QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo ha dado un paso importante en la tramitación de la Directiva de Prácticas que se está debatiendo en Bruselas. En concreto, ha aprobado el informe que ahora deberá pasar por el Pleno para finalmente ir a las negociaciones con el resto de legisladores. Lo que la Eurocámara busca es establecer un marco de principios y medidas con el objetivo de hacer cumplir las condiciones laborales de los trabajadores en formación.
La norma se fundamenta en dos objetivos principales. Garantizar la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores en prácticas a través de un principio de no discriminación. Este primer objetivo pasa por asegurar que los «becarios» no reciban un trato menos favorable, incluida la remuneración, que sus homólogos en las empresas. Junto con esto, se pretende combatir el uso ilegal de los períodos de prácticas mediante la exigencia a los Estados de establecer controles.
En la semana en la que se ha dado luz verde a este informe, Demócrata conversa con la ponente del texto, la eurodiputada del PSOE Alicia Homs (1993). Homs reconoce la complejidad de las negociaciones que ahora se abren hasta que esta normativa entre en vigor, pero avisa: «Vamos a dar la batalla». «Da igual la ideología que cada joven tenga, todos se merecen que se les reconozcan sus derechos», sentencia.
Pregunta: ¿Les sorprendió alguna posición de algún grupo durante la votación de esta semana?
Respuesta: Completamente, venimos de una negociación que ha sido muy intensa hasta llegar a esta propuesta de Directiva. Nuestro ánimo era el de intentar introducir todas las inquietudes de los grupos que aportasen a esta norma. Nos habíamos comprometido con las distintas formaciones a incluir las propuestas que nos habían trasladado durante los contactos que mantuvimos. Lo cierto es que a última hora, el Partido Popular Europeo decidió modificar su posición. No lo hicieron en bloque, hubo miembros de distintas delegaciones que se desmarcaron.
Esta decisión hubiera podido poner en peligro todo el acuerdo. Resulta llamativo, aun cuando te digo que hicimos un esfuerzo importante para que la posición del Parlamento saliese con el máximo número de apoyos posibles ante las futuras negociaciones. Queríamos el mayor acuerdo posible.
P: ¿Qué es lo que les trasladó el Partido Popular Europeo en esas negociaciones?
R: En las conversaciones los grupos conservadores tenían especial interés en el asunto del ámbito de aplicación de la norma. Tuvimos varios debates sobre este aspecto. Nosotros queríamos que el ámbito de aplicación fuera el más grande y ambicioso posible. Veníamos de recibir una postura del Consejo que limitaba este asunto.
Después de esos diálogos llegamos finalmente a un acuerdo. Pactamos la exclusión de las prácticas curriculares, en concreto de aquellas que están vinculadas a la obtención de créditos CTS, de esta normativa.
P: ¿Cómo esperan que se concrete la parte de la remuneración de las prácticas?
R: Esto deberá ir en línea con la Directiva de salarios mínimos. Esta normativa establece que los Estados deben fijar el SMI usando valores de referencia recomendados internacionalmente: al menos el 60% del salario medio bruto o el 50% del salario mediano.
Nosotros queremos tratar a los becarios como propios trabajadores y que esto se traduzca también en la percepción de ese salario mínimo. Existe una base legal para hacerlo. Existen grupos que no querían que diéramos este paso. Desde ciertos sectores se está utilizando el debate de que esto puede suponer una carga para los empleadores. La Directiva de prácticas no supondrá una carga ecónomica para quién lo esté haciendo bien.
P: ¿Temen que esto pueda cambiar en las negociaciones?
Esta es la propuesta que presenta el Parlamento como colegislador para esta directiva, aún así todavía tiene que pasar el filtro del pleno. Nosotros vamos a llegar con esta posición a esas negociaciones. El pago deberá ser, evidentemente, de acuerdo a la legislación nacional. Esto supone aplicar ese salario mínimo donde aplique. Es importante que los jóvenes tengan estándares mínimos, de lo contrario aquellos que pertenecen a colectivos normalmente excluidos, quedarán fuera.
P: En materia de sanciones, ¿cómo lo plantean por ejemplo en España?
R: No es competencia del Parlamento Europeo entrar a abordar estas sanciones. Serán los Estados los que tengan que presentar sus propuestas para aplicar lo que ahora estamos debatiendo. Cuando transpongan esta directiva tendrán que posicionarse sobre las sanciones.
P: El texto habla de justificaciones objetivas qué podrían hacer que las condiciones del trabajador en prácticas no sean las mismas que sus homólogos, ¿cuáles se imaginan?
R: Esto aparece en la postura de la Comisión Europea. Lo cierto es que el Parlamento utiliza ese informe del máximo organismo comunitario, pero nuestra postura es que no hay ningún asunto que pueda justificar un trato diferenciado.
P: ¿Con qué perspectivas afronta la negociación que ahora se abre?
R: El camino que ahora empezamos estamos seguros que no será fácil. Lo más importante en la vida no es fácil. Por mi parte, voy a luchar hasta la última coma, hasta el último punto. Esto va por esos jóvenes que antes lucharon gritando en las calles. Yo también he sufrido y visto como esto era una injusticia.
En este momento, era importante que el Parlamento Europeo tuviera una posición ambiciosa ante lo que puede venir. La postura del Consejo es realmente débil, iremos a estas conversaciones muy decididas. No queremos que se rebaje ninguno de los estándares que ahora hemos aprobado, vamos a impulsar todas las medidas. Tiene que quedar claro que la precariedad no se puede institucionalizar.
P: Se deduce cierta crítica al Consejo, ¿por falta de ambición?
R: El hecho de que haya gobiernos conservadores en el continente es una de las cuestiones que explican la poca ambición que presenta el texto, en efecto. Vamos a dar la batalla por ampliar la aplicación. En el caso de la propuesta de la Comisión este marco deja fuera a un 70% de los becarios. Da igual la ideología que cada joven tenga, todos se merecen que se les reconozca sus derechos.
