Este martes, el Parlamento Europeo ratificará de forma definitiva, tras más de un año de negociaciones y trámites, su marco estratégico para abordar la crisis de la vivienda que atraviesa el continente europeo. Se trata de un texto que, pese a no tener carácter jurídicamente vinculante, aspira a servir como guía política para el diseño y la aplicación de futuras iniciativas comunitarias en materia de vivienda durante los próximos meses.
El documento lleva además sello español, ya que el informe ha sido elaborado por el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez, quien sitúa la insuficiencia de oferta residencial como la principal causa estructural de la situación actual en el mercado inmobiliario europeo.
Un diagnóstico basado en escasez, precios y desigualdad
Las investigaciones internas del Parlamento Europeo apuntan a que la crisis de la vivienda en la Unión se explica a través de distintos factores interrelacionados. Entre ellos destacan la escasez de viviendas disponibles, la escalada sostenida de los precios y el impacto social derivado de condiciones habitacionales inadecuadas.
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Según el análisis parlamentario, estos efectos tienen un impacto desproporcionado en determinados colectivos, como personas migrantes, jóvenes, mujeres solteras o familias en situación de vulnerabilidad económica. Para estos grupos, el acceso a una vivienda digna se ha convertido progresivamente en uno de los principales obstáculos para la inclusión social y la estabilidad económica.
El texto aprobado en la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda constituida por el Parlamento Europeo con el objetivo específico de analizar el fenómeno y formular recomendaciones políticas, recibió el respaldo de las principales familias políticas de la Eurocámara —populares, socialistas, liberales y conservadores—, lo que refleja un amplio consenso institucional sobre la necesidad de actuar.
Entre sus principales propuestas figura la creación de un Plan Europeo de Vivienda Asequible, que combinaría una operación de impulso a la construcción de vivienda pública con mecanismos destinados a fomentar la inversión privada, especialmente mediante incentivos fiscales y medidas de simplificación administrativa.
Las voces del informe
El pulso de las negociaciones
Borja Giménez (EPP): "Lo fundamental es que se construya más y se renueve más vivienda. Con ese aumento de oferta los precios terminarían bajando. Esa es una realidad"
Alicia Homs (S&D): "La crisis de vivienda no se explica solo a través de la falta de vivienda, también está vinculada a fenómenos como la especulación, la concentración de la propiedad en manos de unos pocos, la presión que generan los alquileres turísticos en determinadas zonas, la pérdida de poder adquisitivo..."
Nora Junco (ECR): "Creemos que hay que proteger a las familias y ciudadanos en situación de vulnerabilidad, pero sin matar la oferta, y fomentando la inversión"
Vicent Marzà (Greens): "Allí donde los gobiernos han intervenido con decisión, los resultados han sido positivos"
Menos burocracia y más agilidad en los permisos
El informe que ahora el Parlamento remitirá a la Comisión Europea también reclama reducir la carga regulatoria que pesa sobre el sector de la construcción y acelerar los procedimientos administrativos para la concesión de licencias urbanísticas. Según los eurodiputados, la excesiva burocracia está actuando como un freno estructural para el aumento de la producción de vivienda.
Uno de los puntos que mayor debate ha generado durante la elaboración del documento ha sido el relativo a los derechos de propiedad. Finalmente, el texto propone reforzar la protección de los propietarios frente a la ocupación ilegal, al mismo tiempo que reclama garantizar condiciones de estabilidad y seguridad jurídica para los inquilinos.
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En diciembre, el Ejecutivo comunitario ya presentó su propio plan preliminar, que otorgaba a los Estados miembros de la Unión Europea la responsabilidad principal de diseñar estrategias nacionales destinadas a reducir el exceso de trámites administrativos que enfrentan los promotores y constructores.
Este enfoque se verá acompañado de una reforma en el sistema de ayudas europeas destinadas a la vivienda. En esta misma línea, el Parlamento Europeo propone reforzar el papel de las autoridades locales, que son las administraciones con acceso más directo a los instrumentos de financiación y a la implementación práctica de las políticas urbanas. El objetivo es facilitar soluciones adaptadas a las particularidades de cada territorio.
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Con el fin de incrementar la disponibilidad de viviendas en el mercado, el informe plantea revisar todas aquellas normativas que puedan estar frenando la construcción de nuevos inmuebles. Asimismo, propone impulsar la renovación y rehabilitación del parque inmobiliario existente, especialmente en aquellos edificios que no cumplen con estándares adecuados de habitabilidad o eficiencia energética.
Dicha estrategia pasaría también por armonizar diversas normativas comunitarias que actualmente generan solapamientos regulatorios, lo que, según el Parlamento, provoca retrasos administrativos y costes adicionales para los promotores.
El silencio administrativo positivo
Entre las medidas concretas que plantea el documento se encuentra la posibilidad de que los Estados miembros establezcan un plazo máximo de sesenta días para la concesión de permisos de construcción de viviendas.
Asimismo, se propone introducir el principio de silencio administrativo positivo, de modo que, si la administración no responde dentro del plazo establecido, la autorización para iniciar las obras se considere automáticamente concedida.
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El informe también abre la puerta a la reconversión de edificios públicos infrautilizados, áticos o espacios urbanos en desuso en viviendas públicas o sociales, con el objetivo de aprovechar el patrimonio inmobiliario existente para ampliar la oferta habitacional. El Parlamento Europeo considera igualmente que las administraciones deben ser capaces de movilizar suelo público disponible, revisar las normas de zonificación urbanística y cartografiar todas aquellas áreas industriales actualmente abandonadas o infrautilizadas.
