La Unión Europea pide apretar el cinturón: recomienda teletrabajo y ahorro para esquivar el shock energético

La Comisión Europea lleva desde el inicio de la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz estudiando las posibles medidas que desde Bruselas se pueden poner en marcha para paliar los efectos de la escalada de precios en los bolsillos de los ciudadanos y de la industria comunitaria. Este escenario geopolítico ha provocado una fuerte tensión en los mercados energéticos internacionales, afectando directamente a Europa por su dependencia estructural de los combustibles fósiles importados.

Entre las propuestas que el Ejecutivo comunitario tiene previsto sacar adelante se encuentran algunas como favorecer el teletrabajo, incentivar los desplazamientos en transporte público o flexibilizar las ayudas de Estado, con el objetivo de aliviar tanto la demanda energética como el impacto económico inmediato. Estas medidas buscan actuar de manera rápida, pero también servir como puente hacia una transformación más profunda del sistema energético europeo.

Calendario por delante 

Durante las próximas semanas, los líderes de los Veintisiete se darán cita en una reunión de carácter informal del Consejo Europeo en Chipre, en la que el Ejecutivo llevará a debate cada una de las medidas que pretende aprobar, tal y como adelantó la presidenta Ursula von der Leyen el pasado lunes. Se trata de un encuentro clave en el que se intentará alinear posiciones entre los Estados miembros en un momento de alta incertidumbre.

Las medidas, según explicó la propia presidenta, serán “específicas, no generales, oportunas, rápidas y temporales”, lo que refleja la intención de Bruselas de actuar con precisión quirúrgica ante una crisis cambiante. Los servicios comunitarios trabajan ya en dos escenarios diferenciados: uno más inmediato, en el que se incluirían recomendaciones para que los Estados miembros reduzcan la demanda energética, y otro más estructural, enfocado a prevenir posibles shocks futuros y reforzar la resiliencia del sistema energético europeo.

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía llegó a poner sobre la mesa ideas como el fomento del teletrabajo, la reducción del uso de edificios públicos o la promoción de hábitos de consumo más eficientes, todo ello con el objetivo de descongestionar el sistema energético en momentos de alta tensión. Se trata de medidas de bajo coste y rápida implementación que ya demostraron su eficacia en crisis anteriores.

Un conjunto de acciones que el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, dijo estar valorando tras una reunión con los ministros de Energía de los Veintisiete. Según diversas informaciones publicadas por medios como El País y confirmadas por fuentes comunitarias, estas propuestas podrían verse reflejadas en el plan que Bruselas dará a conocer en los próximos días.

Doble solución a una misma crisis 

Según la vicepresidenta Teresa Ribera, el paquete de medidas será “bastante equilibrado entre fortalecer medidas estructurales y extraordinarias para los supuestos de emergencia”. En conversación con la prensa, explicó que Bruselas busca lanzar una recomendación general de moderación, contención, ahorro y eficiencia, apelando tanto a gobiernos como a ciudadanos y empresas.

Encontrar soluciones a la crisis actual dentro de la regulación ya vigente es una de las prioridades del Ejecutivo comunitario. En este ámbito, entran en juego instrumentos como los contratos por diferencias, los contratos a largo plazo o el paquete de redes, con el objetivo de “agilizar cosas” y acelerar la transición energética. Se trata de reforzar medidas estructurales que ya estaban previstas, pero cuya implementación avanzaba a un ritmo más lento del deseado.

Además, la Comisión planea sacar adelante una cierta flexibilización que permita aumentar la liquidez en los mercados de CO₂, facilitando así el funcionamiento del sistema de comercio de emisiones. A ello se suma la posibilidad de ampliar mecanismos como la compensación del precio de la electricidad o la compensación por los costes indirectos del CO₂ dentro del marco de las ayudas de Estado. Estas herramientas buscan aliviar la presión sobre sectores industriales especialmente expuestos al aumento de los costes energéticos.

