Los departamentos técnicos de la Comisión Europea ultiman los últimos detalles de la que se espera que sea una de las medidas con mayor impacto a nivel comunitario de los últimos meses a nivel empresarial. El Ejecutivo tiene previsto presentar durante el primer trimestre de este año su propuesta sobre el “Régimen del 28”. Bruselas quiere crear un marco jurídico armonizado y único a escala europea, diseñado para que las empresas, especialmente las start-ups, puedan operar en todo el mercado único bajo un único conjunto de reglas en lugar de lidiar con veintisiete sistemas nacionales distintos.
No es una iniciativa novedosa en la capital comunitaria, fue anunciada junto con el Competitiveness Compass, que ahora cumple su primer año. De esta forma, la iniciativa estará centrada en simplificar los trámites de constitución, insolvencia y fiscalidad, promoviendo además soluciones digitales por defecto, así como una mayor agilidad administrativa.
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Diversas fuentes consultadas por Demócrata confirman que este régimen facultativo permitirá a las compañías escalar rápidamente en el Mercado Único sin las barreras propias de cada uno de los Estados miembros. En conjunto, se aprobará una batería de medidas que conforman uno de los pilares estratégicos de la Brújula de Competitividad para fomentar la inversión privada, a la vez que se garantiza la soberanía económica del continente.
¿En qué consistiría?
El Ejecutivo define el Régimen 28 como un marco legal voluntario y complementario a las leyes nacionales. Es decir, las empresas pueden optar por acogerse a él para beneficiarse de reglas uniformes en sus operaciones transfronterizas.
En materia de derecho de sociedades, se establecería un tipo de empresa europea simplificada con requisitos de formación armonizados, estructuras de gobernanza claras y normas de mantenimiento de capital simplificadas. Lo que se persigue es que la incorporación sea totalmente digital y rápida, con el objetivo ideal de permitir la creación de una empresa en 48 horas.
Este régimen ofrecería un marco de insolvencia coherente con normas comunes sobre reestructuración temprana y “segunda oportunidad” para emprendedores, reduciendo la incertidumbre legal en caso de dificultades financieras. Además, se propondrían modelos estandarizados para contratos de empleo, esquemas de opciones sobre acciones y acuerdos de teletrabajo. Esto facilitará la movilidad y la gestión de los equipos transfronterizos.
En ningún caso se pretende armonizar los tipos impositivos, sino más bien simplificar sus procedimientos y su cumplimiento. Los documentos internos revelan que la medida podría incluir una “declaración fiscal única”, que estaría acompañada de una base de presentación de informes común que reduzca las cargas administrativas duplicadas.
Así, la propuesta se basaría en soluciones digitales por defecto, haciendo uso de herramientas como el Identificador Único Europeo (EUID), el Certificado de Empresa de la UE y la futura Cartera Digital de Negocios de la Unión Europea.
Impacto previsto
Los servicios comunitarios estiman que este régimen ayudaría a cumplir el objetivo de la Comisión de reducir los costes administrativos recurrentes en unos 37.500 millones de euros. Al eliminar la necesidad de replicar el cumplimiento legal en cada Estado miembro, se reducen drásticamente los gastos de asesoría jurídica y trámites administrativos.
Actualmente, muchas empresas europeas se trasladan a Estados Unidos para crecer debido a la fragmentación del mercado comunitario. El Régimen 28 permitiría a las start-ups expandirse horizontalmente por Europa, fomentando la creación de los llamados “unicornios europeos”.
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Inversores, incluidos los de capital riesgo, se beneficiarían de procedimientos más claros, estandarizados y digitales. Un marco legal uniforme aumentaría la seguridad jurídica y la confianza, facilitando que el capital fluya hacia empresas innovadoras independientemente de su ubicación.
La propuesta de crear una “Marca de Empresa de la UE” respondería a la demanda de las empresas de contar con una identidad corporativa comunitaria fácilmente reconocible y confiable para socios comerciales e inversores globales.
De esta forma, al evitar que empresas innovadoras sean adquiridas prematuramente por inversores de fuera de la Unión, debido a la falta de escala o financiación local, el régimen fortalecería la autonomía económica y la seguridad de Europa.
La receta Letta
Según el informe elaborado por el ex primer ministro italiano Enrico Letta, el principal obstáculo que enfrentan las empresas de la Unión es precisamente la fragmentación del mercado único. Esta actúa como un “mosaico de normativas nacionales” que genera fricciones constantes a través de las fronteras. La fragmentación sería tan severa que el informe calcula que las barreras persistentes equivalen a un arancel del 110 % sobre los servicios.
Las compañías no operan hasta ahora bajo un marco europeo unificado, sino que deben cumplir con veintisiete sistemas jurídicos distintos. Esto aumenta drásticamente los costes de transacción, mientras dificulta un crecimiento transfronterizo real. Letta identificaba la fiscalidad, el derecho laboral y la insolvencia como algunas de las áreas críticas donde esta divergencia es más dañina.
Aunque la Unión es eficiente creando empresas emergentes, el exdirigente italiano subrayaba en su informe que las empresas no pueden crecer dentro de Europa debido a las barreras administrativas. Esto provoca que muchas pequeñas empresas innovadoras busquen financiación fuera o se trasladen al extranjero para beneficiarse de un mercado con reglas verdaderamente unificadas.
Si bien existe un consenso sobre el acceso limitado a mercados de capitales profundos y líquidos dentro de las fronteras comunitarias, las empresas innovadoras se enfrentan a un déficit de capital riesgo claro en comparación con sus competidores en Estados Unidos y China, lo que se ve agravado por la inseguridad jurídica de operar en múltiples jurisdicciones.
Empresas de todo el continente, especialmente las pequeñas y medianas, se han visto en los últimos tiempos afectadas por la falta de soluciones digitales por defecto en los registros mercantiles nacionales, según reflejan estudios de las propias instituciones europeas. Letta señalaba que las empresas necesitan un “Código de Derecho Mercantil Europeo” que actúe como una vía rápida para desbloquear el potencial del mercado único.
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También mencionaba en su informe que Europa está perdiendo relevancia frente a otras potencias debido a una falta de inversión en habilidades. Esto se suma a la incapacidad de transformar las ideas de investigación en tecnologías comercializables a gran escala.