Los gobiernos europeos discuten durante estos días cómo articular la respuesta comunitaria a las consecuencias económicas de la guerra, cuyos efectos comienzan a notarse ya en los bolsillos de los ciudadanos, como han reconocido distintos ministros en las últimas semanas. La delegación española llega a las reuniones que se celebran esta semana con una premisa clara: reclamar a las instituciones europeas un plan de acción a largo plazo que permita afrontar con mayor solidez los efectos económicos de la crisis.
España quiere trasladar a sus homólogos la necesidad de diseñar “medidas estructurales” que aporten coherencia entre la visión a corto plazo y los objetivos estratégicos de la Unión Europea. En opinión del Ejecutivo, las decisiones que se adopten ahora deben evitar soluciones improvisadas que puedan generar nuevos problemas en el futuro.
“No podemos errar, no podemos buscar atajos falsos que nos lleven a la profundidad del pozo y a ser cada vez más dependientes”, ha expresado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, a su llegada al Consejo de Energía celebrado este lunes en Bruselas.
Un paquete de medidas con visión estratégica
En La Moncloa señalan que trabajan en un paquete de respuesta que no se limite a actuar como un “parche” temporal, sino que esté integrado en una estrategia de largo recorrido. La idea es combinar medidas coyunturales con reformas estructurales que permitan reducir la vulnerabilidad energética de la Unión Europea.
Aagesen ha adelantado que el plan español contempla diferentes ejes de actuación. En primer lugar, se pondrá el foco en proteger a los colectivos más vulnerables, especialmente aquellos más expuestos a las fluctuaciones del precio de la energía.
La vicepresidenta ha mencionado específicamente a los transportistas, el sector agrario y el sector pesquero, sectores que dependen de manera directa del coste de los combustibles y que podrían sufrir con mayor intensidad el impacto de la crisis.
Además, el paquete incluirá medidas específicas en el ámbito energético, destinadas a garantizar que las actuaciones lleguen de manera efectiva a los consumidores finales. El Gobierno quiere reforzar también los mecanismos de supervisión para evitar posibles prácticas abusivas en el mercado energético.
La crisis en Irán reabre el debate energético europeo
La nueva coyuntura internacional abierta tras la crisis en Irán ha dado pie a una nueva ofensiva del Gobierno español en las instituciones comunitarias. La estrategia no se limita al plano político —marcado por el mensaje de “no a la guerra” defendido por el presidente Pedro Sánchez— sino que se traslada también al ámbito energético.
El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja para consolidar una alianza entre varios socios europeos en defensa de las energías renovables y del sistema de créditos de carbono como pilares de la política energética comunitaria. “Se utiliza la energía como arma de guerra. La visión de España es que tenemos que acelerar la transición energética”, ha afirmado Aagesen.
La posición del Gobierno se basa en la idea de que una transición energética más rápida permitiría reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles, una vulnerabilidad que ha quedado especialmente expuesta tras las crisis geopolíticas de los últimos años.
Según la vicepresidenta, el caso español demuestra que la volatilidad de los mercados energéticos tiene un impacto menor cuando aumenta el peso de las energías renovables en el sistema energético.
Defensa del sistema europeo de comercio de emisiones
En esta línea, la semana pasada un grupo de cinco países —entre ellos España— remitieron una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que reclamaban mantener intacta la actual arquitectura verde de la Unión Europea.
La misiva, firmada también por Dinamarca, Finlandia, Portugal y Suecia, defendía especialmente el sistema europeo de comercio de emisiones frente a las críticas de algunos países, entre ellos Italia, que han cuestionado su funcionamiento.
Para estos cinco países, el sistema de créditos de carbono sigue siendo el instrumento más eficaz y eficiente con el que cuenta la Unión Europea para reducir emisiones y orientar las inversiones hacia sectores más sostenibles.
Los firmantes subrayan que un precio robusto del carbono constituye una pieza indispensable para impulsar la transformación industrial de Europa, incentivando la innovación y la modernización del tejido productivo.
