Los pasos que se dan en Bruselas se miden, negocian y acuerdan primero dentro de los Estados miembros. Bien lo sabe la actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que ante un posible cambio en el Gobierno de Francia empieza a deslizar las primeras pistas sobre su sucesión. Una partida en la que el Ejecutivo español no quiere perder la oportunidad de jugar sus cartas.
La estrategia de Lagarde, según han revelado medios internacionales, pasaría por abandonar su cargo antes de que finalice su mandato, previsto en teoría hasta noviembre de 2027. Lejos de ese mes, la francesa tiene marcada otra fecha clave en el calendario: abril de ese mismo año, cuando los franceses están llamados a las urnas para elegir a su nuevo jefe de Estado.
A día de hoy, el partido de Marine Le Pen lidera las encuestas para esos comicios. Ante este escenario, Lagarde pretendería forzar la apertura del proceso sucesorio durante los últimos meses de mandato del presidente Emmanuel Macron, de forma que fuese él —y no un eventual dirigente de Agrupación Nacional— quien negociase el relevo en la institución monetaria.
En cualquier caso, desde el Banco Central Europeo sostienen oficialmente que “la presidenta Lagarde está totalmente centrada en su misión y no ha tomado ninguna decisión sobre el final de su mandato”. Este nuevo escenario parece no pillar desprevenida a La Moncloa, o eso afirman en público.
España se prepara para mover ficha
“Estamos preparados por si esta situación se adelanta, desde luego”, expresó este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a su llegada a una reunión con sus homólogos europeos en Bruselas. En privado, sin embargo, fuentes del Ministerio se muestran más cautelosas que en anteriores ocasiones sobre las opciones reales que maneja el Gobierno para este proceso.
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El español Luis de Guindos culminará en mayo su etapa en la Vicepresidencia del BCE, tras haber llegado al cargo en 2018 y no ser renovable su mandato. En enero, los titulares de Finanzas de los Veintisiete nominaron al croata Boris Vujic como sucesor del exministro español. Pese a tratarse en gran medida de una formalidad —puesto que queda pendiente la ratificación final—, la nominación representa el aval político de los Estados miembros a un nombre concreto. En este proceso, Madrid decidió no entrar en la pugna ni presentar candidato propio.
En el equipo del ministro explicaban entonces que no era habitual que un mismo país aspirase a revalidar un puesto idéntico de forma consecutiva y que, por tanto, las aspiraciones españolas estaban colocadas en otros despachos de mayor calado estratégico.
El Comité Ejecutivo, el núcleo del BCE
El Comité Ejecutivo del BCE es el órgano responsable de la implementación directa de la política monetaria. Más allá de la presidencia y la vicepresidencia existen otros cuatro puestos adicionales que, aunque no cuentan con roles específicos asignados por ley, sí adquieren especializaciones prácticas en áreas clave.
El economista irlandés Philip Richard Lane, por ejemplo, desempeña el rol de economista jefe, convirtiéndose en una figura central en la elaboración de previsiones macroeconómicas y en la arquitectura de las decisiones sobre tipos de interés.
En este contexto, el eventual relevo de Lagarde no sería únicamente un cambio de nombre, sino una negociación sobre el rumbo estratégico de la política monetaria europea en los próximos años.
Una “ventana de oportunidad” para España
Cuerpo considera que la supuesta marcha anticipada de Lagarde supondría “una buena ventana de oportunidad para España” y desde la capital comunitaria confirma que el Ejecutivo trabaja ya en “la mejor candidatura posible”.
¿De quién se trata? Existen miradas dentro del Gobierno de Pedro Sánchez que parecen posarse sobre el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Cabe tener en cuenta un dato relevante: España nunca antes ha ocupado la presidencia del BCE, un puesto de enorme peso simbólico y político dentro de la eurozona.
