Europa afirma gestionar la inmigración. En la práctica, gestiona la inquietud que esta provoca: inquietud electoral, cultural y política ante la evidencia -cada vez menos disimulable- de que una parte sustancial de su prosperidad se ha sostenido durante décadas sobre una mano de obra extranjera barata, jurídicamente precaria y socialmente invisible, mientras el discurso oficial proclamaba solemnemente el imperio del Estado de Derecho y la cohesión social. La contradicción no es nueva; lo novedoso es que empiece a incomodar.
En este contexto, la propuesta española de regularizar a cientos de miles de personas en situación administrativa irregular no constituye una ruptura ideológica ni un gesto humanitario excepcional, sino una anomalía política: una decisión que pone nombre jurídico a una realidad económica y social ya existente.
Y las anomalías, en el ecosistema institucional europeo, rara vez se celebran; se observan con recelo, se envuelven en lenguaje técnico y se archivan a la espera de que el problema se disuelva solo.
Mientras la mayoría de los Estados miembros refuerzan discursos de control, externalización de fronteras y procedimientos de retorno -no siempre porque hayan demostrado su eficacia, sino porque tranquilizan a electorados cada vez más sensibles a nociones como “orden” y “firmeza”-, España ha optado por una vía incómoda pero coherente: asumir que la irregularidad no es una disfunción marginal, sino un componente estructural de su mercado de trabajo. Esta decisión no entusiasma a las instituciones europeas ni a varios gobiernos nacionales, pero plantea una pregunta incómoda: ¿qué políticas son razonables respecto de quienes ya viven, trabajan y contribuyen de facto a nuestras economías?
La regularización como reconocimiento de una realidad estructural
Conviene precisar algo elemental. La regularización no equivale a abrir fronteras ni a lanzar invitaciones implícitas. No es un “efecto llamado”, por más que el término se repita como un mantra. Es un intento de introducir orden jurídico en un sistema que funciona, paradójicamente, gracias a la irregularidad. No crea una realidad nueva; interviene sobre una ya consolidada. A comienzos de 2025, cerca de 840.000 personas residían en España en situación administrativa irregular. No estaban ocultas en los márgenes del sistema: trabajaban en la agricultura, los cuidados, la hostelería, la construcción y los servicios personales. Sectores intensivos en trabajo humano, poco automatizables a corto plazo y resistentes a las promesas de la economía digital.
“La regularización es un intento de introducir orden jurídico en un sistema que funciona, paradójicamente, gracias a la irregularidad"
Desde este punto de vista, la regularización puede leerse como una medida de racionalización administrativa y económica. Permite ampliar bases de cotización, reducir economía sumergida, mejorar el control laboral y limitar formas extremas de explotación. Frente a ello, se ha argumentado que Europa podría alcanzar resultados similares mediante automatización, reformas salariales, políticas de natalidad o cambios estructurales en los servicios sociales. El razonamiento es elegante, pero ignora un factor decisivo: el tiempo.
Ninguna de estas estrategias ofrece resultados inmediatos. La automatización no cuida ancianos; las políticas de natalidad no producen trabajadores en menos de dos décadas; y la reorganización de los sistemas públicos no genera mano de obra por decreto. En economías envejecidas, la inmigración no es la única variable, pero es la única disponible en el corto plazo.
La iniciativa española no surge de un impulso aislado del Ejecutivo. Se apoya en una Iniciativa Legislativa Popular que recorrió el itinerario parlamentario y fue aprobada por una amplísima mayoría de las fuerzas políticas, con la única excepción de la extrema derecha. Este dato no es menor: el Parlamento español, en ejercicio de su soberanía, avaló el principio de la regularización. No se trata de una ocurrencia ni de una improvisación, sino de una decisión política deliberada. Que exista consenso interno no elimina las fricciones externas, pero relativiza la imagen de aventura política.
“En economías envejecidas, la inmigración no es la única variable, pero es la única disponible en el corto plazo"
Desde el punto de vista económico, el razonamiento es difícil de desmontar sin recurrir a consignas. España crece por encima de la media europea, pero lo hace en sectores intensivos en mano de obra. Turismo, agricultura, cuidados y servicios personales no desaparecen con declaraciones sobre automatización ni con promesas abstractas de digitalización. Funcionan con personas. La alternativa no es el orden, sino la perpetuación de una economía sumergida estructural.
Fricciones europeas, riesgos reales y límites del modelo
La reacción europea ha sido una combinación de frialdad técnica y reproche implícito. No tanto por una infracción normativa -que no existe de forma clara- como por una incomodidad política. España no viola una regla concreta, pero desafía el relato comunitario dominante, el espíritu del marco común construido en torno al Código de Fronteras Schengen, el Reglamento de Dublín y el flamante Pacto Europeo de Migración y Asilo, articulado en torno al control, el retorno y la disuasión.
Un entramado normativo sólido en apariencia y extraordinariamente eficaz para una cosa: trasladar responsabilidades sin resolver el problema, manteniendo la ficción de control.
Ninguno de estos instrumentos prohíbe expresamente las regularizaciones nacionales, pero todos contribuyen a un clima político inequívoco: regularizar es tolerable solo como excepción discreta, nunca como decisión visible. España cumple buena parte de la letra, pero incomoda el espíritu. La regularización española no vulnera reglas claras, pero introduce una disonancia en una narrativa cuidadosamente afinada. Y en la Unión Europea, desafiar el relato suele resultar más costoso que incumplir la norma.
