jóvenes.
Además, Rego aborda otros asuntos prioritarios para su Ministerio, como la ley de alcohol en menores (de Sanidad), la de violencia vicaria, la de protección a la infancia (que pronto llegará al Consejo de Ministros), las medidas en materia de pobreza infantil y, en definitiva, varias iniciativas que demuestran que las políticas de la infancia son una cuestión transversal y atraviesan todos los asuntos que copan la agenda del Gobierno.
Pregunta: El Proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales es uno de los asuntos más prioritarios que tenéis entre manos. Está pendiente de constituirse la ponencia para empezar a elaborar el informe, pero parece todo un poco parado. ¿Cuándo se prevé retomar?
Respuesta: Preveo que va a ser ya, de forma inmediata. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia tenemos el máximo interés en que vaya lo más rápido posible; pero las dinámicas del Congreso son del propio Congreso. Por nuestra parte, máxima disposición y colaboración.
P: ¿Hay un calendario pactado con el PSOE para el desbloqueo?
R: Estamos en fase de informar las enmiendas, las aportaciones… Son cuestiones más de ritmo del equipo. Como te decía, por nuestra parte, hay interés en que vaya lo más rápido posible. Una vez tenemos el proceso que corresponde al Gobierno de darle el ‘ok’ o no a algunas enmiendas, será inmediato. En días, estaremos en condiciones de terminar lo que nos corresponde a nosotros para que se siga tramitando a nivel parlamentario.
P: Sánchez anunció que se prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años. Como el proceso de enmiendas ya estaba cerrado, se tendrá que incluir por vía transaccional. Si se ha hecho ahora, ¿es que el texto original no lo contemplaba o había que reforzarlo?
R: El entorno digital evoluciona de manera muy preocupante en muy poquito tiempo. Nosotros llevamos trabajando en esta ley desde el minuto cero de la legislatura. La ley está inspirada en el grupo de 50 expertos que pusimos en marcha desde este ministerio y buena parte de las medidas del informe están recogidas.
¿Qué quiero decir con esto? Que en dos años han pasado muchas cosas a nivel de entornos digitales. Incluso, cuestiones que desde el Ministerio de Juventud e Infancia veíamos muy claro que era necesario regularlas y que algunos compañeros nos pedían ir un poco más despacio, ahora hay conciencia global. Es un proceso de maduración de toda la sociedad en el que vamos entendiendo y viendo el efecto que tienen los entornos digitales sobre nuestros hijos e hijas, que es la población más vulnerable y donde se hace más evidente el riesgo de un entorno digital sin regular. Por tanto, lo que hay que hacer es cambiar los entornos digitales para que sean lugares seguros, porque es obvio que no lo son en este momento.
P: ¿Qué es lo que más destacaría usted de esta nueva normativa? Luego hablaremos de herramientas como el control parental, pero, ¿qué novedades trae que refuercen la protección en estos entornos?
R: Hay elementos que el sentido común incorpora ahora y que a lo mejor no estaban al principio, cuando comenzamos este proceso, porque no estaban asentados. Me consta que en la fase de enmiendas hay algunas bastante potentes. Y me alegro, porque vienen a recuperar elementos que ya habíamos señalado desde el Ministerio y finalmente no habían sido incluidas. Pero estamos a tiempo.
Lo más importante de la ley es la visión global que tiene. Va a ser la primera herramienta que regule en términos generales la incidencia del entorno digital en nuestras vidas; protegiendo a niños y a menores de edad, pero también al conjunto de la sociedad.
Ahora, tenemos un problema porque el entorno digital está completamente desregulado, es la ley de la selva para que tres o cuatro caudillos digitales hagan caja a costa de los derechos del conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Particularmente, lo hacen a través de la explotación infantil, de la captación de datos, de la fijación de atención, del tiempo que estás usando el móvil, del enganche que provocan determinados discursos, de la generación de patrones adictivos, de la conformación de personalidades adictivas y de toda la repercusión que tiene eso en términos de salud mental. ¿Qué ventaja tiene en general la ley? Que de alguna manera, entra en prácticamente todos los campos afectados.
La ley plantea una reforma del Código Penal para tipificar delitos que están ocurriendo ahora mismo en el entorno digital, plantea límites a la industria, propone cómo configurar el sistema de atención primaria que atienda a la infancia para detectar y prevenir usos problemáticos con dispositivos electrónicos. La ley habla de un itinerario curricular que acompaña a niños y niñas para adquirir competencias digitales y articula un elemento vital, que es la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, que es el conjunto de herramientas pedagógicas formativas, adquisición de competencias, nociones de derechos y libertades en el entorno digital para el conjunto de la población del país. Una estrategia que nos acompaña como sociedad.
