La Comisión Europea ha confirmado que el Gobierno de España no notificó a Bruselas la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, tal y como exige la legislación comunitaria, y ha advertido de que esta imposición podría tener consecuencias jurídicas e, incluso, dar lugar a un procedimiento formal de infracción.
Bruselas se ha pronunciado de esta manera tras una pregunta parlamentaria formulada por la vicepresidenta del Grupo del PPE, Dolors Montserrat. En nombre del Ejecutivo europeo, el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné señala expresamente que los Reales Decretos españoles “no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”.
Posible infracción y efectos ante los tribunales
La Directiva (UE) 2015/1535 obliga a los Estados miembros a comunicar a la Comisión cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, con el fin de prevenir obstáculos al mercado interior y garantizar su compatibilidad con el Derecho de la Unión.
En su respuesta, la Comisión recuerda que, si los Estados miembros no cumplen esta obligación, puede iniciar actuaciones con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, lo que podría desembocar en un procedimiento formal de infracción contra España.
Además, el Ejecutivo comunitario subraya las implicaciones jurídicas de esta omisión. Conforme a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados conforme a la citada Directiva. Esta doctrina abre la puerta a que la obligación actualmente en vigor pueda ser cuestionada ante los tribunales.
Advertencia sobre el mercado interior
Bruselas recuerda que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel europeo y se rige por normas nacionales de tráfico. No obstante, advierte de que la imposición de requisitos técnicos específicos a nivel nacional “puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio” en el mercado interior, en virtud del artículo 34 del TFUE.
En ese caso, las autoridades españolas tendrían que justificar la medida con arreglo al artículo 36 del TFUE o sobre la base de los requisitos obligatorios desarrollados por la jurisprudencia del TJUE.
Montserrat denuncia “inseguridad jurídica”
Tras conocer la respuesta de la Comisión, Montserrat ha subrayado que el propio Ejecutivo europeo recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos no notificados, lo que, a su juicio, confirma “la enorme inseguridad jurídica” generada para millones de conductores y para el sector.
La eurodiputada ha advertido de que cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos sin cumplir los procedimientos europeos “pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones”.
Asimismo, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe, en sus palabras, “por libre” en lugar de consensuar sus decisiones con el resto de socios europeos, y ha reclamado una aclaración inmediata que garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión Europea y actúe con transparencia y responsabilidad.