Solo una semana después de que el Parlamento Europeo remitiese el acuerdo comercial con el bloque de Mercosur, los eurodiputados han acordado con el Consejo Europeo las cláusulas de salvaguardia en el texto legal. El objetivo era evitar que “las importaciones desde la región” dañen al sector agrícola comunitario. Un paso que revela la capacidad de la Eurocámara, cuando quiere, de influir en los expedientes legislativos.
Los colegisladores habían introducido en un proyecto de resolución legislativa una batería de enmiendas destinadas a reforzar la vigilancia de los productos sensibles, mediante un monitoreo proactivo y la reducción de los umbrales necesarios para iniciar investigaciones por daños al mercado.
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Mientras la propuesta inicial de la Comisión buscaba un equilibrio entre la apertura comercial y la seguridad jurídica, diversas familias políticas habían expresado su preocupación por la posible competencia desleal derivada de menores estándares ambientales y sociales en terceros países.
El margen de maniobra del Parlamento
El acuerdo alcanzado este martes entre ambos legisladores pone de manifiesto una tesis que diversas fuentes comunitarias venían defendiendo en los últimos días. En los pasillos del Parlamento no son pocas las voces que explican cómo, durante el proceso de ratificación, se pueden aprobar resoluciones que condicionen políticamente el consentimiento del acuerdo.
En la práctica, al amenazar de forma creíble con tumbar el acuerdo, el Parlamento puede forzar a la Comisión y al Consejo a reabrir capítulos, renegociar anexos o añadir instrumentos obligatorios, como declaraciones conjuntas entre las partes firmantes.
Además, en la legislación de aplicación interna de la Unión Europea —como es el caso del reglamento de salvaguardias— el Parlamento sí puede introducir enmiendas, condicionalidades, mecanismos de suspensión o salvaguardias adicionales.
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Una vez acordado el proyecto de reglamento, que estipula la posibilidad de suspender temporalmente las preferencias arancelarias a las importaciones de determinados productos agrícolas considerados sensibles —como la carne— si se detecta un perjuicio para los productores europeos, el Parlamento debe ahora esperar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para dar los siguientes pasos.
Una congelación a plazos
¿Por qué? En realidad, lo que aprobaron los eurodiputados fue consultar al alto tribunal sobre si el texto legal del acuerdo comercial se ajusta a los tratados. Fuentes jurídicas explicaban entonces que este procedimiento podría dilatarse entre uno y dos años, aunque es previsible que los equipos técnicos aceleren los plazos dada la relevancia del asunto.
Esto obliga al Parlamento a esperar la posición del TJUE para ratificar o tumbar definitivamente el acuerdo. Fue una moción de La Izquierda, grupo del que forma parte Podemos, apoyada por los Patriotas, grupo en el que se integra Vox, la que congeló tácticamente la tramitación parlamentaria.
Esta posición defendida por Vox se aleja de la adoptada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en principio de su misma cuerda política y vinculada a la familia de los Conservadores Europeos. Fuentes consultadas por Demócrata explican que el hecho de que el texto tenga que pasar primero por el TJUE puede llevar a la “ruina total del sector”.
En cambio, esas mismas fuentes sostienen que lo que realmente se ha perdido es una ventana de oportunidad para forzar una desregulación del campo, que debería ir acompañada, a su juicio, de otras medidas de protección del sector primario. Demócrata ha podido confirmar que desde el grupo trabajan directamente con pequeños agricultores españoles para elaborar una propuesta de simplificación normativa que alivie al sector, más allá del acuerdo con Mercosur.
Calendario apretado y aplicación provisional
Está previsto que el reglamento de salvaguardias pactado este martes se lleve al próximo pleno del Parlamento Europeo, en el mes de febrero. El calendario apremia y, en la Comisión Europea, los servicios trabajan para acelerar la entrada en vigor del tratado de libre comercio.
Tal y como confió la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, tras la última votación del Pleno, los servicios jurídicos “están preparados” para poner en marcha la aplicación provisional del tratado, sin esperar al Parlamento, en cuanto uno de los países de Mercosur lo ratifique en su parlamento nacional.
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Con el aval de Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, el Ejecutivo ordenará su plena entrada en vigor. No sería necesario volver a consultar al Consejo Europeo —es decir, a los Veintisiete— para adoptar esta decisión. No obstante, su presidente, António Costa, ya trasladó a Von der Leyen el respaldo, por mayoría cualificada, de los Estados miembros, de acuerdo con la votación de embajadores que ratificó a principios de enero el grueso del acuerdo.