Es una ley clave porque ordena el espacio, pero también hay que reconocer que, para cambiar el uso del entorno digital, necesitamos un cambio profundo y pedagógico en la sociedad, y para eso está la Estrategia Nacional.
P: Una de las medidas más relevantes es, como decíamos, el control parental. Existe cierto consenso en su necesidad para acceder a redes sociales y ciertas plataformas, pero hay un debate y un pulso sectorial. ¿Quién lo asumirá? ¿Proveedores o fabricantes?
R: Será la industria la que se haga cargo de que, en los dispositivos, en el software, que por defecto se incluya un control parental intuitivo y sencillo; de forma que cuando se active un teléfono móvil, cuando vaya a ser utilizado por un menor, se pueda configurar automáticamente. Es lo más garantista y lo tiene que asumir la industria.
Hay más elementos, como el etiquetado de la caja. Igual que en un paquete de tabaco se informa de que fumar daña, un dispositivo electrónico tendrá que tener una etiqueta que recoja los riesgos de determinado uso. En las instrucciones, van a tener que incluir recomendaciones y limitaciones, es decir, horas recomendadas, franjas de edad en las que no se recomienda el uso del dispositivo… El manual de instrucciones hemos pedido que sea en lenguaje accesible y comprensible, porque lo que pretendemos es que hasta un niño o niña pueda entenderlo.
"La industria se tiene que hacer cargo de que los dispositivos tengan control parental por defecto"
Nosotros hacemos una especie de triple check para proteger a la infancia. Está la herramienta de verificación de la edad que va a ser muy garantista porque mantiene la privacidad y los datos. Herramientas de este tipo se están probando en varios países europeos. España tiene la suya pública y propia, y está siendo exitosa en el monitoreo que se está haciendo.
Otro punto importante es el reconocimiento específico del derecho de la infancia a tener un entorno digital seguro, con plenos derechos y libertades. Es fundamental, porque de ahí deriva todo lo demás.
P: Ha mencionado el etiquetado. Hay un pulso con el sector, e incluso entre grupos parlamentarios, sobre si lo debe hacer el fabricante o si incorporar un etiquetado genérico elaborado por el Gobierno.
R: Podemos hacer un desarrollo posterior. Esto hay que verlo y digerir las enmiendas.
P: Sánchez anunció sanciones a plataformas que no retiren contenidos de odio. ¿Es esto suficiente o solo un primer paso?
R: Es un buen paso. Hay que explorar los límites jurídicos que tenemos como país y en nuestra legislación, con las modificaciones oportunas, por supuesto. Al menos da un instrumento de defensa y es importante, pero nosotros vamos más allá. Además de sancionar, hay un problema estructural: el espacio digital es un espacio público que está absolutamente privatizado. Estamos en manos de tres caudillos tecnológicos que dictan las reglas del juego, y son unas reglas que hacen daño a nuestros hijos. Están limitando nuestros derechos y libertades y solo sirve para que ellos acumulen cada vez más ganancias.
No hay motivo para que el entorno digital sea un espacio privatizado, así que planteamos plazas públicas en el entorno digital, es decir, ¿por qué no puede haber redes sociales de carácter público? Que no tengan algoritmos tóxicos que nos hagan adictos y dependientes, infelices, que nos hagan odiar permanentemente a las personas que tenemos a nuestro lado y que, además, no segmenten y limite la información, rompiendo el derecho al acceso a una información veraz. Todo esto exige ordenar el entorno digital y poner algunos límites dentro de lo que podamos hacer cada Estado soberano. La reflexión tiene que elevarse y, creo, hay que poner mecanismos que van a tener que ser de carácter supranacional.
"¿Por qué no puede haber redes sociales de carácter público? Sin algoritmos tóxicos"
P: Hablando, precisamente, de determinadas prácticas. Usted misma planteó a la Fiscalía que investigase si Grok estaba cometiendo delitos por difusión de pornografía infantil.
R: Así es. Estamos escandalizados. Miles de imágenes de una Inteligencia Artifical generativa de pornografía infantil. Y claro, cero consecuencias para el dueño de esa red social, aparentemente, con infinitivas vulneraciones de derechos. Esto en el mundo físico nos parecería a todos una barbaridad y una atrocidad. Todo el mundo vería que lo normal y sensato es que se cerrara el negocio de quien fuera que estuviera haciendo caja con pornografía infantil. Son curiosas las resistencias de la derecha y la extrema derecha a poner límites a determinados espacios, pero bueno, también están haciendo caja de alguna manera a nivel electoral. Esta división de espacio físico y virtual ya no existe.