Estas zonas podrían transformarse en nuevos espacios residenciales mediante proyectos de regeneración urbana, apoyados en instrumentos como los denominados “pasaportes para zonas industriales”, que facilitarían su reconversión administrativa y urbanística.
Reformas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda
En el ámbito fiscal, el informe aprobado por la Eurocámara propone reformar la Directiva europea del IVA para permitir que los Estados miembros puedan aplicar tipos impositivos superreducidos a la construcción, renovación y alquiler de viviendas residenciales cuando estas se integren dentro de políticas sociales de vivienda.
La medida iría acompañada de incentivos fiscales destinados a los propietarios que incorporen viviendas vacías al mercado de alquiler de larga duración. Para los compradores primerizos, uno de los colectivos más afectados por la crisis habitacional, el informe plantea exenciones fiscales en determinadas transacciones inmobiliarias, especialmente dirigidas a los jóvenes que acceden por primera vez a la propiedad.
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En el capítulo dedicado a la financiación, el Parlamento Europeo apuesta por atraer inversión privada a largo plazo como complemento a los recursos públicos. Esta estrategia se enmarca dentro del proyecto de consolidar la Unión del Ahorro y la Inversión, que pretende facilitar la movilización de capital transfronterizo dentro del mercado europeo.
Los eurodiputados también solicitan reforzar la financiación de programas europeos existentes, como los fondos de cohesión, InvestEU o el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para apoyar proyectos relacionados con la vivienda.
Entre las recomendaciones destaca la creación de un presupuesto mínimo de veinte mil millones de euros destinado a garantizar el acceso a una vivienda adecuada para niños y niñas en la Unión Europea.
Ocupación ilegal y regulación de alquileres turísticos
La resolución que se aprobará este martes incluye también una condena explícita a la ocupación ilegal de viviendas. En este sentido, el Parlamento solicita a los Estados miembros que establezcan mecanismos jurídicos rápidos para recuperar la propiedad y garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de desahucio.
En paralelo, el informe aborda el fenómeno de los alquileres de corta duración, que en numerosas ciudades europeas ha reducido la oferta de vivienda residencial. Por ello, se pide a la Comisión Europea que presente una iniciativa legislativa que permita equilibrar el impacto del turismo con la habitabilidad de las ciudades.
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Este marco permitiría a los ayuntamientos establecer sistemas de licencias proporcionales para este tipo de alojamientos, adaptados a las características de cada mercado local.
Más legislación para la vivienda
La Comisión Europea activó la semana pasada una consulta pública con el objetivo de recabar propuestas para la futura ley europea de vivienda asequible.
Aunque por el momento no se conoce la fecha exacta de presentación de esta normativa, el objetivo es que complemente el plan anunciado en diciembre y establezca un marco regulatorio que permita a las ciudades identificar zonas con especial tensión en el mercado residencial.
Entre las medidas que Bruselas estudia se encuentra precisamente la propuesta legislativa sobre alquileres de corta duración que reclama el Parlamento Europeo. El objetivo es salvaguardar la asequibilidad de la vivienda en aquellas áreas donde la expansión de estos alojamientos dificulta el acceso a residencias permanentes.
Como elemento innovador, el informe también pone sobre la mesa el impulso de la prefabricación industrial en el sector de la construcción. Según las estimaciones recogidas en el documento, la industrialización de los procesos constructivos podría reducir los tiempos de edificación entre un 20 % y un 50 %, además de contribuir a abaratar costes y mejorar la eficiencia energética de las nuevas viviendas.
De cumplirse la estrategia planteada por Giménez, los jóvenes europeos podrían beneficiarse de nuevas herramientas para acceder a la vivienda. Entre ellas figuran préstamos a bajo interés, programas específicos de emancipación y la creación de un modelo europeo de alojamiento para estudiantes.
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En una entrevista con Demócrata, el autor del informe, Borja Giménez, subrayó que el principal problema estructural del mercado inmobiliario europeo es el aumento sostenido de los precios, provocado en gran medida por la insuficiencia de viviendas disponibles. “El problema es que, con los ritmos de construcción actuales, se está generando un déficit de aproximadamente cien mil viviendas cada año”, afirmó el eurodiputado.
Desde el inicio de las negociaciones, Giménez ha defendido que el aumento de la oferta debe apoyarse tanto en el sector público como en el privado. En este contexto, atribuye un papel relevante al Banco Europeo de Inversiones, que podría facilitar financiación para proyectos de vivienda.
El eurodiputado popular sostiene que la magnitud de la crisis exige movilizar todos los recursos disponibles. “Para hacer frente a la crisis no es suficiente con la acción de las administraciones públicas. Tenemos que implicar al sector privado, que por diferentes razones no está invirtiendo lo suficiente”, resumía al inicio de las discusiones parlamentarias sobre los primeros paquetes de enmiendas al texto.
La visión del sector inmobiliario
Por su parte, representantes del sector inmobiliario llevan tiempo reclamando a las instituciones europeas un marco regulatorio claro y basado en buenas prácticas.
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La portavoz del portal inmobiliario Fotocasa defendió en declaraciones a Demócrata la necesidad de un informe capaz de marcar una hoja de ruta para las políticas públicas de vivienda.
“Se está legislando sin consenso entre todas las partes implicadas y eso solo ralentiza el acceso a la vivienda”, argumentó, insistiendo en que la cooperación entre administraciones, promotores y sector financiero será clave para resolver la crisis habitacional en Europa.