Una “clave de bóveda” de la política climática europea
Durante la reunión celebrada este lunes, Aagesen ha defendido que el comercio de derechos de emisión constituye una auténtica “clave de bóveda” del sistema climático europeo. Según el Gobierno español, este mecanismo “ha demostrado que funciona, que incentiva las inversiones y que moderniza el tejido productivo”.
Fuentes diplomáticas aseguran que el equipo negociador español es consciente de la relación directa entre los debates que se venían produciendo sobre el sistema energético europeo y la situación generada por la escalada de tensión en Oriente Medio.“Hemos hecho mucho esfuerzo para llegar hasta aquí y eso nos ha permitido comprobar que esta es la respuesta”, confiesan fuentes cercanas a la negociación.
Descarbonización frente a la volatilidad energética
Las mismas fuentes subrayan que la descarbonización es la mejor garantía con la que cuentan los Veintisiete para evitar crisis energéticas como las que se están produciendo actualmente.Desde el Gobierno sostienen que avanzar en este proceso también puede contribuir a reducir los precios energéticos, al disminuir la dependencia de materias primas sujetas a fuertes tensiones geopolíticas.
“Es una herramienta útil para reducir precios”, señalan desde el Ejecutivo, donde consideran que el debate público sobre estas políticas se ha excesivamente politizado, hasta el punto de que en ocasiones “no corresponde con la realidad de los mecanismos”.
La Comisión Europea tiene previsto presentar la arquitectura de su respuesta energética a la crisis durante la cumbre de líderes europeos que se celebrará este jueves. Durante un reciente debate en el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, abrió la puerta a varias medidas, entre ellas la posibilidad de establecer un tope al precio del gas. “Estamos preparando diferentes opciones. La posibilidad de subvencionar o limitar el precio del gas”, afirmó la dirigente alemana.
La idea que estudia Bruselas consistiría en aplicar estas medidas para mitigar el efecto que el encarecimiento del gas tiene sobre otras fuentes de energía, especialmente en el mercado eléctrico. “Es crucial que reduzcamos el impacto”, sentenció Von der Leyen.
Ayudas estatales y contratos a largo plazo
Entre las herramientas que la Unión Europea baraja también figura la posibilidad de flexibilizar las ayudas estatales o impulsar un mayor uso de contratos energéticos a largo plazo, mecanismos que podrían aportar mayor estabilidad a los precios. No sería la primera vez que la Unión Europea discute una solución de este tipo. Al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, los Veintisiete acordaron un límite de 180 euros por megavatio hora para el índice europeo de referencia del gas.
Sin embargo, ese mecanismo nunca llegó a activarse debido a las estrictas condiciones establecidas para su aplicación. En el Gobierno español consideran que todavía es prematuro realizar valoraciones definitivas sobre el contenido del plan que prepara Bruselas. No obstante, fuentes del Ejecutivo reconocen que existen discusiones en marcha, aunque parten de planteamientos diferentes entre los Estados miembros.
Además, el Ejecutivo se pregunta hasta qué punto el contexto actual es comparable al que se vivió en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, cuando la Unión Europea se vio obligada a reaccionar con rapidez ante la crisis energética.
Una cumbre marcada por la geopolítica
En cualquier caso, la Unión Europea afronta una nueva cita clave en el calendario. Este jueves, los Veintisiete se reunirán en el Consejo Europeo con un nuevo conflicto abierto al otro lado del Mediterráneo.
En un principio, la cumbre estaba concebida para que las capitales europeas comenzaran a definir una hoja de ruta destinada a reforzar la competitividad económica del bloque y recuperar terreno frente a otras potencias globales.
Sin embargo, una vez más, la agenda europea se ha visto condicionada por la evolución de la situación internacional. De nuevo, los líderes europeos llegan a la cumbre obligados a reaccionar a las crisis geopolíticas externas, mientras tratan de mantener el equilibrio entre seguridad energética, transición climática y estabilidad económica.