El alto el fuego de Trump da margen a Bruselas para recalibrar su estrategia energética

El nuevo giro diplomático del presidente estadounidense, Donald Trump, y el acuerdo para un alto el fuego en Oriente Medio han dado un nuevo respiro a los mercados del petróleo. Los precios del crudo se han desplomado ante las expectativas generadas por el nuevo escenario, pese a la negativa de Irán a reabrir el estrecho de Ormuz y que empiece a funcionar con cierta normalidad como respuesta a los ataques al líbano.

Lejos de dar aire únicamente a los costes del barril, la Comisión Europea aprovecha la tregua para recalcular la batería de medidas destinadas a aliviar la crisis energética que lleva preparando desde el inicio del conflicto, ahora sin parte de la presión que recaía sobre la institución.

Bruselas gana margen de maniobra

La líder del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, viene sopesando medidas como la de reducir la presión fiscal sobre la electricidad. De hecho, en un documento previo a la última cumbre del Consejo Europeo, la alemana abrió la puerta a estudiar la eliminación de ciertos gravámenes no energéticos de las facturas eléctricas, así como garantizar que la electricidad tenga una fiscalidad más favorable que los combustibles fósiles.

Ahora, el nuevo escenario abierto otorga a los europeos más tiempo antes de tomar decisiones precipitadas. “Es probable que la Comisión se relaje. Todavía hay que ver si el alto el fuego es permanente”, expresa el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, en conversación con Demócrata, quien prevé que antes de dar nuevos pasos la Unión Europea podría esperar a futuras reuniones en el seno del Consejo.

Coordinación entre los Veintisiete

El departamento de Energía comunitario mantiene la idea de la necesidad de reforzar la coordinación entre los Veintisiete, como acordaron durante una reunión extraordinaria del Consejo de Energía. “Coincidimos en que las medidas a nivel europeo y nacional deben diseñarse cuidadosamente, de forma coordinada, específica y adaptada a la situación actual”, explicó entonces el titular de la cartera energética de Chipre, Michael Damianos.

A la espera de que la Comisión Europea diera a conocer su batería de medidas, algunos Estados, como España, se adelantaron y movieron primero las fichas a la hora de plantear sus demandas. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, junto con sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, solicitó a Bruselas un nuevo impuesto que afecte a los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Como el español lo definió, se trataría de “un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas contribuyan y alivien la carga sobre los consumidores”.

Casares lamenta que este impuesto a los “beneficios caídos del cielo” no esté ya en vigor, como en su momento se planteó durante la tramitación de la reforma del mercado eléctrico. “Pese a que las crisis no son iguales, el patrón que se repite es que hay quien sí se está beneficiando”, critica. El socialista afirma que, en vez de “hacer reglamentos de urgencia”, lo que hay que tener sobre la mesa son “herramientas preparadas” que vayan más allá de improvisar sobre la marcha.

Los componentes a tener en cuenta 

No se querían dar pasos en falso. Por eso, los servicios comunitarios venían pidiendo que, a la hora de analizar la forma de intervenir en las facturas energéticas de los ciudadanos, se tuviesen en cuenta cuatro componentes para dibujar un marco completo: el coste de la energía, que representa más de la mitad de la factura; las tarifas de red (18%); los impuestos (15%); y el coste del carbono, cercano al 10%. En cualquier caso, se trata de promedios que “varían según la combinación energética de cada Estado miembro”. Así, en un primer momento, lo que Bruselas pretendía era que los Estados dispusieran de todas las herramientas antes de utilizar los instrumentos disponibles.

De esta forma, el Gobierno español pareció entender el mensaje y aprobó, entre las medidas del decreto anticrisis por la guerra de Irán, la rebaja hasta el 10% del IVA a los carburantes. Sin embargo, dos días después de que la medida saliera adelante, la Comisión Europea alertó a La Moncloa de que esta reducción fiscal no estaba contemplada en la normativa comunitaria respecto al IVA. “Podemos confirmar que enviamos esta carta. Explicamos a España que la directiva no incluye la posibilidad de rebajar el IVA de los combustibles fósiles”, explicó este miércoles una portavoz del Ejecutivo comunitario.

¿Entonces cómo hacer frente a la crisis? De acuerdo con la misma portavoz, lo que Bruselas habría propuesto al Gobierno a cambio sería la reducción de los impuestos especiales sobre el combustible. Algo que el Ministerio de Hacienda ya incluyó en el decreto, al reducir hasta el mínimo que permite la normativa europea los gravámenes al gasóleo y la gasolina sin plomo, así como al fuelóleo, el gas licuado, el gas natural y el queroseno.

Reducir consumo para aliviar la presión

“La crisis general del coste de la vida se determina en parte por los altos precios de la energía, así que necesitamos actuar”, afirmó el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, al comienzo de la crisis. En el plan para una energía asequible, presentado por el Ejecutivo en octubre de 2025, ya se contemplaba la posibilidad de este tipo de rebajas fiscales.

Pero Bruselas no solo pone su atención en los precios. La Comisión también quiere implicar a los ciudadanos en la respuesta a la crisis mediante medidas de reducción del consumo energético. Jorgensen llegó a valorar con las capitales la posibilidad de reducir la velocidad máxima en autopistas en 10 km/h para lograr un efecto inmediato.

Además, los Estados habrían recibido propuestas como fomentar el teletrabajo, evitar los viajes en avión cuando existan alternativas —ya que puede aliviar rápidamente la presión sobre el combustible de aviación—, así como impulsar el transporte público y el uso compartido del coche.

El debate sobre el modelo climático europeo

En el grupo socialista del Parlamento Europeo, ante “la enorme volatilidad”, señalan que “todo ahorro siempre es positivo si no crea una destrucción de la demanda”. “La lección aprendida es que quien más apostó por descarbonizar, menos ha sufrido durante este tiempo”, sentencia González Casares.

Lo que sí ha confirmado la presidenta es su defensa del actual sistema de créditos de carbono (ETS). “Trayectorias más realistas, ayudas a las empresas más allá de 2025 y un trabajo con todas las partes implicadas”, deslizó Ursula von der Leyen sobre la revisión prevista para este semestre, para la que ha propuesto reforzar la inversión con 30 millones de euros.

La Comisión tenía previsto reformarlo en los próximos meses para ajustar su funcionamiento, pero la crisis ha reabierto un debate más profundo sobre el conjunto del Pacto Verde Europeo. Algunos países ven en el contexto actual una oportunidad para ralentizar o redefinir la transición energética. Italia pide directamente eliminar el modelo ETS, en funcionamiento desde 2005; Alemania mantiene una posición ambigua; mientras España se prepara para defenderlo con firmeza el próximo julio.

Este mecanismo, que fija límites de emisiones y permite comerciar derechos de contaminación, se ha convertido en uno de los pilares de la política climática europea. Aun así, Bruselas ha propuesto recientemente no suprimir automáticamente los derechos acumulados en la reserva de estabilidad del mercado cuando superen el umbral de 400 millones, de manera que sigan disponibles en lugar de ser eliminados definitivamente, a la espera de una reforma más profunda.

De nuevo, los europeos esquivan la urgencia de tomar decisiones concretas gracias al giro exterior de la administración republicana. Hasta el momento, según la Agencia Internacional de la Energía, el conflicto mantenía prácticamente bloqueado el tráfico a través del estrecho de Ormuz, haciendo que los flujos cayesen de 20 millones de barriles diarios a apenas un goteo, lo que provocó un aumento del precio del crudo superior al 60%.