QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Delegaciones de los 27 Estados miembros han participado en el cónclave del Partido Popular Europeo que buscaba configurar su hoja de ruta para los próximos años. Tres ejes definirán las iniciativas que los de Manfred Weber, recién reelegido presidente del partido, impulsarán desde las instituciones comunitarias: Competitividad, Seguridad e Inmigración.
Las fuentes consultadas por Demócrata apuntan a que la competitividad será el eje sobre el que pivoten el grueso de las iniciativas de los populares durante esta legislatura europea. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi abrió el debate. La presidenta de la Comisión presentó su brújula para la competitividad al principio del mandato y, ahora, el grupo parlamentario espera la elaboración de distintos proyectos en este sentido.
“Europa tiene todo lo que le hace falta para triunfar en la carrera por alcanzar la cima. Pero, al mismo tiempo, debemos corregir nuestras debilidades si queremos recuperar la competitividad”, afirmó la presidenta Von der Leyen cuando presentó su iniciativa.
Otra de las tónicas comunes entre las peticiones de los europarlamentarios para la actual legislatura pasa por la simplificación burocrática. Reducir el conocido como “papeleo” para agilizar el crecimiento, el acceso a fondos y ayudas o la garantía de seguridad.
A lo largo de las dos jornadas que duró el congreso en la ciudad del Turia, los miembros del grupo popular han presentado para su votación distintas resoluciones que condicionarán las políticas populares. En concreto, la delegación española ha conseguido sacar adelante hasta seis proyectos de resolución.
Vivienda
Los españoles han logrado que el Plenario del congreso diera luz verde a su resolución con respecto a la crisis de la vivienda. La iniciativa se fundamenta en la necesidad de una reducción de la carga regulatoria y administrativa europea sobre los mercados locales. En esta línea, desde el partido se mira a la flexibilidad como solución para abordar las características de cada país.
En el documento se introduce la propuesta de un sistema fiscal con incentivos para el acceso a la vivienda, con especial atención a los jóvenes. Lo que se quiere es tratar de apoyar a este sector en la compra de vivienda por primera vez.
De esta forma, la delegación ha solicitado la creación de un Plan de Acción Europeo para las áreas rurales en riesgo de despoblación. La medida trataría de lograr la regeneración urbana del parque de viviendas en el continente.
La resolución aprobada hace referencia también a la escasez de mano de obra, de manera que apuestan por más formación profesional y una mejora en las condiciones laborales y seguridad en el empleo de los trabajadores.
Inmigración
Para hacer frente a la crisis migratoria que regiones como Canarias experimentan, el PP pretende una integración entre los servicios de asilo, las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad. Sumado a esto, triplicar el número de agentes de Frontez y cooperar con la policía de los terceros países, con intercambio de inteligencia y el despliegue de agentes de Europol.
Los populares verían con buenos ojos la creación de centros de acogida para solicitantes de asilo en terceros países, así como el ya presentado Sistema Europeo Común de Retorno. Así, como el uso de drones, tecnologías por satélite y la presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras.
De la misma forma, se quiere que la UE negocie acuerdos con los países de origen para fomentar la colaboración en materia de readmisión y retorno. Se apoyarían la firma de acuerdos de cooperación con países como Senegal, Mali y Nigeria.
Se ha solicitado que la UE fuerce a los Estados miembros a hacer públicos sus planes nacionales de aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo. Se justifica esto porque en los planes se deben reflejar las reformas legislativas y operativas necesarias para su ejecución.
Otra de los ejes de actuación pasará por la coordinación entre la Comisión y los Estados para declarar los estados de emergencia en las fronteras exteriores de Europa cuando se enfrenten a una grave presión migratoria.
Con el objetivo de acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo, se quiere que los Estados elaboren listas nacionales de países seguros de la mano de la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
Insularidad
Ahondado en el reconocimiento de las regiones ultraperiféricas como una parte esencial de la Unión Europea y defendiendo que estas poblaciones se enfrentan a retos especiales por sus características propias, los populares han aprobado distintas resoluciones en su defensa.
Por un lado, sostienen la necesidad de mantener los Fondos de Cohesión y garantizar que su aplicación continue en manos de las autoridades locales. Y, por otro lado, solicitan que, en el próximo marco financiero plurianual, actualmente en negociación, incluya programas de apoyo específicos a sectores como el agrícola, así como la actualización del programa POSEI.
Para que los ciudadanos accedan a estos fondos con mayor facilidad, se cree que es necesaria una simplificación de las cargas burocráticas. “Que quienes necesiten los fondos puedan hacerlo de manera eficiente, maximizando los beneficios para la población de cada región”, afirman desde el PP.
En cuanto a inmigración, la delegación española ha solicitado a sus colegas europeos un enfoque solidario por parte de la Unión para que la “carga” no recaiga “de manera desproporcionada” en las regiones de llegada. Además, piden fondos para que estas regiones cuenten con los recursos necesarios para responder ante esta situación.
Agricultura
En materia agrícola, la estrategia de los populares pasa por reconocer la PAC como una política estratégica esencial para preservar la autonomía. Con la vista puesta en el conflicto en Ucrania, tratarán de mantener las regiones limítrofes con Rusia pobladas para salvaguardar la seguridad europea.
La prioridad urgente será, según reconocen, la Estrategia Europea de Resiliencia del Agua. Trataría de abordar de forma coordinada la escasez, la contaminación y los riesgos de este recurso.
Desde el partido, se quiere que la Unión Europea ejecute una mayor reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países. A su juicio, esto debe pasar por una armonización con las normas de la Unión en materia de medioambiente, seguridad alimentaria y bienestar animal.
Los populares impulsarán una reserva de crisis agrícola, que cuente con la adecuada financiación, para responder a las fluctuaciones del mercado y las catástrofes naturales. Junto con esto, esperan aprobar medidas que animen a los jóvenes a entrar en los sectores agrícolas y pesquero.
Una cadena de suministro agroalimentario que evite las prácticas comerciales desleales, garantice precios justos y alimentos saludables es otra de las líneas de acción popular.
Estado derecho
La secretaria general del partido español, Cuca Gamarra, expuso ante el plenario una resolución en relación con el Estado de Derecho. A través de ella, se insta a los Estados miembro a evitar “el abuso de los procedimientos legislativos acelerados”, como podría ser el uso de los decretos. Se enfrenta esto a la propuesta de Ley Orgánica de Protección contra el acoso judicial abusivo, que según el PP “podría restringir el acceso plural a la justicia y la independencia judicial”.
Para proteger a los países de posibles injerencias extranjeras se apuesta por la plena aplicación de la normativa digital como podría ser la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, que obligarían a las empresas tecnológicas a rendir cuentas por la integridad del debate público y los procesos democráticos.
Desde el partido se apunta a la aplicación del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho para los fondos de la UE, acompañado de una supervisión rigurosa de su distribución, para lograr el cumplimiento de las normas y la prevención de la corrupción.
La creación de un mecanismo de protección a los beneficiarios finales de la financiación de la UE cuando los Estados incumplan sus obligaciones es otra de las medidas que se contemplan en este apartado.
Entre otras iniciativas, destaca también una directiva europea que proteja a los agentes de policía y a los trabajadores de emergencia. Así, se cree que se mejorarían sus condiciones de trabajo y su seguridad, incluyendo su reconocimiento como profesionales de alto riesgo.
