En los calendarios de trabajo de la Comisión Europea, la reunión del próximo 25 de febrero estaba marcada como un momento clave para el futuro de la competitividad del continente. El vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné se había fijado como objetivo lograr el aval del Colegio de Comisarios para presentar una nueva legislación industrial europea, en la que se incluiría uno de los elementos más sensibles del debate económico actual: el requisito de preferencia europea.
El retiro informal de los líderes europeos la pasada semana, convocado para discutir cómo reducir las dependencias económicas del bloque, podría haber servido como acelerador político para la medida. Sin embargo, la Comisión ya no confirma que la propuesta vaya a presentarse en la fecha prevista. De hecho, fuentes comunitarias explican que la nueva ley “supone un cambio significativo en la doctrina económica europea”.
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“No sorprende que se requiera tiempo y esfuerzo para llegar a una versión común e inteligente”, sentencian desde la rotonda Schuman, en referencia al complejo equilibrio entre apertura comercial y protección estratégica que atraviesa el proyecto. A día de hoy, a apenas una semana de la que debería ser la fecha de presentación, en distintas direcciones generales del Ejecutivo comunitario persisten dudas sobre el alcance final que debería tener la normativa. Séjourné confía en alcanzar un acuerdo “integrando las diversas opiniones y manteniendo un alto grado de ambición”, aunque ya evita dar por hecha su aprobación inmediata.
« Made in China »
— Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) February 2, 2026
« Buy American »
« Buy Canadian »
Et si l’Europe osait enfin le Made in Europe ?
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Una ley para frenar la desindustrialización
El equipo del vicepresidente lleva meses trabajando en el diseño del nuevo reglamento con el que se busca fortalecer la resiliencia económica europea “frente a los desafíos geopolíticos actuales”. Hace un año comenzó a hablarse del proyecto con la presentación del Pacto por la Industria Limpia, una iniciativa que pretendía reforzar el músculo industrial comunitario en paralelo a la transición verde.
El objetivo central de la nueva legislación es revertir un fenómeno que desde Bruselas se viene señalando con creciente preocupación: la desindustrialización del continente. La Comisión aspira a que la industria manufacturera represente al menos el 20% del PIB en la Unión Europea, un umbral considerado estratégico para sostener la autonomía económica y tecnológica del bloque.
Con este paquete, se beneficiaría a sectores considerados críticos. Es decir, no se trataría de una legislación aplicable a toda la industria europea, sino de un marco concentrado en tres pilares que, aunque solo representan el 15% de la producción industrial, son descritos como “suministradores esenciales para toda la economía”.
Sectores estratégicos bajo el paraguas europeo
Entre los sectores incluidos se encuentran las industrias intensivas en energía, como el acero, el cemento, el aluminio, los productos químicos, el papel y los metales básicos. Estas ramas son vistas como fundamentales no solo por su peso económico, sino por su papel estructural en las cadenas de valor europeas.
Además, el reglamento incorporaría la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas, lo que incluye:
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Baterías
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Sistemas solares fotovoltaicos
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Energía eólica
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Bombas de calor
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Energía nuclear de fisión
En Bruselas se considera que estos sectores son decisivos para cumplir con los objetivos climáticos, pero también para evitar que la transición energética se traduzca en una nueva dependencia externa, esta vez tecnológica.
La industria automotriz, en el centro de la preocupación
Según los borradores de la Comisión a los que ha tenido acceso Demócrata, también se pretende abordar de forma específica la industria automotriz. En este punto se prestaría especial atención a la cadena de suministro de vehículos eléctricos y componentes innovadores.
En la capital comunitaria han detectado que el sector automotriz es un símbolo del liderazgo industrial europeo, aunque temen que su competitividad disminuya en los próximos años, especialmente frente al avance chino y estadounidense.
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Durante 2023, la rentabilidad media de los proveedores europeos cayó más de dos puntos, y el índice de producción de componentes se redujo un 11% en los últimos cuatro años. El informe firmado por el exdirigente italiano Mario Draghi advertía incluso que, sin medidas correctivas, hasta el 10% de la producción local podría verse desplazada fuera de Europa.
Los textos argumentan que el valor añadido de los vehículos se está desplazando hacia las baterías y la electrónica, áreas donde el contenido producido en Europa está disminuyendo. Ahí entra la imposición de requisitos “Made in EU” para celdas de batería y componentes clave.
Menos burocracia y más rapidez industrial
Para eliminar cuellos de botella administrativos, el reglamento introduciría portales digitales únicos. Los Estados miembros deberán crear plataformas nacionales para que todos los trámites de permisos se realicen de forma electrónica y centralizada.
Además, se designará una autoridad competente encargada de coordinar todo el proceso de concesión de permisos y de emitir una “decisión integral” en plazos claros y razonables.
En determinados pasos intermedios, la falta de respuesta de las autoridades se considerará en sí misma una aprobación automática, salvo en casos que requieran evaluaciones de impacto ambiental complejas.
Preferencia europea para crear “mercados líderes”
El gabinete de Séjourné tiene una misión política clara con este reglamento: la creación de “mercados líderes” dentro de Europa.La nueva legislación utilizaría el peso de la contratación pública y los esquemas de apoyo estatal para estimular la demanda de productos locales, lo que se conoce como preferencia europea.
En licitaciones y subastas de tecnologías net zero —como paneles solares o turbinas eólicas— se exigirá que una parte significativa de los componentes sea de origen europeo para evitar una dependencia crítica de terceros países. A esto se sumarán criterios de bajo carbono, consistentes en requisitos técnicos obligatorios para que materiales como acero, cemento y aluminio utilizados en construcción y transporte sean de bajas emisiones.
Países terceros “de confianza”
Eso sí, la Comisión podrá designar “países terceros de confianza” cuyo contenido se tratará como equivalente al origen comunitario. Esta decisión se basará en compromisos internacionales recíprocos y en su contribución a la seguridad económica del continente.
Europa busca que la inversión extranjera no solo aporte capital, sino valor real a la economía europea. Para inversiones superiores a los 100 millones de euros en sectores estratégicos emergentes se impondrían nuevas condiciones.
En datos
Nuevas condiciones:
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Los inversores extranjeros no podrán superar el 49% de la propiedad o control
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Deberán operar mediante una joint venture con socios europeos
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Se exigirán transferencias tecnológicas
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Una inversión mínima del 1% en I+D local
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Al menos la mitad de la plantilla deberá estar formada por trabajadores europeos
El acero, un caso especial
Para el acero no se aplicará un requisito estricto de origen europeo en la contratación pública. Desde la Comisión sostienen que otras medidas comerciales recientes contra la sobrecapacidad global ya ofrecen protección suficiente.
En octubre, Bruselas dio a conocer su estrategia para salvaguardar el sector frente a potencias como China, incluyendo:
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Reducción del 50% en la cuota de acero importado sin aranceles
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Incremento del impuesto hasta el 50% para cantidades que superen el límite
Zonas de aceleración industrial
Otro de los puntos relevantes es el impulso a las llamadas zonas de aceleración industrial. Los Estados miembros designarán áreas geográficas específicas que agruparán actividades industriales.
Estas zonas contarán con un “permiso base agregado” que cubre autorizaciones comunes, permitiendo que las empresas solo necesiten permisos adicionales para actividades concretas. La propuesta también apuesta por crear un sistema de etiquetado climático para el acero al carbono laminado en caliente. La etiqueta permitirá diferenciar productos según su intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, favoreciendo el acceso a incentivos de mercado y programas de apoyo público.