Europa se encuentra inmersa en la búsqueda de una de las respuestas más trascendentales a las que ha tenido que hacer frente en los últimos años. Los servicios jurídicos comunitarios estudian de forma detallada las opciones que hay sobre la mesa para actuar frente a la nueva ola de amenazas arancelarias procedentes de la Casa Blanca contra aquellos Estados miembros que han apoyado militarmente a Groenlandia, en el marco de la creciente tensión geopolítica en el Ártico.
El debate, aún en fase preliminar, se produce en un contexto de creciente deterioro de las relaciones transatlánticas, marcado por el regreso de Donald Trump a la primera línea política y por su estrategia de presión económica como herramienta de política exterior. Bruselas, consciente del alcance de las advertencias lanzadas desde Washington, analiza con cautela los márgenes legales y políticos de una eventual respuesta coordinada.
Macron pone sobre la mesa el mecanismo anticoerción
Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los primeros dirigentes europeos en deslizar públicamente la posibilidad de recurrir al reglamento contra la coerción económica, un instrumento aprobado por la Unión Europea hace apenas unos años y concebido precisamente para este tipo de escenarios.
“Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea”, apuntó el jefe del Elíseo en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, en el que subrayó la necesidad de preservar la autonomía estratégica del bloque.
Las palabras de Macron no solo buscaban marcar perfil político, sino también abrir el debate interno sobre hasta qué punto la Unión está dispuesta a utilizar sus instrumentos más contundentes frente a uno de sus principales socios y aliados históricos.
Un reglamento diseñado como escudo económico
El reglamento al que alude el dirigente francés es un texto normativo diseñado para proteger a la Unión Europea y a sus Estados miembros frente a la coerción económica ejercida por terceros países. Su objetivo es dotar a Bruselas de una herramienta jurídica clara que permita reaccionar cuando una potencia extranjera utiliza el comercio o la inversión como mecanismo de presión política.
A través de este marco, se establecen procedimientos formales para que la Comisión Europea y el Consejo identifiquen los casos en los que actores externos hacen uso de restricciones comerciales, amenazas arancelarias o medidas financieras con el fin de interferir en decisiones soberanas de la Unión o de alguno de sus Estados miembros.
El reglamento nació, en gran medida, como respuesta a experiencias pasadas con potencias como China o Rusia, pero su redacción deliberadamente abierta permite su aplicación a cualquier tercer país, incluidos socios estratégicos como Estados Unidos.
Prioridad al diálogo, pero con capacidad de respuesta
La filosofía que inspiró el documento es eminentemente disuasoria. La intención inicial es evitar la escalada mediante el diálogo diplomático y la cooperación, buscando siempre una solución negociada que permita poner fin a la presión sin recurrir a represalias.
No obstante, el texto es claro al señalar que, si las negociaciones fracasan, el reglamento otorga a la Unión la autoridad para implementar contramedidas. Entre ellas figuran la imposición de nuevos aranceles, restricciones al comercio de servicios, limitaciones a la inversión extranjera o incluso obstáculos al acceso a la contratación pública europea.
Estas medidas no se conciben como automáticas, sino como último recurso, tras constatar que la coerción persiste y que los intentos de mediación no han dado resultado.
Proporcionalidad y derecho internacional
El texto legal subraya de forma explícita que todas las acciones adoptadas en virtud de este marco deberán ser coherentes con el derecho internacional y respetar el principio de proporcionalidad, con el fin de garantizar que no excedan el daño causado por la coerción inicial.
La herramienta busca, además, centralizar la respuesta comunitaria, evitando actuaciones unilaterales de los Estados miembros que puedan debilitar la posición común. De este modo, la Comisión se erige como actor clave en la defensa de los intereses económicos del bloque y de su independencia política frente a presiones externas.
Qué se considera coerción económica
Según el Artículo 2 del reglamento, existe coerción económica cuando un tercer país aplica o amenaza con aplicar medidas que afecten al comercio o a la inversión con el fin de interferir en las decisiones soberanas de la Unión o de un Estado miembro.
Para determinar su existencia, las instituciones europeas evalúan distintos criterios, como la intensidad, gravedad y frecuencia de la medida, la posible existencia de una pauta sistemática de injerencia destinada a obtener actos concretos por parte de la Unión, o si el país en cuestión actúa basándose en una preocupación legítima reconocida internacionalmente.