P: Habla de un PP, un Vox y un Junts que podrían frenar la ley. Porque no hay una mayoría parlamentaria sólida y este proyecto no figura en el listado de los que la formación de Puigdemont prevé facilitar.
R: Confío en que esta ley salga adelante. No con Vox, que ya ha presentado una enmienda de totalidad y básicamente no van a hacer nada porque están en contra del Gobierno. A Vox la desregulación le viene muy bien para difundir bulos y construir realidades paralelas, pero desinformar no es un derecho de nadie.
Con el resto de partidos, espero que salga. Ha habido aportaciones interesantes de grupos de la derecha y lo tengo que decir, porque es positivo. Me alegra que haya habido aportación sustancial y sería una buena noticia. Hay aspectos que aborda la ley que son de amplio consenso y confío en que seamos capaces porque nos preocupa mucho.
"Hay que regular el entorno digital, es la ley de la selva para que tres caudillos digitales hagan caja con nuestros derechos"
P: Es una de las grandes leyes en tramitación, sin duda, pero me asalta la duda de si teme que, tanto esta como otras que ahora abordaremos, queden en agua de borrajas por falta de mayorías o por que no dé tiempo en la legislatura.
R: En buena parte de las leyes que tenemos previstas porque ya están en el Congreso o a punto de entrar en el Consejo de Ministros, debo decir que tengo cierto optimismo en que puedan salir adelanto. Estamos en plazo. El Proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales está muy avanzado y creo que hay voluntad. Va a ser un punto de inflexión. Tengo optimismo. Quizá la realidad me lleve a otro lugar, pero voy a trabajar con determinación.
P: Claro, es que hay otras muchas leyes que permanecen bloqueadas. Ley del Cine, las sanitarias de Mónica García…
R: En nuestro caso, tenemos varios proyectos, pero digamos que hemos seleccionado muy bien los grandes temas para ser eficientes en el objetivo que queremos lograr. Porque es verdad, la correlación de fuerzas parlamentarias es la que es y los plazos se alargan.
P: Se está trabajando en una ley de violencia vicaria. ¿Qué plazos tenéis? ¿Se han incluido vuestras demandas?
R: Se está terminando de negociar, por lo tanto, seré discreta. Está bastante avanzada y confío en que en un plazo muy breve salga adelante. Estamos también trabajando, e irá pronto al Consejo de Ministros, en la ampliación de la Ley Orgánica de protección Integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia [comúnmente conocida como LOPIVI]. Es relativamente reciente y una ley pionera, pero después de unos años de evaluación, vemos que hay que ampliar y reforzar algunos aspectos.
Lo que hemos hecho es una revisión y ampliación de elementos que tienen que ver con la violencia de género contra la infancia, por lo que algunos puntos quedarán resueltos a través de la LOPIVI.
"Pronto irá al Consejo de Ministros la ampliación de la LOPIVI"
P: Es aquí dónde pretendeis meter el tema de régimen de visitas, patria potestad, escucha a menores…
R: Sí. Aquí estamos trabajando el régimen de visitas, porque nos regimos por una orientación clara de que un maltratador no puede ser un buen padre y que hay procesos dramáticos en los que hay niños y niñas viviendo situaciones muy límite. Vemos que a veces son entregados al maltratador o al abusador, esto no puede ser, es inaceptable. Por tanto, lo que necesitamos es un instrumento que dé muchas garantías, de ahí la reforma de la LOPIVI.
Vamos a incluir también asistencia jurídica propia para niños, es decir, que tengan derecho a su propia defensa, independientemente de los progenitores. También el derecho a la escucha, es decir, que van a tener que escuchar a los niños no solo a partir de los 12 años.
P: Hay un asunto que no parte de su Ministerio, sino de Sanidad, pero implica a los jóvenes: la ley de alcohol en menores de edad. Está bloqueada en el Congreso.
R: Es una ley muy interesante. Pone en valor las políticas de infancia y juventud como políticas de Estado. Tener un Ministerio como este nos ha permitido generar una dinámica de trabajo en la que compañeros y compañeras de otros ministerios, y de manera sectorial también, están trabajando en temas relacionados con los menores. Es interesante esta ley de alcohol en menores, también que se ponga en marcha la de bebidas energéticas, el tema de comedores escolares…
Hay todo un panel de medidas que tienen que ver con los derechos de la infancia, que es una cuestión transversal del Gobierno. Es una de estas leyes que están paradas y confío en que se desatasque porque todos estamos de acuerdo desde el punto de vista sanitario en el impacto que tiene.
Aprovecho para recordar que tenemos datos que apuntan a que, en la actualidad, ha descendido el consumo de alcohol y drogas entre la juventud.