Las convesaciones de Génova
Durante todo este proceso, el Partido Popular nacional amagó con un giro de guion y con posicionarse en contra del acuerdo. Sin embargo, en ningún momento su familia política europea se planteó tal postura, ni siquiera en la votación relativa al TJUE.
¿La estrategia? Aprovechando que su eurodiputado Gabriel Mato es el negociador del Reglamento de Salvaguardias, Génova ha puesto el foco en estas cláusulas. En este sentido, fuentes cercanas a la dirección de Alberto Núñez Feijóo aseguran que se habrían mantenido contactos directos con la presidencia de la Comisión para exigir a los países latinoamericanos compromisos claros en el cumplimiento de las salvaguardias pactadas.
El resultado de esos contactos, en los que habría participado la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, se habría concretado en la creación de un grupo de trabajo de supervisión. La medida anunciada por la Comisión Europea el lunes serviría para reforzar la vigilancia de las importaciones agroalimentarias que llegan al continente.
El comisario de Sanidad y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, defendió que, “independientemente de si los alimentos provienen de países cercanos o del otro lado del mundo”, la normativa es la misma: “cualquier producto que entre debe cumplir nuestras normas, sin excepción”, sentenció.
Entre las funciones de este nuevo grupo estaría impulsar una mayor armonización de los controles de importación en todos los Estados miembros, acompañada de una acción normativa para elaborar propuestas de actuación conjunta entre la Comisión y los países de la UE, así como identificar ámbitos en los que sean necesarias medidas regulatorias adicionales.
Un mecanismo de reciprocidad
La Comisión confía en que el Reglamento de Salvaguardias pueda entrar en vigor siguiendo el procedimiento comunitario ordinario. Desde Bruselas subrayan que “la Comisión demostró una acción rápida al proponer este reglamento” y anticipan que los colegisladores terminarán de adoptarlo con rapidez “para beneficiarse inmediatamente de él”.
La norma incorpora una enmienda clave del Parlamento, que establece un mecanismo de reciprocidad. En virtud de este, la Comisión iniciará una investigación y adoptará medidas de salvaguardia cuando existan pruebas creíbles de que las importaciones beneficiadas por preferencias arancelarias no cumplen requisitos equivalentes en materia de medio ambiente, bienestar animal, salud, seguridad alimentaria o protección laboral respecto a los productores europeos.
Además, frente a una posible caída de precios, el Parlamento ha pactado con los Estados una protección adicional: el reglamento reconocerá como perjuicio grave para el agricultor cuando el precio medio de importación caiga más de un 5%.
El campo mantiene el pulso
Los gobiernos autonómicos del PP venían vinculando su aval al tratado al cumplimiento efectivo de estas salvaguardias. El consejero de Agricultura andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, llegó a afirmar que el tratado no podría aplicarse por la ausencia de las salvaguardias que su partido negociaba en Bruselas.
Mientras tanto, el Ejecutivo central trata de trasladar al sector los beneficios del acuerdo. Tanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como el titular de Agricultura, Luis Planas, han mostrado comprensión ante la inquietud de los agricultores y confían en “ser capaces de transmitir las novedades y la protección que incorpora este acuerdo con Mercosur”.
Cuerpo insiste en que “hay un refuerzo en los controles en frontera para garantizar que los productos que entran cumplan los mismos requisitos que se exigen a los que se producen en España”.
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Pese a ello, las principales organizaciones agrarias —Asaja, COAG y UPA— han unido fuerzas para impulsar una nueva oleada de protestas, que se materializará en tractoradas por todo el territorio nacional. Las entidades mantienen las movilizaciones a pesar de que el Parlamento Europeo haya optado por paralizar el acuerdo y trasladarlo al TJUE para su examen.
Las concentraciones de agricultores y ganaderos se prolongarán durante toda la semana, aunque el momento de mayor intensidad llegará el día 29, una jornada bautizada por los convocantes como “súper jueves”. Hasta ahora se han confirmado más de 25 marchas y protestas.
Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca figuran entre las localidades donde se prevén cortes de tráfico y desfiles de tractores. En Madrid también habrá movilizaciones y, como gesto simbólico, se celebrará un “cocido reivindicativo” en la Puerta del Sol para visibilizar el malestar del sector agrario.