A lo largo del territorio comunitario se concentran más de 200 regiones. Todas ellas con sus particularidades, diferencias e identidades propias. Cada tres meses se congregan en cónclave en el epicentro de la política comunitaria, Bruselas, para defender los intereses de sus conciudadanos acerca de todos aquellos expedientes que sus “hermanos mayores” están negociando entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo.
Así, el Comité de las Regiones es testigo de acuerdos que en el plano de la política nacional serían difíciles de imaginar. Esta misma semana, durante el debate del rediseño de la estrategia hídrica europea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, unieron esfuerzos para impulsar la voz de sus territorios “en las instituciones comunitarias”.
El dirigente andaluz definió la gestión de los recursos hídricos como una cuestión de seguridad y cohesión, que “solo será eficaz si se diseña desde las regiones y las ciudades”. Por su parte, el manchego ironizó que “el abuso del agua hoy” acabará por significar “sed para mañana”. Un consenso que se extendió también a la líder del Ejecutivo navarro, María Chivite, y al presidente murciano, Fernando López Miras. Ambos incidieron en la necesidad de modernizar las infraestructuras “para asegurar el éxito de la normativa europea”.
Representación española en el Comité
A día de hoy, España cuenta con veintiún miembros en el Comité de las Regiones, de los cuales diecisiete representan a las comunidades autónomas y cuatro a entidades locales. Los miembros del organismo deben contar con mandato electoral regional o local.
Su función se limita a emitir dictámenes preceptivos en políticas con impacto territorial, como cohesión, medioambiente, empleo o salud.
En la práctica, el organismo está pensado para que estos territorios sean capaces de canalizar las prioridades sectoriales y territoriales hacia las instituciones europeas. Todas ellas aspiran —sin que su mandato llegue a ser vinculante— a influir en la redacción de directivas, reglamentos y programas.
Al conversar, sin micrófonos delante, con algunos de los miembros de las delegaciones autonómicas se constata rápidamente su ambición por tener más peso en las conversaciones europeas, un ámbito en el que a menudo su papel queda relegado a un tercer plano institucional.
De fondo emerge una paradoja. Pese a no tener iniciativa legislativa directa en el entramado bruselense, las regiones son en muchos casos las responsables de hacer cumplir gran parte de las decisiones que allí se adoptan.
En España, al tener las comunidades competencias legislativas y de ejecución, son las encargadas de aplicar una parte sustancial de la normativa europea. De ahí que algunos dirigentes territoriales defiendan la necesidad de participar en su diseño para “asegurar que sea aplicable y financiable en cada ciudad”.
El papel de la CARUE
Además, la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) se encarga de coordinar las opiniones de los representantes territoriales para que su participación en la toma de decisiones comunitarias sea más efectiva.
En el caso español, junto con la coordinación interna, este mecanismo sirve para formar la posición del Estado antes de reuniones del Consejo de la Unión Europea y decidir qué comunidad autónoma asume la representación cuando procede.
Lo cierto es que las comunidades autónomas cuentan con otra baza adicional para participar en las conversaciones europeas. Desde 2004, pueden integrarse en la delegación española en determinadas formaciones del Consejo de la Unión Europea y en algunos grupos de trabajo técnicos.
En la práctica, esta participación se articula mediante un consejero autonómico que representa al conjunto de comunidades en materias de su competencia.
Alianzas regionales en torno al agua
Aprovechando su presencia en la capital europea, esta misma semana seis comunidades españolas se unieron a más de diez regiones del resto de la Unión en la creación de la nueva “Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica”.
La iniciativa, impulsada por la región italiana de Emilia-Romaña, pretende servir como palanca para impulsar inversiones en el sector hídrico, “a la vez que se comparten experiencias y conocimientos entre las regiones europeas”, según señaló Fernando López Miras.
Fuentes de la Generalitat Valenciana, consultadas por Demócrata, comparten la visión de quienes defienden una mayor unidad territorial a la hora de negociar con las instituciones europeas. En el caso de los recursos hídricos, su vicepresidente José Díez considera que esta coordinación permite lograr una mayor atención institucional ante “un problema hídrico muy relevante”.
Entre el resto de territorios que forman parte de esta nueva alianza figuran Carintia (Austria), Flandes (Bélgica), la Región de Macedonia Oriental y Tracia (Grecia), Hesse, Estiria y Alta Austria (Alemania), Baja Austria (Austria), Nueva Aquitania y Occitania (Francia), la región de Moravia del Sur (Chequia) y Gran Polonia (Polonia).
El debate presupuestario: la madre de todas las discusiones
Más allá de estos debates sectoriales, el elefante en la habitación del Comité de las Regiones es el próximo Marco Financiero Plurianual, es decir, el presupuesto europeo a largo plazo.
En el Parlamento Europeo existe casi un rechazo unánime a la idea de fusionar las políticas europeas en un único plan por Estado miembro. Fuentes parlamentarias advierten de que este modelo generaría incertidumbre para los beneficiarios finales y pondría en riesgo pilares como la cohesión territorial, los derechos sociales o programas clave como la Política Agrícola Común, especialmente relevantes para muchas regiones.
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Por ello, el Ejecutivo comunitario está inmerso en la tarea de tranquilizar a los territorios que temen perder parte de los fondos que reciben. Según el comisario de Presupuesto, Piotr Serafin, no se trata de reformular los marcos presupuestarios porque no funcionen, sino porque “vivimos en un contexto totalmente diferente”. “Queremos que las regiones estén en el centro de las políticas de cohesión”, aseguró ante el Comité de las Regiones.
Las delegaciones regionales en Bruselas
Este guiño de la Comisión a las regiones evidencia una tesis que defienden quienes reclaman mayor presencia territorial en los pasillos europeos. Su participación en esta clase de debates permite competir por recursos y defender particularidades, evitando que decisiones excesivamente centralizadas ignoren las desigualdades territoriales.
Las diecisiete comunidades autónomas españolas cuentan con delegaciones en Bruselas, oficinas que se utilizan para seguir la legislación europea, buscar fondos comunitarios y participar en redes de cooperación regional.
España es uno de los Estados miembros donde las regiones tienen mayor peso político dentro del Estado, debido al sistema constitucional autonómico. Esta realidad refuerza su actividad institucional en la capital europea.
Además, estas oficinas también sirven para orientar a organizaciones empresariales, sectoriales o civiles cuando necesitan dirigirse a las autoridades europeas, aprovechando sus redes de contactos y conocimiento del funcionamiento institucional.
El Comité de las Regiones refleja una de las características más singulares de la gobernanza europea: la convivencia entre instituciones supranacionales y territorios con identidades políticas propias. Aunque su papel formal se limita a emitir dictámenes consultivos, su actividad revela una realidad cada vez más evidente en Bruselas: las políticas europeas se aplican en gran medida en el ámbito regional y local.
Por ello, la presencia de las regiones —ya sea a través del Comité, de la CARUE o de sus delegaciones permanentes en Bruselas— se ha convertido en una herramienta clave para influir en decisiones que, aunque se negocien a escala continental, terminan impactando directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos europeo