El Parlamento Europeo ha dado un paso insólito hasta ahora en el seno de la Unión Europea. Una mayoría de 334 eurodiputados ha aprobado la petición de solicitar una opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si el texto del acuerdo UE-Mercosur es compatible con los Tratados Fundamentales de la Unión. Esta decisión retrasaría su ratificación por parte de la Eurocámara, pero la partida no ha terminado y la Comisión Europea se guarda un último as bajo la manga para intentar que prospere.
La votación sobre las dos peticiones de consultar al alto tribunal el pacto con Mercosur —una presentada por la Izquierda y otra por los Conservadores— ha mantenido todos los escenarios abiertos hasta el último voto. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario preveía que este recurso saldría adelante, según ha podido saber Demócrata. Por esta razón, los servicios jurídicos trabajan ya en la forma de poder activar el texto pese a la decisión adoptada por Estrasburgo. ¿La respuesta sobre cómo hacerlo? En los normas fundamentales del proyecto europeo.
¿Qué supondría?
Si la Comisión decidiera dar un paso adelante en la aplicación del texto pactado con los Veintisiete, su contenido pasaría a entrar en vigor de forma inmediata. Para España, el tratado supone oportunidades de crecimiento económico, con un aumento estimado del PIB del 0,23% y más de 22.000 empleos a largo plazo.
El acuerdo impulsa las exportaciones españolas hacia el bloque (+36,8%) y favorece la inversión y contratación pública, especialmente en servicios avanzados. Aunque la agricultura genera reticencias, el tratado incluye salvaguardias y protección de indicaciones geográficas, combinando beneficios económicos y estratégicos para España y la UE.
Sin embargo, en un contexto geopolítico marcado por las tensiones multipolares, esta decisión marcaría una grieta en las relaciones entre los colegisladores europeos. Miembros del Parlamento reconocen que podría ser interpretado como una "falta de respeto" o "legitimidad" ante la soberanía de la cámara parlamentaria.
La vía jurídica que estudia Bruselas
Para esquivar el obstáculo impulsado por los grupos más escorados a un lado y otro del Parlamento, tal y como explican fuentes comunitarias a Demócrata, la Comisión podría aplicar en los próximos días el acuerdo de forma provisional, hasta que el Tribunal emita su posición.
El artículo 218, apartado 5, de los Tratados establece que el Consejo, a propuesta del Ejecutivo comunitario, puede decidir la aplicación provisional de un tratado internacional o de algunas de sus partes. Como el Consejo ya ratificó este mismo mes el acuerdo, ahora solo tendría que dar este otro paso adicional.
“La Comisión se pondrá ahora en contacto con el Consejo y los eurodiputados antes de decidir los próximos pasos”, expresan desde el Ejecutivo comunitario. Así, se espera que los líderes europeos discutan este asunto en la cumbre convocada de urgencia este mismo jueves, motivada por la situación en Groenlandia, en Bruselas.
Desde la Comisión se insiste en que los acuerdos se negociaron y firmaron de conformidad con los procedimientos previstos en los Tratados. “Las directrices de negociación del Consejo de la UE prevén explícitamente un Acuerdo Interino sobre asuntos de competencia de la Unión”, recuerdan desde los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario.
Ribera descarta un parón
La vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera se ha pronunciado al respecto con rapidez y, en los pasillos del Parlamento, ha afirmado que la Comisión no contempla “un parón en la aplicación de un acuerdo que ha tardado mucho tiempo en ser alcanzado, en ser firmado y que representa esa voluntad de trabajar con otros socios comerciales en el resto del mundo por parte de Europa”.
En el gabinete de la presidenta Ursula von der Leyen trasladan la idea de que las mociones planteadas por el Parlamento son injustificadas por un motivo clave. Sostienen que la Eurocámara siguió la misma arquitectura jurídica al ratificar el Acuerdo Marco Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino con Chile, vigente desde el 1 de febrero de 2025.
¿Qué ocurre ahora en el Parlamento Europeo?
