“La Ley de Aceleración Industrial va a acelerar la descarbonización. Ese es su objetivo”, deslizó el vicepresidente y responsable industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, este miércoles. Bruselas quiere focalizar las compras públicas hacia productos europeos para fomentar su propio crecimiento económico y cortar dependencias con terceros, a la vez que apoya la producción verde.
Con su nuevo reglamento industrial, la Comisión Europea introduce un giro verde profundo en la forma en la que Europa gestiona sus emisiones mientras acelera el proceso de descarbonización. El nuevo enfoque propuesto dista de ser únicamente ambiental: busca crear un “caso de negocio” donde la transición climática pueda servir como un motor de crecimiento económico, con el objetivo de tranquilizar a los sectores más reacios a la estrategia verde comunitaria.
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Luz verde al “made in Europe”: así es la nueva arquitectura industrial de la Unión
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Organizaciones del sector ya se apresuran a avisar de que exigir una contratación pública baja en carbono “es una de las herramientas más poderosas para que el acero con bajas emisiones pase de los proyectos piloto a la realidad comercial”.
Contratación pública con criterios climáticos
“Un cambio significativo en la doctrina económica europea”, dicen en la rotonda Schuman sobre la nueva legislación, que impone criterios específicos en los procesos de contratación pública del continente. Tras discutir durante semanas el alcance y los sectores afectados, se consiguió el consenso necesario para que la norma prosperase, limitando su contenido únicamente a vehículos eléctricos, industrias intensivas en energía y tecnologías de cero emisiones.
Actualmente, las emisiones industriales representan cerca del 30 % de la cifra total de la Unión Europea. Bruselas quiere revertir la situación con la creación de “mercados líderes” para productos bajos en carbono. La nueva legislación presentada este miércoles introduce cuotas obligatorias en la contratación pública a partir de 2029.
A través del sector público, que representa el 15 % del PIB comunitario, se exigirán porcentajes mínimos de materiales bajos en carbono en los proyectos de infraestructura y construcción. En relación con el acero y el aluminio, al menos el 25 % deberá ser bajo en carbono. Para el cemento, al menos el 5 % deberá cumplir con los requisitos de origen de la Unión.
Cómo se define el “bajo en carbono”
Para poder determinar qué se considera exactamente “bajo en carbono”, el reglamento no solo tiene en cuenta las emisiones directas, sino también las emisiones indirectas críticas. Estas, en la práctica, vienen a ser aquellas que provienen de la electricidad, el hidrógeno y el calor utilizados en la fabricación.
Una vez entre en vigor la nueva normativa, se establecerá un sistema de clasificación voluntaria que se sustentará en la intensidad de gases de efecto invernadero para productos industriales. El ejecutivo comunitario afirma que esto permitirá a las compañías diferenciar sus productos limpios en el mercado, así como justificar un “premium” de precio por su mejor desempeño ambiental.
Nous y voilà : l’accélérateur industriel proposé par la @EU_Commission !
— Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) March 4, 2026
Le #MadeInEurope fait sa grande entrée dans la loi européenne. C’est un changement majeur de doctrine.
Dans un monde sous tension, l’Europe renforce ses secteurs stratégiques & sa production industrielle. pic.twitter.com/dAp5w74kab
Además, la Comisión pasará a tener competencias para dictar medidas que impulsen el uso de productos químicos derivados de fuentes de carbono sostenible —biomasa, residuos o captura de CO₂— con el objetivo de reducir la dependencia de materias primas fósiles.
Cambios en las subastas de energía y seguridad tecnológica
Con este reglamento, Europa cambia también las reglas de juego para todas las infraestructuras energéticas y la cadena de suministro de tecnologías renovables. A través del texto, se modifica el Reglamento de la Industria de Cero Emisiones Netas para elevar los criterios en las subastas de energía.
Los requisitos de origen de la Unión se aplicarán a un volumen mínimo del 40 % de la capacidad subastada anualmente por cada Estado miembro, o al menos 8 GW. Eso sí, el total del volumen subastado deberá responder a condiciones estrictas de ciberseguridad.
Esto supone excluir a los considerados “proveedores de alto riesgo” de componentes críticos —como sistemas de control o firewalls— con el objetivo de preservar la estabilidad de la red eléctrica en todo el continente europeo.
El poder de las áreas de aceleración industrial
Además, en las nuevas áreas de aceleración industrial que impulsa el texto, los Estados miembros deberán realizar análisis de necesidades energéticas a largo plazo. Esto acabará obligando a los gestores de redes de transporte a realizar inversiones anticipadas en la red para salvaguardar conexiones rápidas a suministros de energía baja en carbono.
En la Comisión apuntan a que el acelerador industrial ayudará a eliminar los cuellos de botella administrativos que frenan los grandes proyectos de reducción de emisiones. Por ejemplo, a partir de ahora, todas aquellas instalaciones de industrias intensivas en energía que reduzcan sus emisiones de carbono de forma significativa y permanente serán calificadas como proyectos estratégicos.
Este tipo de proyectos se beneficiará de una “ventanilla única digital” y de plazos más estrictos para la concesión de permisos. Además, en las áreas de aceleración se implementará un “permiso de base agregado” que cubrirá las evaluaciones ambientales generales. Esto permitirá que las empresas solo tramiten los permisos específicos de su instalación.
Contenido local como síntoma de autonomía estratégica
Para garantizar que la descarbonización no termine generando nuevas dependencias, también se impondrán requisitos de contenido local. Los electrolizadores deberán ser fabricados en territorio comunitario e incluir stacks producidos localmente.
Estos electrolizadores son los utilizados para producir el conocido como hidrógeno verde. El stack viene a ser el núcleo del electrolizador, donde ocurre la reacción química que produce el hidrógeno. Es el componente más importante y tecnológico. Europa quiere que estas máquinas se fabriquen dentro de sus fronteras.
Además, cuando se construya una nueva planta nuclear, hasta dos o tres componentes clave deberán proceder de empresas europeas. Esto incluye desde el reactor hasta las turbinas, pasando también por la vasija del reactor o los generadores de vapor.
La respuesta del sector
En los sectores más implicados en la lucha contra el cambio climático, la propuesta no ha terminado de convencer del todo. Varias organizaciones señalan que se requiere una definición obligatoria y armonizada de acero bajo en carbono.
La organización sin ánimo de lucro Climate Group apunta que, pese a que la ley autoriza correctamente a la Comisión a desarrollar sistemas de clasificación del acero basados en la intensidad de las emisiones, “una facultad habilitadora por sí sola deja demasiado al azar y un sistema de clasificación no es lo mismo que una etiqueta”.
“Un sistema de clasificación voluntario no proporcionará la certeza que necesitan los productores para tomar decisiones de inversión que realmente reduzcan las emisiones a gran escala”, explica su jefe de políticas y defensa, Andrew Forth.
Por su parte, desde el Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista Nicolás González Casares advierte de que el hecho de que no se exija el origen europeo para el acero podría favorecer acero bajo en carbono producido fuera de Europa, incluso en sistemas industriales que no soportan los mismos costes regulatorios que la industria europea.
“Si queremos crear verdaderos ‘lead markets’, no basta con premiar el carbono; también debemos garantizar que el valor industrial permanezca en Europa”, sostiene el miembro del Comité de Industria.