Existe un amplio consenso en el sector económico sobre la valía técnica de Hernández de Cos para el puesto. Su trabajo entre 2018 y 2024 al frente del Banco de España —tiempo en el que también fue miembro del Consejo de Gobierno del BCE y presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea— le posicionan como uno de los nombres más sólidos.
“España quiere tener un rol preponderante en el nuevo Consejo del Banco, una vez que se renueven los puestos pendientes”, insiste el ministro.
Paridad y equilibrios institucionales, los grandes obstáculos
Con todo, no será una negociación en la que los vientos soplen de primeras favorables para La Moncloa. Diversas fuentes reconocen que en estas discusiones se tendrá en cuenta el factor de la representación paritaria, una de las premisas que también trata de imponer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en esta clase de pactos institucionales.
A esta cuestión se suma otro elemento: actualmente España cuenta con la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), dirigido por la exvicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. Este hecho podría pesar en la balanza a la hora de repartir cuotas de poder entre Estados miembros.
En una conversación con Demócrata, la dirigente evitó pronunciarse sobre las opciones reales del Ejecutivo por hacerse con la presidencia del BCE. “España es un gran país y cuenta con profesionales de gran nivel, por lo que tiene opciones de estar presente en el Consejo de Gobierno”, destacó. Pese a reconocer su imposibilidad de “comentar nombres concretos”, debido a su posición, sí confesó que entre las opciones de Madrid existen figuras que “han realizado una labor extraordinaria en el ámbito nacional e internacional”.
Otros nombres en la carrera: el perfil “halcón”
Otra de las candidaturas que suena con fuerza es la del homólogo de Hernández de Cos al frente de la institución holandesa, Klaas Knot, que terminó su mandato en junio del año anterior. Knot es conocido por una línea claramente ortodoxa y conservadora en política económica. Como presidente del Banco Central de Países Bajos se ha caracterizado por defender una política monetaria prudente, priorizando el control de la inflación frente a estímulos prolongados.
Suele mostrarse partidario de una mayor disciplina fiscal en los países de la eurozona, criticando el endeudamiento excesivo y apoyando reformas estructurales. En general, se le asocia con el ala más “halcón” del BCE, favorable a subir tipos de interés cuando sea necesario para frenar presiones inflacionarias. El perfil del futuro presidente o presidenta del BCE marcará, por tanto, el equilibrio entre ortodoxia y flexibilidad en un contexto económico aún condicionado por la inflación o la guerra en Ucrania.
El proceso de sucesión: una negociación política compleja
En caso de que finalmente se produzca la renuncia de Lagarde, se abriría un camino institucional que comenzaría con la recomendación del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, donde se sientan los ministros de Finanzas del bloque.
Posteriormente, se consultaría al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE. Para que el nombre sea ratificado formalmente se requiere una mayoría cualificada en una reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete.
Esto significa el apoyo del 55% de los países europeos, que representen además al menos el 65% de la población comunitaria. Es decir, no basta con reunir apoyos diplomáticos: es necesaria una arquitectura de consensos entre grandes capitales.
Un “paquete” de cargos europeos en juego
La designación de Lagarde se produjo tras un acuerdo alcanzado entre Macron y la entonces canciller alemana, Angela Merkel. A raíz de ese pacto, la que fuera ministra de Defensa del Ejecutivo alemán, Ursula von der Leyen, ascendió a la presidencia de la Comisión Europea.
El paquete de negociaciones que se vislumbra en el horizonte incluye también las renovaciones pendientes en la presidencia del Consejo Europeo, ahora ostentada por António Costa, y del Parlamento Europeo, presidido por Roberta Metsola. Por tanto, para que Hernández de Cos pudiera aterrizar en Fráncfort, Pedro Sánchez debería abrazar su nombramiento como una prioridad política estratégica, situándolo en el centro de las negociaciones europeas que definirán el reparto de poder institucional en los próximos años. En Bruselas, como siempre, nada se improvisa: todo se negocia antes de que suceda.