Al haber remitido el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento pierde su poder negociador hasta que este emita su opinión jurídica. Distintas voces apuntan a que este dictamen podría retrasarse hasta dos años, aunque, debido a la relevancia del acuerdo, los juristas podrían acelerar el proceso hasta los doce meses. En cualquier caso, los eurodiputados tendrán que esperar para iniciar la tramitación parlamentaria.
Desde el Ejecutivo comunitario aseguran respetar la “mayoría ajustada del Parlamento” y afirman que se encuentran analizando en estos momentos la posibilidad de aplicar provisionalmente el acuerdo. “Es un tratado que es importante y que políticamente no podemos retrasar por mucho tiempo”, ha señalado la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera en una conversación informal con periodistas.
“En un momento en el que se construye el mercado más grande del mundo, sabiendo que nos permite consolidar relaciones de amistad, es importante que la Comisión estudie la fórmula”, ha expresado Ribera, al tiempo que ha subrayado que “es un momento temprano para dar nada por hecho”.
Dudas parlamentarias y control jurídico
En este contexto, fuentes parlamentarias consultadas por Demócrata atisban un proceso que, en ningún caso, será rápido hasta la eventual aplicación provisional. La Comisión explica que el acuerdo no reducirá las medidas de auditoría y control de las importaciones agrícolas del Mercosur. Además, subraya que el texto no socavará las estrictas normas sanitarias y fitosanitarias (MSF) de la UE, ni el principio de precaución ni la seguridad de los consumidores europeos, cuestiones que, en última instancia, tendrá que dirimir el Tribunal.
La iniciativa para solicitar un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo, impulsada por la Izquierda en la Eurocámara, ha prosperado con 334 votos favorables, frente a 324 en contra y 11 abstenciones. En cambio, una segunda propuesta de contenido similar, esta vez promovida por el grupo de ultraderecha Patriotas por Europa, ha sido rechazada al recabar únicamente 225 apoyos, frente a 402 votos en contra y 13 abstenciones.
Lectura política en clave nacional
En clave nacional, el Partido Popular y el Partido Socialista se han mostrado contrarios a elevar el asunto al Tribunal de Justicia, mientras que desde la extrema derecha, Vox, y desde la Izquierda, socios del Gobierno, han celebrado la decisión adoptada por la Eurocámara.
El artículo 218, clave del debate
Este mecanismo se aplica tanto a acuerdos “UE-only” como a acuerdos mixtos, pero en estos últimos solo respecto a las disposiciones que entran en el ámbito de competencia de la Unión, salvo que los Estados miembros consientan individualmente la aplicación provisional de las partes de su competencia.
En el caso de Mercosur, la Comisión, que actúa como negociador, ya pasó con la ratificación el filtro del Consejo Europeo, que en otros casos es el responsable simultáneamente de las decisiones de firma, de aplicación provisional y de celebración del acuerdo. El siguiente paso es que el Consejo adopte la decisión de aplicación provisional. Para ello, fuentes diplomáticas explican que se requeriría una mayoría cualificada, al igual que para la aprobación inicial del acuerdo, al tratarse de un asunto comercial. Al haberse realizado ya este paso, el Ejecutivo contaría, en esta ocasión, con el aval de los Estados, aunque sí que vaya a consultarles.
Además, los Veintisiete deberán fijar el alcance de esa aplicación provisional, determinando qué títulos, capítulos o artículos del acuerdo se aplicarían de forma inmediata.
Desde el punto de vista jurídico, el artículo 218 no exige que el Parlamento haya dado su visto bueno antes de que el Consejo pueda decidir la aplicación provisional del acuerdo. En otras ocasiones, a raíz de acuerdos como el CETA, se consolidó la práctica política según la cual la aplicación provisional solo entraba en vigor después de que el Parlamento hubiese tomado posición, con el objetivo de no vaciar de contenido su papel institucional. En esta ocasión, la Comisión podría estar decidida a pasar por alto la postura de los eurodiputados.
Esta aplicación provisional se mantendría mientras se completan los procedimientos internos de ratificación y cesaría si el acuerdo no llegara a entrar en vigor, por ejemplo, en el caso de que el Parlamento denegara finalmente su consentimiento.