QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión Europea ha anunciado una multa de 120 millones de euros a X (antes Twitter) por tres infracciones graves de la Ley de Servicios Digitales. Se trata de la primera decisión sancionadora formal contra la plataforma desde la apertura del expediente en diciembre de 2023.
Según explican funcionarios comunitarios, la investigación ha concluido que X ha estado vulnerando normas esenciales de transparencia y protección frente a prácticas engañosas. La vicepresidenta ejecutiva, Henna Virkkunen, ha defendido la medida afirmando que » engañar a los usuarios con marcas de verificación azules, ocultar información sobre anuncios y excluir a los investigadores no tienen cabida en línea en la UE».
Creen en el gabinete de Ursula von der Leyen que con esta primera decisión de incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales, se responsabiliza a X de socavar los derechos de los usuarios y eludir la rendición de cuentas. » La DSA protege a los usuarios. El DSA da a los investigadores la manera de descubrir amenazas potenciales. La Ley de Servicios Digitales restablece la confianza en el entorno en línea», aseguran.
Diseño engañoso y falta de transparencia publicitaria
En el Berlaymont señalan que dentro de la plataforma existe un «diseño engañoso» en cuanto a la marca azul, que sirve para verificar la identidad de los usuarios. Sin embargo, sentencian que genera confusión entre los usuarios. Lo cierto es que en X cualquiera puede pagar por obtener dicho estado como «verificado». En ningún momento, la compañía llega a verificar de forma significativa quién podría estar detrás de la cuenta.
Esta situación dificulta que los usuarios juzguen la autenticidad y el contenido con el que interactúan. En la Comisión sostienen que este posible engaño expone a la ciudadanía a estafas, incluidos fraudes de suplantación de identidad, así como otras manipulaciones. «Si bien la Ley de Servicios Digitales no exige la verificación de los usuarios, prohíbe claramente que las plataformas en línea aleguen falsamente que los usuarios han sido verificados, cuando no se llevó a cabo dicha verificación», defienden.
En cuanto a los incumplimientos detectados en materia de insuficiencia del repositorio de publicidad, la multa confirma que no se estaría cumpliendo con los requisitos de transparencia y accesibilidad de la DSA. «Los repositorios de anuncios accesibles y con capacidad de búsqueda son fundamentales para que los investigadores y la sociedad civil detecten estafas, campañas de amenazas híbridas, operaciones de información coordinadas y anuncios falsos», concluyen en la Comisión.
La plataforma incluye características de diseño y barreras de acceso, como podrían ser los retrasos excesivos en el procesamiento, que atacan directamente el propósito de estos repositorios de anuncios. Además, carecen de información crítica, tanto en el contenido y el tema del anuncio, como en la compañía que lo financia. De esta forma, los investigadores no pueden examinar con garantías cualquier riesgo de esta publicidad en línea. Esto cobra especial relevancia con los anuncios políticos falsos, con mayor gravedad en períodos electorales.
Además, la tercera infracción afecta al sistema de acceso a datos para investigadores independientes, considerado esencial para estudiar fenómenos como la polarización, la difusión de contenidos dañinos o la viralización de desinformación. Bruselas concluye que el mecanismo de X no cumple los estándares establecidos por la norma europea.
Un funcionario europeo subraya que las multas no persiguen un fin punitivo, sino garantizar el cumplimiento efectivo de la regulación. “No buscamos imponer sanciones por principio; buscamos que se cumpla la ley”, afirman.
Reparto de la multa y expedientes abiertos
El importe total se reparte de la siguiente manera:
- 45 millones por el diseño engañoso de la marca azul.
- 35 millones por el repositorio publicitario insuficiente.
- 40 millones por los obstáculos al acceso a datos para investigación.
La Comisión ha recordado que el máximo permitido por la DSA —un 6% del volumen de negocio mundial de la empresa— actúa solo como límite superior, pero no como criterio de cálculo.
Además, Bruselas mantiene otras investigaciones abiertas sobre X, especialmente las relacionadas con el funcionamiento de su algoritmo y la eventual promoción de determinados contenidos. La Comisión ha ordenado a la empresa conservar toda la documentación vinculada a esos procesos internos.
Estados Unidos responde
Antes de que la sanción se hiciese pública, el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance, se apresuró a criticar la decisión argumentando que la Unión Europea «debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura«. Una reacción que llegó precisamente a través de su perfil en esta red social.
Próximos pasos
Una vez anunciada la sanción, la plataforma cuenta con sesenta días para informar al Ejecutivo de aquellas medidas que tiene intención de aprobar para resolver la infracción relacionada con la marca azul. De la misma forma, en los próximos noventa días también deberá informar sobre las reformas para solucionar los fallos en relación con el repositorio de publicidad y el acceso de los investigadores a los datos públicos. El Consejo de Servicios Digitales dispondrá de un mes a partir de la recepción del plan de acción de X para emitir su dictamen.
El incumplimiento de estos plazos puede dar lugar a multas coercitivas. «La Comisión sigue colaborando con X para garantizar el cumplimiento de la Decisión y de la Ley de Servicios Digitales en general», recuerdan.
TikTok evita la multa con compromisos
En paralelo, la Comisión ha adoptado una segunda decisión relativa a TikTok, también por problemas con su repositorio de anuncios. En este caso, la plataforma china evitó la sanción al presentar un paquete amplio de compromisos para corregir las deficiencias detectadas. Entre ellos, una actualización diaria de la base de datos publicitaria, mayor claridad sobre los criterios de segmentación y un repositorio completamente buscable.
Un marco regulatorio aún en construcción
La Comisión reconoce que el proceso regulatorio europeo es reciente y que la maquinaria técnica y administrativa ha debido construirse “desde cero”, lo que explica la duración de las primeras investigaciones. No obstante, aseguró que las próximas decisiones serán previsiblemente más rápidas.
Así, insistem en que el impacto de las multas debe ser lo suficientemente alto como para que a las plataformas “les resulte más costoso incumplir que cumplir la ley”.