En este punto, algunos juristas subrayan que el análisis del caso estadounidense no sería sencillo, dado el peso político y estratégico de Washington y su papel central en la arquitectura de seguridad occidental.
Un procedimiento largo y por fases
El procedimiento se iniciaría con un examen de oficio por parte del Ejecutivo comunitario o a raíz de una solicitud debidamente fundamentada presentada por uno o varios Estados miembros. Este primer análisis tendría una duración máxima de cuatro meses.
Si la Comisión concluye que existe coerción económica, deberá presentar una propuesta al Consejo de la Unión Europea, que estaría obligado a pronunciarse con rapidez y decidir, en un plazo de hasta ocho semanas, si se cumplen las condiciones necesarias para activar el mecanismo.
En caso de que las medidas de diálogo no logren el cese de la coerción, la Unión podría entonces adoptar medidas de respuesta, que deberán ser siempre proporcionadas y ajustadas al perjuicio causado. Estas acciones podrían ser de aplicación general o dirigirse a personas físicas o jurídicas concretas vinculadas al gobierno del tercer país.
Cumbre europea extraordinaria
Tras una reunión de urgencia de los embajadores europeos en Bruselas el domingo por la tarde, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, decidió convocar a los líderes de los Veintisiete a una reunión extraordinaria este mismo jueves para analizar de forma presencial la situación y los escenarios abiertos.
“Dada la importancia de los recientes acontecimientos y con el fin de mejorar la coordinación, he decidido convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo en los próximos días”, expresó el dirigente portugués en un comunicado oficial.
En su declaración, Costa destacó el “firme compromiso” de la Unión con los principios del derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional, así como la unidad y solidaridad con Dinamarca y Groenlandia. También subrayó el reconocimiento del interés transatlántico compartido en la paz y la seguridad en el Ártico, especialmente a través del marco de la OTAN.
La carta económica: 93.000 millones en juego
Distintas fuentes comunitarias apuntan a que otra de las opciones que mantienen abiertas las capitales europeas podría afectar a los 93.000 millones de euros en compras a Estados Unidos que los europeos dejaron en suspenso hasta el próximo 6 de febrero, tras pactar el pasado verano una tregua arancelaria.
La reactivación o cancelación definitiva de estas operaciones comerciales sería un mensaje político de alto impacto, aunque no exento de riesgos para ambas economías.
Llamamientos a la contención
Sin embargo, no todas las voces en el continente apuestan por una respuesta contundente inmediata. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha instado a afrontar con “calma” y diálogo entre aliados la crisis abierta en Groenlandia.
“La forma correcta de abordar un asunto de esta gravedad es mediante un diálogo en calma entre aliados. Seamos claros: la seguridad de Groenlandia importa y será aún más importante a medida que el cambio climático transforme el Ártico”, señaló Starmer en una rueda de prensa desde Downing Street.
En Bruselas, algunos diplomáticos consideran prematuro recurrir al mecanismo anticoerción, al tratarse del instrumento más contundente del que dispone la Unión y que, además, nunca ha sido activado. A ello se suma un procedimiento largo y escalonado que impide efectos inmediatos.
Defensa de la presencia militar aliada
Los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido difundieron el domingo una declaración conjunta en la que remarcan que su presencia militar en Groenlandia tiene como finalidad respaldar a Dinamarca y que “no supone una amenaza para nadie”.
“Como miembros de la OTAN queremos reforzar la seguridad en el Ártico, un interés transatlántico compartido. Las maniobras coordinadas danesas ‘Resistencia Ártica’, realizadas con aliados, responden a esta necesidad y no suponen una amenaza para nadie”, explicaron los ocho países.
La advertencia de Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el sábado una advertencia directa a estos ocho Estados en respuesta a su despliegue en la isla ártica de Groenlandia, territorio que ha reiterado su intención de incorporar a Estados Unidos.
Trump anunció su plan de aplicar aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero y del 25% desde el 1 de junio, medidas que se mantendrían vigentes hasta que Washington lograra el control del territorio mediante una “adquisición”, un término que ha generado una profunda inquietud en las capitales europeas.
La Unión, ahora, se enfrenta al dilema de cómo responder sin dinamitar una relación estratégica clave, en un escenario que combina presión económica, seguridad internacional y soberanía territorial.