El Parlamento Europeo levanta la inmunidad a Alvise por el caso de acoso a la fiscal de odio en Valencia

Una amplia mayoría de los eurodiputados ha aprobado este martes levantar la inmunidad parlamentaria de la que gozaba Alvise Pérez en la causa que afecta al supuesto hostigamiento contra la fiscal para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert, a través de su canal de Telegram. Unos hechos que ocurrieron con carácter previo a que el investigado se hiciera con el acta de eurodiputado.

De acuerdo con el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo a la Eurocámara, lo que se está investigando es la publicación de declaraciones identificando a los presuntos responsables de la “persecución ideológica llamada delitos de odio”, con un señalamiento específico a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia. Este hecho habría llegado a causar que un gran número de sus seguidores del canal enviaran más de 1.500 comentarios a dicha fiscal; según el órgano judicial, la mayoría de ellos con un carácter insultante.

Estas conductas pueden constituir varios delitos para el Alto Tribunal, según el Código Penal español, entre los que se encuentran el hostigamiento, la incitación a perpetrar agresiones contra una autoridad o funcionario público, además de coacción y difusión del odio a través de las redes sociales. El Parlamento pone especial atención en el hecho de que estos delitos se habrían cometido entre enero y febrero de 2024, mientras que Alvise no fue elegido como diputado hasta junio de ese mismo año.

Sin vínculo con la actividad parlamentaria

De este modo, los hechos que ahora se investigan en España no estarían en ningún caso relacionados con su actividad parlamentaria. “No se trata de opiniones expresadas o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones como diputado”, señalan en Estrasburgo. Tras la tramitación del suplicatorio en el Comité de Asuntos Jurídicos, el responsable en estos asuntos, el Parlamento también concluye que no existen indicios de que el procedimiento judicial se haya iniciado con la intención de perjudicar la actividad política del dirigente español en su condición de parlamentario.

Fuentes parlamentarias consultadas por Demócrata explican que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal, sino una garantía de independencia de la Cámara. En este caso, al no haber vínculo entre los hechos y sus obligaciones parlamentarias, no procedería mantener dicha protección, sentencian esas mismas fuentes.

El dirigente de Se Acabó la Fiesta se ha sometido en los últimos meses a interrogatorios por parte de los eurodiputados encargados de tramitar la petición del Alto Tribunal de retirar la protección parlamentaria. En estas sesiones, el investigado cuenta con quince minutos de presentación, seguido de un careo con los parlamentarios sin límite de tiempo. Fuentes del Comité de Asuntos Jurídicos exponen que es cuando el eurodiputado se retira de la sala cuando los ponentes del texto legal del suplicatorio debaten lo tratado en la audiencia. Tras estos procesos, es cuando se redacta el texto aprobado ahora por el Pleno de la Eurocámara.

Otras causas abiertas en el Tribunal Supremo

Junto al caso por el presunto acoso en redes a Susana Gisbert, el Tribunal Supremo mantiene abiertas cuatro causas contra ‘Alvise’. Entre ellas figura una investigación por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su formación, por la que también se ha remitido un suplicatorio al Parlamento Europeo.

En este procedimiento, el Alto Tribunal analiza los 100.000 euros que habría recibido ‘Alvise’ del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, de cara a las elecciones europeas de 2024.

El eurodiputado afronta, además, otra causa por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa. A ello se suma un procedimiento más reciente por el supuesto acoso a dos eurodiputados que se presentaron con SALF a dichos comicios europeos y que posteriormente rompieron con el partido.

A raíz de este último caso, el Supremo ya interrogó en el mes de enero al fundador de Se Acabó la Fiesta (SALF), después de que el juez Manuel Marchena le citara al manifestar su disposición a acudir voluntariamente. En este caso, los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, que actualmente pertenecen al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y que dirige la primera ministra italiana Giorgia Meloni, denunciaron que no solo venían sufriendo una “continua campaña de hostigamiento” en redes sociales a raíz de los mensajes que ‘Alvise’ difundió sobre ellos —en un ‘podcast’ y en su canal de Telegram—, sino que incluso llegaron a “temer por su integridad física” al haberse revelado el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

Ambos mantienen que, de forma similar al caso que afecta a Gisbert, tras la difusión de sus direcciones de correo electrónico, números de teléfono y perfiles en redes, comenzaron a recibir una “ingente” cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes, lo que les generó “una continua sensación de inseguridad” hasta el punto de verse obligados a modificar “sus hábitos o rutinas”. Esto habría causado estragos significativos a la hora de llevar a cabo su labor parlamentaria y la propia de su vida familiar ordinaria. El Tribunal Supremo apreció “una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas, a partir de la persecución que pudieran desplegar las numerosas personas que llegaran a sentirse concernidas por su llamamiento público”.