La Comisión Europea quiere impulsar un marco para igualar la legislación penal de los Veintisiete con el objetivo de combatir de forma más eficaz el tráfico de armas de fuego. Además, la ofensiva europea también pretende hacer frente al aumento de la violencia de bandas, al tráfico de drogas y a las nuevas amenazas tecnológicas como la impresión 3D, que están transformando la naturaleza del crimen organizado en el continente.
Conductas que deberán tipificarse como delito
En concreto, la propuesta de Directiva que ha dado a conocer el Ejecutivo este jueves establece conductas específicas que todos los Estados miembros deberán tipificar como delitos cuando se cometan de forma intencionada. Por ejemplo, se incluirá la fabricación o ensamblaje de armas, componentes o municiones a partir de piezas traficadas, sin autorización o sin el marcado reglamentario. El texto aclara que la reactivación ilícita de armas previamente desactivadas también se considera fabricación, cerrando así posibles resquicios legales.
Desde el gabinete de la vicepresidenta ejecutiva, Henna Virkkunen, señalan que, pese a que existen reglas sobre el mercado legal de armas, la falta de una definición común de lo que constituye un “delito de armas” podría haber dado lugar a lagunas legales que los criminales estarían explotando. La propuesta persigue, además, implementar el Protocolo de las Naciones Unidas contra las armas de fuego de manera uniforme en todo el territorio comunitario, reforzando así la cooperación internacional y la seguridad jurídica.
Tráfico ilícito y manipulación de marcas
Estará tipificado el tráfico ilícito, que comprende la importación, exportación, adquisición, venta o transferencia de armas y municiones a través de fronteras sin las autorizaciones pertinentes o sin el debido marcado. Del mismo modo, se penalizará la eliminación o alteración de las marcas en las armas, elementos esenciales para evitar su rastreo y facilitar la labor de las fuerzas de seguridad.
Tener armas, componentes o municiones sin la declaración o autorización requerida por la normativa comunitaria constituirá un indicio de posesión ilícita, reforzando el control administrativo y penal sobre este ámbito y cerrando posibles vías de elusión normativa.
La amenaza de la impresión 3D
Como novedad, se incluyen los delitos relacionados con los planos digitales. Debido a la amenaza de la impresión 3D, la Comisión pretende criminalizar la creación, adquisición, posesión o intercambio de planos digitales sin autorización. Además, su difusión será delito incluso si se comete por “negligencia grave”, dada la rapidez con la que estos archivos son capaces de propagarse en línea y el potencial daño que pueden generar.
Las fuentes indican que este tipo de impresiones permiten producir armas que son desconocidas y no rastreables desde el primer momento. El foco de la regulación no es la impresión en sí, sino los planos digitales. Se trata de archivos de diseño técnico que pueden ser leídos por una impresora 3D o una máquina CNC para fabricar armamento. La legislación solo se aplicará, en cualquier caso, a los planos diseñados para fabricar armas que disparan proyectiles reales, evitando así afectar a otros usos industriales legítimos.
Penas mínimas armonizadas en toda la UE
La propuesta del Ejecutivo introduce estándares mínimos para las penas máximas de prisión para personas físicas, junto con multas severas para personas jurídicas.
En datos
Personas físicas:
o Fabricación y tráfico ilícito: máximo de al menos 8 años de prisión.
o Posesión ilícita: al menos 5 años.
o Falsificación de marcas: al menos 4 años.
o Delitos de planos digitales: al menos 2 años.
o Penas accesorias: se incluyen multas, exclusión de ayudas públicas, inhabilitaciones para cargos públicos o la retirada de permisos de armas.
En datos
Personas jurídicas:
Las empresas pueden ser responsables de delitos cometidos en su beneficio por directivos o por falta de supervisión.
o Para delitos graves (tráfico/fabricación), las multas deberán ser de al menos el 20% de su volumen de negocios anual total o 10 millones de euros (el valor que sea mayor).
o Para otros delitos, el mínimo será el 10% del volumen de negocios o 5 millones de euros.
Bruselas quiere que se consideren factores específicos que aumentan la gravedad del delito, como involucrar diez o más armas de fuego, armas de categoría A (las que resultan más peligrosas) o mantener vínculos con organizaciones terroristas o el crimen organizado. También se introducen como agravantes el haber causado lesiones graves, la corrupción de funcionarios públicos y el tráfico de armas hacia zonas de conflicto. Como atenuante, en cambio, se considerará la colaboración para mitigar los efectos del delito o identificar a otros culpables.
Nuevas obligaciones de gobernanza
La Comisión había detectado una brecha de datos que ahora pretende cerrar a través de nuevas obligaciones estrictas de gobernanza. Cada Estado miembro deberá establecer una unidad central dedicada a recopilar, analizar e intercambiar información estratégica y operativa sobre amenazas relacionadas con armas de fuego.
Una vez la directiva esté en vigor, se obligará a registrar todas las armas incautadas en un formato estandarizado y a enviar información mensualmente a Europol para alimentar el Repositorio de Armas de Fuego en la Unión. Así, los Veintisiete deberán garantizar que sus fuerzas del orden tengan acceso a herramientas especiales de investigación, como la interceptación de comunicaciones, entregas vigiladas y vigilancia encubierta, similares a las usadas contra el crimen organizado.
¿Cómo afectará al sector?
Fuentes consultadas por Demócrata señalan que la propuesta está diseñada para centrarse en el mercado ilegal, por lo que se busca minimizar el impacto negativo sobre los actores legítimos de la industria de la defensa, protegiendo al mismo tiempo la innovación tecnológica.
La directiva establece explícitamente que no afectará a los derechos de quienes fabrican y comercian legalmente con armas, componentes esenciales o municiones de acuerdo con las normativas actuales, como la Directiva 2021/555 y el Reglamento 2025/41. Las reglas para autorizar a los armeros y comerciantes tampoco cambian con esta iniciativa.
Las restricciones del uso de la impresión 3D, considerada fabricación aditiva, no deberán afectar al uso legítimo por parte de los titulares autorizados. Las medidas presentadas tampoco se dirigirán a la investigación ni al desarrollo innovador del sector. Eso sí, se insta a los Estados a crear autorizaciones específicas para que las instituciones de investigación y la industria de defensa puedan trabajar con planos digitales de manera legal.
Aunque se tipifica como delito la creación y posesión de estos planos, la propuesta aclara que el enfoque es el uso ilícito. Esto significa que no se impedirá que los comerciantes autorizados utilicen dichos recursos para sus actividades profesionales. Cada Estado podrá cooperar para facilitar el ensayo conjunto de planos y el reconocimiento mutuo de los resultados de dichas pruebas.
Un “campo de juego equilibrado” en el mercado interior
Uno de los objetivos que persigue la Comisión es asegurar la integridad del mercado interior. De esta forma, al armonizar las definiciones de delitos y las sanciones dentro de las fronteras europeas, se busca crear un “campo de juego equilibrado” que evite que los delincuentes exploten las jurisdicciones con leyes más laxas. Indirectamente, también se beneficia a la industria legal al reducir la competencia del tráfico ilícito y reforzar la confianza en el marco regulatorio común.