La Comisión Europea confirmará este jueves el último giro de su política migratoria. Está previsto que el Colegio de Comisarios dé luz verde a una nueva estrategia con la que Bruselas apostará decididamente por los retornos y por reforzar las exigencias en el control de las fronteras exteriores. La iniciativa llega en un momento especialmente sensible, marcado por la decisión del Gobierno español de avanzar en la regularización de casi medio millón de personas migrantes, un acuerdo alcanzado con Podemos y que ha activado las alarmas en la derecha española, que ya estudia una ofensiva política en Bruselas.
En los últimos meses, Europa ha ido adoptando una agenda sensiblemente más dura en materia migratoria. Un viraje político que se reflejará en la propuesta que presentará el Ejecutivo comunitario y que articula una posición basada en el blindaje de las fronteras europeas y en el endurecimiento de los mecanismos de control.
Una estrategia basada en retornos y diplomacia migratoria
Desde la capital comunitaria se pretende desplegar una hoja de ruta con diversas líneas estratégicas que abarcan desde la diplomacia migratoria hasta un sistema común de retorno y readmisión, pasando por el uso estratégico de recursos financieros. De hecho, durante el pasado año la Comisión ya dio un paso relevante con la reforma del marco europeo de asilo y migración, un proceso en el que se introdujo por primera vez el concepto de “centros de retorno” para aquellas personas migrantes cuya solicitud de asilo fuera rechazada.
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La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ya adelantó que la Comisión pondrá a disposición del Gobierno sirio más de 600 millones de euros con el objetivo de reforzar los procesos de deportación. Un movimiento que deja entrever la estrategia que pretende seguir su administración, especialmente después de que 20 Estados miembros instaran formalmente a Bruselas a reforzar la coordinación a nivel europeo.
Tecnología e inteligencia artificial en el control fronterizo
La tecnología jugará un papel central en esta nueva iniciativa. Según los planes de la Comisión, se impulsarán sistemas informáticos a gran escala para intensificar la vigilancia en los controles fronterizos. Incluso se contempla el uso de sistemas de inteligencia artificial para el rastreo y la verificación de la identidad de las personas migrantes.
EL Reglamento
En diciembre, los Estados miembros alcanzaron un acuerdo en el seno del Consejo Europeo sobre el Reglamento de gestión del retorno de ciudadanos en situación administrativa irregular.
El pacto incluye procedimientos obligatorios de expulsión, la creación de una Orden Europea de Retorno y mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones entre los Estados. Los ministros también acordaron obligaciones estrictas para los migrantes, lo que abrió la puerta a medidas coercitivas, detenciones y prohibiciones de entrada para prevenir fugas, especialmente en los casos considerados una amenaza para la seguridad.
Expulsiones forzosas
Con este reglamento, si las personas migrantes en situación irregular cooperan con las autoridades, se les otorgaría generalmente un plazo de hasta 30 días para abandonar la Unión por sus propios medios. En caso contrario, se procedería a una ejecución forzosa del retorno, mediante el traslado físico fuera del territorio de la UE. No obstante, la nueva legislación establece de forma expresa que “nadie puede ser expulsado a un país donde exista un riesgo serio de pena de muerte, tortura u otros tratos inhumanos”.
“Por primera vez, los nacionales de terceros países en situación irregular tendrán obligaciones”, afirmó entonces Rasmus Stoklund, ministro de Inmigración de Dinamarca. El texto legal llegaba apenas seis meses después de que los líderes europeos reclamaran intensificar los esfuerzos para aumentar los retornos.
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El acuerdo, sin embargo, aún debe ser negociado con el Parlamento Europeo, donde los grupos de derechas, más favorables a esta política, cuentan con mayoría. En palabras de la número tres del Partido Popular español, la eurodiputada Alma Ezcurra, lo que hace falta es “orden, ley y control”.
El rechazo del Gobierno español
Durante la votación del reglamento de retorno, España optó por oponerse. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticó que el texto podría vulnerar el ordenamiento internacional, “tanto en el marco de los derechos humanos”, especialmente en lo relativo a los denominados centros de retorno.
“Entendemos que esas circunstancias no conjugan sustancialmente con lo que debe ser el respeto al derecho internacional”, afirmó Marlaska en diciembre.
En este contexto, el Gobierno de España ha adoptado una postura claramente divergente respecto a la mayoría de sus socios europeos. El Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular.
Desde el Partido Popular consideran que esta medida responde a una estrategia para “evitar asumir responsabilidades” por los accidentes ferroviarios de Córdoba. “Sánchez está convirtiendo a España en el coladero de Europa solo para salvar al soldado Puente”, arremetió Ezcurra.
La ofensiva del PP en Bruselas
La receta del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se basa en la idea de que “regularizar masivamente sin reforzar fronteras ni ejecutar retornos solo beneficia a quien incumple la ley”. Así lo defendió la propia Ezcurra en redes sociales, actualmente de baja.
Por este motivo, Demócrata ha podido confirmar que Génova trabaja en distintas vías de respuesta ante la regularización pactada entre el Gobierno y Podemos. Feijóo viajará este fin de semana a Zagreb (Croacia) para reunirse con sus homólogos del Partido Popular Europeo. Según fuentes del partido, la cuestión migratoria marcará su intervención durante el cónclave popular.
El propio Feijóo deslizó en los pasillos del Congreso la posibilidad de elevar el debate al ámbito europeo. En Bruselas, los grupos del Parlamento Europeo ya anticipan que el asunto llegará en breve a las comisiones parlamentarias.
Los servicios jurídicos del PP estudian denunciar la regularización extraordinaria, aprobada este martes por el Consejo de Ministros. No obstante, Vox se ha adelantado y ha solicitado la celebración de un debate en el Comité de Justicia del Parlamento Europeo, presidido por el popular Javier Zarzalejos.
Desde la izquierda, en declaraciones a Demócrata, denuncian un uso “partidista y poco democrático” de las instituciones y auguran una sesión en la que los principales grupos conservadores cerrarán filas.
Mayoría conservadora en la Eurocámara
En cualquier caso, esta posición es mayoritaria en el hemiciclo. Desde el Partido Popular Europeo hasta el grupo de los Patriotas, en el que se integra Vox, pasando por los conservadores de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, todos se oponen a la propuesta del Ejecutivo español. “Sabiendo que cuentan con mayorías, saldrá algún posicionamiento en contra de la regularización”, afirma la eurodiputada de Sumar Estrella Galán.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lidera así uno de los pocos Ejecutivos que en el Consejo Europeo sigue defendiendo la integración de las personas migrantes en el mercado laboral y administrativo, una tesis respaldada también por las principales patronales, que la consideran clave para mejorar las cifras de ocupación.
En contraste, el otro gran Gobierno socialista de Europa, Dinamarca, impulsó bajo su presidencia del Consejo las negociaciones sobre la creación de los centros de retorno propuestos por Meloni. De hecho, en su discurso de Año Nuevo, la primera ministra Mette Frederiksen anunció una reforma integral de la política de deportaciones. “Esto significará que aún más delincuentes extranjeros serán deportados de Dinamarca”, sentenció Copenhague.