El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene su voluntad de solicitar “en los próximos días” el sexto desembolso de los fondos europeos Next Generation a la Comisión Europea. El paquete, según fuentes del Ejecutivo, se aproximaría a los 7.000 millones de euros. Sin embargo, esta solicitud llega con retraso: España debería haberla presentado antes de que finalizara el último año.
De hecho, La Moncloa cerró 2025 sin solicitar ningún pago de los fondos europeos, algo que no había ocurrido desde 2021. En el Ministerio de Economía existía la intención de elevar esta petición en diciembre, pero la incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante algunas reformas todavía pendientes rebajó esas expectativas. Ante este escenario, el equipo de Cuerpo tuvo que negociar con Bruselas la supresión o modificación de determinados compromisos adquiridos dentro del Plan de Recuperación.
En el anuncio de esta solicitud —una de las dos que siguen pendientes— el ministro ha apuntado que podría llegar “esta misma semana o a principios de la próxima”. Cuerpo ha recordado, a su llegada a una reunión con los ministros de Finanzas de los Veintisiete, que España aún dispone de “margen en cuanto a los plazos que da el propio reglamento de recuperación”.
“No se ha terminado todavía el plazo para seguir presentando alegaciones y avanzar en el cumplimiento”, ha afirmado. “Vamos a estar trabajando hasta el último minuto para ser capaces de utilizar al máximo los fondos europeos”, ha insistido el ministro, en un intento de transmitir confianza a Bruselas y a los socios comunitarios.
Reformas pendientes y retrasos acumulados
El Plan de Recuperación pactado por el Gobierno con la Comisión incluía como hito una subida del impuesto al diésel dentro de la denominada reforma fiscal verde. Esta medida estaba vinculada al quinto desembolso y formaba parte de los compromisos ambientales asumidos por España.
Sin embargo, al constatar que no contaba con los votos suficientes en el Congreso de los Diputados para que la iniciativa prosperase, el Ejecutivo retiró la propuesta. La Comisión Europea consideró entonces que el hito no estaba cumplido. Como consecuencia, se bloquearon cerca de 500 millones de euros asociados directamente a esa reforma.
Estos fondos quedarían retenidos, en cualquier caso, hasta que España adopte una medida equivalente que resulte aceptable para la Comisión. Bruselas exige que cualquier alternativa cumpla con el mismo objetivo: avanzar en la transición ecológica mediante una fiscalidad más alineada con los compromisos climáticos de la Unión.
Temporalidad en el empleo público
Otro de los hitos relevantes del Plan de Recuperación era reducir de forma efectiva la temporalidad en el empleo público y sancionar el abuso de la figura del interino. Este punto se ha convertido en uno de los principales focos de fricción con Bruselas.
Pese a que el Gobierno adelantó algunos pasos normativos, la Comisión acabó reteniendo alrededor de 600 millones de euros del quinto tramo al considerar insuficiente la respuesta española frente al abuso de contratos temporales en la Administración.
No obstante, la Comisión ha otorgado más tiempo a España para corregir este incumplimiento. En caso de que se apruebe una reforma de función pública que sancione de manera efectiva el abuso de interinos, el país podría recuperar esos importes en ajustes posteriores.
En paralelo, también existe margen para recuperar la cuantía bloqueada por la reforma fiscal verde si finalmente se aprueba una modificación tributaria que cumpla el objetivo ambiental inicialmente pactado.
La estrategia del Gobierno: apoyos antes de legislar
Fuentes gubernamentales reconocen que “no dan nada por perdido”, pero aseguran que no elevarán las reformas pendientes al Congreso de los Diputados hasta tener “garantizados los apoyos parlamentarios”. El Ejecutivo es consciente de que un nuevo fracaso legislativo complicaría todavía más la relación con Bruselas y pondría en riesgo la credibilidad del calendario español.
España sigue siendo uno de los principales beneficiarios del programa Next Generation, pero la Comisión insiste en que los pagos están condicionados al cumplimiento estricto de reformas estructurales. En este sentido, el sexto desembolso se convierte en una prueba para medir la capacidad del Gobierno de ejecutar su agenda económica y mantener el ritmo de llegada de recursos europeos.
Con los plazos ajustados y varias reformas aún en el aire, el Ejecutivo afronta las próximas semanas como decisivas para desbloquear fondos y evitar que los retrasos acumulados se traduzcan en un recorte permanente de las ayudas previstas.