Bruselas ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto en plazo la normativa europea relativa al IVA, que reduce las cargas para pequeñas y medianas empresas, así como reducir el falseamiento de la competencia tanto a escala nacional como de la UE.
El Gobierno había trasladado a las instituciones comunitarias su negativa a aplicar la exención del IVA para las pymes, debido a que esta medida es opcional para los Estados miembros. La Comisión le responde que, aunque esto sí que es posible, el país debe transponer las disposiciones que permiten a las pymes aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros. Un comunicado difundido este miércoles asegura que esto es necesario ya que “para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE primero debe registrarse ante las autoridades españolas”.
La normativa que España debería haber introducido en su ordenamiento establece varias disposiciones obligatorias para los Estados en relación con el lugar de prestación a efectos del IVA de determinados servicios cuando se transmitan en continuo o se ofrezcan virtualmente de otra manera y el régimen especial del IVA aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
Los Estados estaban obligados a transponer estas dos directivas antes del año 2025. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario reconoce que España es el único país que no ha notificado todavía estas medidas. “La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes y, por lo tanto, ha llevado a España ante el TJUE para solicitar la imposición de sanciones financieras”, explican fuentes comunitarias.
El PP se compromete a su aplicación
Hace un mes, el Partido Popular Europeo denunció en la Eurocámara la negativa de La Moncloa a aplicar el IVA franquiciado. Según explicó el eurodiputado Fernando Navarrete, esta medida haría que pequeños empresarios tuvieran acceso a precios más competitivos y, además, “supondría un alivio de las cargas administrativas que supone declarar este impuesto”. En Génova insisten en su voluntad de aplicar la normativa a autónomos y pymes “cuando estén en el Gobierno de España”.
Ante un evento de la asociación de Trabajadores Autónomos, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a eximir del pago de este impuesto a todos aquellos autónomos que facturen hasta 85.000 euros al año. “Nuestro plan supondrá un alivio fiscal porque un autónomo no es un cajero automático para el Estado”, defendió el gallego.
La denuncia de ATA y el impacto económico
Esta misma asociación interpuso hace unos meses una denuncia contra el Gobierno “por falta de transposición y aplicación de la directiva”. Exigían la implantación en España de un régimen real de simplificación impositiva para pequeños negocios, alineado con Europa, para facilitar el cumplimiento, de acuerdo con su presidente.
Según calculan, en España se podrían beneficiar cerca de 770.000 profesionales por cuenta propia de esta medida. Según la organización presidida por Lorenzo Amor, la no implantación de este sistema coloca a los autónomos españoles en una clara desventaja competitiva respecto a sus homólogos de otros países europeos, que ya disfrutan de este modelo, como Francia o Italia.
En su estudio, ATA estima que la eliminación de la obligación de presentar declaraciones periódicas de IVA y de llevar una contabilidad específica ligada a este impuesto (programas informáticos, honorarios de asesoría, etc.) implicaría un ahorro directo de unos 25 euros al mes, es decir, 300 euros al año por cada autónomo.
A ello se suma el tiempo invertido en gestiones administrativas vinculadas al IVA. La federación calcula que un autónomo destina de media dos horas mensuales a tareas como recopilar facturas y tickets, preparar liquidaciones o remitir documentación a la gestoría. Si se valora ese tiempo a un coste prudente de 15 euros la hora, el ahorro anual alcanzaría los 360 euros, lo que eleva el beneficio individual total a 660 euros al año.
Al trasladar esta cifra al conjunto de los 770.000 autónomos que podrían acogerse al sistema, el perjuicio económico directo derivado de no disponer del IVA franquiciado se sitúa en 508.200.000 euros anuales.