P: Cambiando un poco el tercio, la pobreza infantil, otra de las grandes asignaturas de la legislatura y, por supuesto, prioridad de este Ministerio. ¿En qué se está trabajando?
R: Para nosotros es una de las prioridades y empezamos a trabajar desde el minuto uno en un Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil. El dictamen de la subcomisión en el Congreso debería estar en breve, estamos en la fase de redacción.
Hay dos elementos sustanciales para abordar la pobreza infantil. Uno es la vivienda, porque es el principal vector crítico para las familias con hijos e hijas a cargo, también para los jóvenes, que no se pueden emancipar. Es el gran problema de nuestro país. Estamos apostando por políticas mucho más audaces que protejan a los inquilinos e inquilinas, por la vivienda pública, topes de alquileres, que se cumpla la Ley de Vivienda, reformas legislativas para proteger la prórroga de los alquileres, y se tienen que regular los pisos turísticos y de temporada, que son un elemento parasitario del parque de viviendas.
El otro asunto central para rebajar la pobreza infantil es la prestación universal por crianza, que pretendemos incluir en el Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil. Planteamos 200 euros por hijo e hija a cargo de los cero a los 18 años. Estimamos que permitiría sacar a 700.000 niños y niñas de la pobreza antes del 2030. Ya se aplica en 17 países, por lo que hay experiencias virtuosas.
Hay que recordar que la pobreza infantil a este país le supone un 5,1% del PIB, estamos hablando de muchísimo dinero y que la inversión de la prestación universal por crianza sería mucho menos que ese porcentaje, además de ser profundamente beneficiosa en términos de inversión social de cuidado. El Estado como entidad que cuida a sus ciudadanos y ciudadanas.
P: Hace pocos días, el 18 de marzo, se cumplía un año del Real Decreto de acogida solidaria, y vinculo esto con la reciente regularización de migrantes. ¿Qué balance hace?
R: Muy positivo. En contra de la dinámica de un mundo que cada vez es más hostil a un fenómeno que forma parte de la humanidad, como es que los seres humanos migran, este país quiere acoger, y acoger don derechos.
Es un gesto de humanidad, pero profundamente político, cargado de intención y acompañado de intenciones. No es simplemente una declaración. Se ha permitido trasladar a casi mil niños y niñas. Además, hemos puesto encima de la mesa que cuando se trata de cumplir con derechos no puede haber asimetrías territoriales. Tenemos que funcionar como país, lo que exige tener altura política. La contingencia migratoria no afecta solamente a Canarias, Ceuta y Melilla. Y al contrario de lo que venían avisando los ultras, sobre todo de Vox, no ha habido problemas, hay muchos casos exitosos.
P: Por último, sé que escapa a su departamento, pero usted ha estado muy comprometida con la defensa del pueblo palestino; y estamos ahora ante una guerra en Irán. ¿Qué opinión le merece la postura de España y qué salida ve?
R: España ahora mismo es el país que está liderando el ‘No a la guerra’ y poniendo cierto sentido común. Es una buena noticia. Estoy preocupada, como cualquier ser humano que tenga un mínimo de sensibilidad y vea lo que está sucediendo en Oriente Medio. La guerra se ha regionalizado y estamos viendo una ofensiva salvaje de Estados Unidos e Israel.
Es muy preocupante porque sabemos lo que supone una extensión en el tiempo de un conflicto de estas características y, sobre todo, la impunidad que tienen algunos países de perpetrar verdaderas atrocidades. Esto es una barbaridad. Todos hemos visto lo que ha pasado y sigue pasando en Gaza y Cisjordania.
España se ha posicionado y ha permitido que otros líderes europeos, inicialmente más tibios, se hayan terminado posicionando en contra, diciendo que no van a entrar en guerra. Hay que ser más exigentes y alejarse de las dobles varas de medir. Si se plantean sanciones, ruptura de acuerdos comerciales y suspensión de compraventa de armamento con determinados países, se debe hacer también con aquellos que incumplan las reglas del juego.
Tras la entrevista, la conversación se relaja y deriva hacia terrenos que, esta vez, quedan fuera de micrófono. Sira Rego se levanta para apurar un café ya frío —la intensidad del intercambio lo había dejado en segundo plano— mientras el diálogo se desplaza hacia la trastienda política y los equilibrios parlamentarios.
Queda la sensación de que, más allá del ruido y los tiempos del Congreso, las políticas de infancia han escalado posiciones en la agenda pública. Y también la idea, compartida en ese último tramo más distendido, de que oponerse a algunas de estas medidas empieza a tener un coste difícil de explicar.
Entre ese margen de incertidumbre y un optimismo contenido, llega la despedida.