QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo comunitario retrasa, según ha podido saber Demócrata, la presentación de su paquete de simplificación de la normativa medioambiental prevista para este miércoles. La razón de esta decisión podría ser discrepancias en el seno del Colegio de Comisarios, más concretamente entre la vicepresidenta Ejecutiva, Teresa Ribera, y la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall.
Fuentes del departamento de Ribera han esquivado las preguntas al respecto. Sin embargo, en la agenda del Ejecutivo la adopción de este punto legislativo se mantenía hasta los últimos días.
Estaba previsto que el paquete incluyera iniciativas relacionadas con flexibilizar artículos del Pacto Verde Europeo y cuestiones relacionadas con el agua, los productos químicos, la naturaleza y la contaminación industrial. Distintas organizaciones criticaban ya el impacto que podría tener la normativa.
Marcha atrás
Una reciente votación en el Parlamento Europeo ha puesto de manifiesto una preocupación que varias voces en Bruselas venían advirtiendo desde el inicio de la legislatura: el riesgo de que algunos compromisos climáticos empiecen a desdibujarse. En esta ocasión, el giro se produjo durante el debate sobre el aplazamiento de la aplicación de la Ley de Deforestación, un punto en el que las formaciones conservadoras y de extrema derecha unieron esfuerzos para cuestionar una de las iniciativas más emblemáticas de la Comisión Europea en materia de transición ecológica. La próxima semana está previsto que se presente el llamado paquete Ómnibus medioambiental.
La regulación cuya entrada en vigor vuelve a posponerse afecta a productos como el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera o el caucho, así como a artículos derivados —desde el cuero hasta el chocolate o el mobiliario—. El planteamiento inicial obligaba a las empresas importadoras a demostrar, mediante sistemas de geolocalización, que sus cadenas de suministro no estaban vinculadas a procesos de deforestación. Tras dos años de retrasos, la Comisión había planteado que la normativa comenzara a aplicarse el mes que viene. Sin embargo, los Estados miembros han optado por apoyar un nuevo aplazamiento bajo el argumento de la “simplificación”.
Este movimiento marca la segunda ocasión en apenas un mes en la que una propuesta medioambiental sufre modificaciones impulsadas por la llamada “mayoría Venezuela” en la Eurocámara, conformada por el Partido Popular, el grupo de los Patriotas —donde se integra Vox— y los Soberanistas, también situados en la ultraderecha. Todo ello ha salido adelante sin el respaldo de los Socialistas, algo inédito en Bruselas hasta la votación del primer paquete Ómnibus.
Consultada por Demócrata, la Comisión Europea evitó valorar si estas decisiones suponen un retroceso en la ambición climática del bloque. “Seguimos muy de cerca las negociaciones en marcha, pero no haremos comentarios al respecto”, señaló un portavoz tras la última sesión plenaria en Estrasburgo.
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