Países del Este exigen alivios para sus industrias frente a la reforma del Mercado de Carbono europeo

“Sé que hay mucho debate sobre esto”, expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una reunión de representantes de toda la industria europea en Amberes (Bélgica) sobre el sistema de comercio de emisiones (ETS). Durante la próxima reunión del Consejo Europeo, Bruselas pretende presentar “diferentes opciones sobre si es el momento de avanzar en el diseño del mercado eléctrico y la revisión del sistema”.

La reticencia de Italia 

Ante la reunión de los titulares de Industria de los Veintisiete en Bruselas, el ministro italiano, Adolfo Urso, ha planteado a sus homólogos acabar con el mercado de carbono hasta que el Ejecutivo presente la nueva medida. Para el gobierno de Giorgia Meloni, este sistema sería la causa de la falta de competitividad que en el bloque vienen advirtiendo. “Todos somos conscientes de que el mecanismo del ETS, tal como está redactado actualmente, es solo un impuesto, una tarifa para las empresas de alto consumo energético que luchan por mantenerse competitivas”, ha expresado Urso.

Desde su introducción en 2005, las emisiones se han reducido un 39%, mientras que la economía de los sectores cubiertos por el sistema habría crecido más de un 70%. En el Ejecutivo creen que esto demuestra que la descarbonización y la competitividad pueden ir de la mano. “Los Estados miembros invierten menos del 5% del ETS en la descarbonización industrial. Ya es hora de que los Estados den un paso al frente e igualen nuestro sistema de apoyo”, expresó von der Leyen ante la próxima reforma del Régimen de Comercio de Emisiones.

Italia, junto con otros países como Hungría o Polonia, presiona para que, de constatarse el “colapso de la industria química europea”, no se espere al momento de las negociaciones “para encontrar una solución”. En esta alianza se sitúan también Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, que pretenden proteger sus industrias estratégicas y otorgarles lo que denominan “alivio inmediato”.

Tensiones sobre asignaciones y compensaciones

Este bloque, más contrario a las exigencias climáticas comunitarias, está planteando la posibilidad de eliminación de asignaciones gratuitas, así como revisar cómo se calculan las toneladas de CO2 que reciben por sector. Además, buscan que Bruselas siga compensando a las industrias por el coste del carbono que pagan a los productores de electricidad.

En cambio, los denominados “amigos de la industria” son partidarios de un enfoque más pragmático y compatible con la inversión. Esto en la práctica significa que las industrias puedan seguir invirtiendo en tecnologías verdes sin que los costes del carbono sean un gran golpe. Lo que le piden a la Comisión es una estabilidad en el mercado para que los precios del CO2 no suban de forma imprevista. Su lema: “La descarbonización no debe lograrse mediante la desindustrialización”.

Claves de la revisión de la ley de fijación de precio del carbono

Las conversaciones sobre la revisión de la ley de fijación de precio del carbono en la Unión Europea, que regula cuánto deben pagar las industrias por sus emisiones, se prolongarán durante el primer semestre de este año. Existen puntos críticos porque la ley afecta a las industrias más contaminantes. Los países cuestionan la norma que prohibirá a las empresas liberar gratuitamente parte de sus emisiones, eliminándose de forma progresiva hasta 2034.

Además, cuando el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) funcione, habrá un control total sobre el CO2 importado y producido. Lo que se discute es qué tan rápido deben recortar sus emisiones estas compañías, así como si podrán compensar parte de sus emisiones con acciones que reduzcan el CO2 en otros sitios.

Alcance de la reforma

Esta reforma representa un cambio trascendental en el ecosistema empresarial europeo. Los movimientos pasan de una regulación ambiental, que el continente había abrazado hasta hace apenas unos años, hacia un pilar central de la estrategia financiera europea. Con todo, la Comisión pretende cubrir aproximadamente el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la inclusión de nuevos sectores y el fortalecimiento de los existentes.

Si bien el ETS ya incluye al sector marítimo para grandes buques desde 2024, con la obligación de entregar el 100% de los derechos de emisión para 2027, de forma estratégica las compañías deben prepararse para la posible inclusión de buques más pequeños. En aviación, se están empezando a monitorear los efectos no relacionados con el CO2, como los óxidos de nitrógeno, lo que puede ampliar el alcance del sistema y aumentar los costes de cumplimiento en el futuro cercano.

De cara a julio, el Ejecutivo evaluará también la inclusión de la incineración de residuos municipales en el ETS, que conllevaría requisitos de cumplimiento desde 2028. Así, las empresas del sector estarán obligadas a invertir en eficiencia o en tecnologías de captura de carbono para mantener su rentabilidad.

Los servicios de la Comisión analizan también la posibilidad de incorporar instalaciones con una capacidad inferior a 20 MW, lo que tendrá repercusiones en sectores como el refinado de aceites y el procesamiento de metales no ferrosos, que hasta ahora estaban exentos.

Incentivos a la innovación 

En la capital comunitaria plantean diseñar nuevos mecanismos para incentivar la innovación tecnológica, permitiendo que las emisiones negativas se conviertan en activos estratégicos. Actualmente, se definen metodologías para certificar tecnologías como la captura directa de aire y la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS). Para el sector empresarial, esto abriría la puerta a un modelo de negocio de emisiones negativas para compensar emisiones difíciles de abatir.

Las compañías podrán reducir sus obligaciones de entrega de derechos si el CO2 está químicamente ligado de forma permanente en un producto, como carbonatos minerales en la construcción. A la vez, se estudia cómo incentivar también el CCU no permanente a lo largo de la cadena de valor.

Del ETS al CBAM

El modelo de protección de la industria europea está cambiando de la asignación gratuita hacia el CBAM. Los sectores que no estén cubiertos por este mecanismo seguirán recibiendo asignaciones gratuitas, pero estas se basarán en los referentes del 10% de las instalaciones más eficientes.

Uno de los puntos críticos para la planificación a largo plazo es el llamado “Escenario final”, donde la oferta de derechos de emisión se acercaría a cero. El mecanismo de reserva de estabilidad del mercado (MSR) regula la oferta de derechos para evitar volatilidad. La revisión de julio ajustará los umbrales de la MSR, lo que afectará directamente al precio del carbono y, por ende, al flujo de caja de las empresas intensivas en energía.

Bruselas no busca solo imponer costes, sino también canalizar masivamente ingresos hacia la industria. Parte de los ingresos generados por la subasta de derechos se destinarán a fondos de innovación y modernización para apoyar proyectos bajos en carbono. Junto con esto, el Banco de Descarbonización Industrial, propuesto para 2026, buscará movilizar hasta 100.000 millones de euros en proyectos para sectores intensivos en energía.