El temor de Bruselas no es enteramente infundado. No es solo histeria: es desconfianza. Desconfianza hacia la capacidad administrativa española y, sobre todo, hacia el precedente político que se crea. Un permiso de residencia español no equivale a un pasaporte europeo, pero permite la libre circulación en el espacio Schengen. En un contexto de repliegue político, eso basta para activar recelos y disparar alarmas.
Existen riesgos técnicos y administrativos que sería irresponsable minimizar. El control de antecedentes depende de registros emitidos por países con administraciones frágiles o inexistentes. La “declaración responsable” es una solución jurídicamente elegante, pero potencialmente frágil en una regularización masiva. Bruselas habla de “riesgo sistémico”; Madrid responde con “capacidad de gestión”. Ambas expresiones describen la misma incertidumbre desde lados opuestos de la mesa.
A ello se suma el impacto social, el núcleo duro del problema. Regularizar no crea vivienda pública, no refuerza plantillas sanitarias ni amplía el sistema educativo por el mero efecto de publicarse en el BOE. La incorporación de cientos de miles de personas -y el previsible futuro ampliable por la aplicación del derecho de la “agrupación familiar”- al circuito formal ejercerá presión sobre sistemas ya tensionados: un mercado de vivienda estructuralmente desajustado, una sanidad con déficits crónicos y un sistema educativo con carencias persistentes. El riesgo no reside en la regularización como instrumento jurídico, sino en la ausencia de una estrategia integral de infraestructuras sociales y en una gestión administrativa capaz de anticipar y coordinar el impacto.
Estos riesgos explican la cautela de Bruselas porque, al final afectan al conjunto, y no deberían descartarse con ligereza. Pero conviene señalar que se trata de problemas de ejecución, no de principio. La alternativa no es un control perfecto, sino la prolongación indefinida de una irregularidad funcional.
Más compleja -y a menudo ausente del debate español- es la cuestión de la integración. La integración no es un trámite administrativo ni una consecuencia automática del empleo; es un proceso social, cultural y simbólico. La historia europea muestra que la integración individual suele ser viable; la integración rápida de grandes contingentes plantea desafíos de otra magnitud. Este aspecto pesa especialmente en países donde la inmigración procede mayoritariamente de contextos culturales y religiosos muy distintos, y donde la percepción ciudadana se ve condicionada por experiencias previas de integración fallida y que han dejado huellas profundas en el debate público. Ignorar esta diferencia conduce a malentendidos mutuos: España no vive la misma realidad migratoria que Francia, Alemania, Bélgica o los países nórdicos.
Aquí aparece una diferencia que rara vez se menciona de forma explícita. Una parte significativa de la inmigración irregular en España es de origen latinoamericano: comparte lengua, referencias culturales y, en muchos casos, trayectorias históricas comunes.
Ello no elimina los retos de integración, pero los reduce. En otros países europeos, donde la inmigración es mayoritariamente de origen africano o árabe-musulmán, la percepción social es distinta, y no solo por prejuicio, sino por experiencias históricas propias. Ignorar esta asimetría equivale a pedir soluciones idénticas para problemas que no lo son. Reconocer esta asimetría no implica jerarquizar culturas ni alimentar estigmas, sino aceptar que la política migratoria europea no parte de un punto homogéneo. Pretender soluciones idénticas para realidades distintas es una forma sofisticada de irresponsabilidad.
Decidir sin erosionar el proyecto común
Finalmente, la regularización tiene una dimensión política y diplomática ineludible. Al adoptar una medida tan visible y simbólicamente potente, España se singulariza en un momento particularmente sensible para la Unión Europea: guerra en el continente, tensiones geopolíticas globales, auge de fuerzas euroescépticas y una creciente fatiga institucional.
En este contexto, la lealtad europea -aunque no siempre jurídicamente exigible- se convierte en un recurso político escaso y, por tanto, valioso. Desmarcarse del consenso implícito no es neutro y tiene costes en términos de influencia y percepción diplomática: alimenta recelos, reduce márgenes de negociación y refuerza la tentación de leer cualquier iniciativa nacional como un gesto de indisciplina. La lealtad institucional, incluso cuando no es jurídicamente exigible, sigue siendo una moneda valiosa en la arquitectura europea.
Estos riesgos no invalidan la regularización, pero obligan a matizar su presentación. No como una excepción moral frente a una Europa supuestamente inmóvil, sino como una respuesta compatible con el marco común si se acompaña de cooperación, información y corresponsabilidad.
Europa necesita inmigración para sostener su modelo social, pero sigue prefiriendo hablar de control. España no ha resuelto este dilema, pero ha decidido no seguir disimulándolo. La regularización no es una panacea ni un modelo exportable sin matices. Es una decisión política con riesgos, límites y costes claros. Precisamente por ello, su legitimidad dependerá menos del gesto que de su capacidad para integrarse en una estrategia europea compartida.
En tiempos convulsos, la audacia sin coordinación puede confundirse con aislamiento. Y la lealtad europea no consiste en la obediencia automática, sino en la capacidad de defender políticas nacionales sin erosionar un proyecto común ya suficientemente tensionado. Ese es, quizá, el verdadero reto que plantea la regularización española: no solo ordenar una realidad interna, sino hacerlo sin debilitar el frágil equilibrio europeo en el momento en que más necesita coherencia.
La regularización no es perfecta. No es inocente. No está exenta de cálculo político ni de riesgos reales. Pero frente a una Europa que convierte la inacción en virtud y el miedo en política pública, al menos constituye una decisión. Y en tiempos de parálisis elegante, decidir -asumiendo costes- empieza a parecer un acto de gobierno.