En este sentido, se está discutiendo qué medidas estructurales pueden flexibilizarse y qué tipo de apoyos específicos pueden autorizarse para los sectores particularmente afectados, basándose en la experiencia adquirida durante crisis anteriores, como la de 2022. El objetivo es evitar errores del pasado y diseñar una respuesta que sea eficaz sin comprometer la estabilidad a largo plazo.

Impuestos extraordinarios en el aire 

Otra de las propuestas que está siendo valorada por el Ejecutivo comunitario es la planteada por el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, junto con otros socios europeos, sobre la posibilidad de recuperar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.

Ribera ha confirmado que se está analizando cómo articular esta medida para que sea compatible con el marco jurídico de la Unión Europea y si los Estados miembros desean avanzar en ella dentro de su margen fiscal. “En principio hay una voluntad de respaldar una medida de estas características, con dificultades técnicas, porque una medida fiscal requeriría unanimidad”, señaló la vicepresidenta.

Este tipo de gravamen ya fue aplicado durante la crisis energética de 2022, aunque su reedición presenta importantes desafíos políticos y técnicos. De hecho, una medida de estas características requeriría el respaldo unánime de los Veintisiete, un escenario que por el momento no parece probable, dadas las diferencias entre los Estados miembros.

Durante el cierre del Estrecho de Ormuz, Europa ha visto cómo se reducía significativamente su acceso a recursos energéticos clave como el gas, el petróleo o el combustible de aviación, lo que ha tenido efectos directos en numerosos procesos industriales. Esta situación ha puesto de relieve la vulnerabilidad del modelo energético europeo.

Por este motivo, Ribera insiste en la necesidad de favorecer el ahorro y la eficiencia energética a través de la electrificación, así como de impulsar fuentes alternativas que reduzcan la dependencia exterior. En paralelo, se han reactivado debates sobre el desarrollo de tecnologías como el biogás, el biometano o el hidrógeno, consideradas clave para diversificar el mix energético.

Será previsiblemente el próximo mes cuando el Colegio de Comisarios dé luz verde a nuevas iniciativas legislativas destinadas a actuar sobre otros componentes del coste de la energía, como los impuestos eléctricos y los cargos de red. En este punto, la Comisión insiste en que una parte importante del precio final de la electricidad no depende únicamente del mercado mayorista, sino también de factores fiscales y regulatorios que varían entre los Estados miembros.

La Comisión es consciente de que los ciudadanos están sintiendo de forma inmediata el impacto del cierre del Estrecho de Ormuz “en la gasolinera, en el supermercado y en las facturas del hogar”. La propia Von der Leyen ha subrayado que no se trata de una crisis lejana, sino de una situación en la que “todo está conectado” y cuyos efectos son directos en la vida cotidiana de los europeos.

El diagnóstico que hace Bruselas apunta claramente a la dependencia de los combustibles fósiles como una de las principales causas del shock actual. Por ello, la estrategia comunitaria pasa por ampliar la producción de energía local, asequible y fiable, acelerando la transición hacia fuentes renovables y, en algunos casos, nucleares.

Este cambio estructural se presenta como una vía para reforzar la soberanía energética europea, reducir la exposición a crisis externas y avanzar hacia un modelo más sostenible. No se trata solo de responder a la emergencia actual, sino de sentar las bases de un sistema capaz de anticiparse a futuras crisis.

En cualquier caso, la Comisión Europea pide todavía más tiempo para cerrar todos los detalles antes de presentar su propuesta definitiva la próxima semana. A medida que evolucionan las tensiones internacionales, el Ejecutivo comunitario trata de equilibrar la respuesta inmediata a la crisis con una estrategia a largo plazo que permita a Europa dejar de reaccionar de forma improvisada ante cada nueva perturbación.

El objetivo final es construir un sistema energético más resiliente, integrado y coordinado a escala comunitaria, capaz de garantizar el suministro, contener los precios y proteger tanto a los ciudadanos como al tejido productivo europeo frente a futuras crisis.