El pleno del Parlamento Europeo celebrará el próximo martes un debate específico sobre la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, una iniciativa que la Comisión Europea ha considerado una opción legal vinculada al mercado laboral, pero que ha suscitado fuertes críticas entre los grupos de derecha y ultraderecha de la Eurocámara.
La decisión de incorporar este asunto al orden del día de la próxima sesión plenaria se tomó este miércoles en Bruselas, durante la reunión de la Conferencia de Presidentes (CoP), el órgano en el que los líderes de los grupos parlamentarios fijan la agenda del siguiente pleno, a raíz de una propuesta del Partido Popular Europeo, que habría sido respladada por el grupo de ultraderecha Patriotas por Europa, en el que se integran Vox y el partido Fidesz del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Génova venía insistiendo en la necesidad de impulsar un debate de este tipo en las instituiciones cominitarias.
Fuentes del Partido Popular y de Vox han celebrado que la Eurocámara vaya a reservar parte de la jornada del martes a analizar la regularización extraordinaria y sus posibles efectos sobre el espacio Schengen, sin controles fronterizos interiores, y sobre el conjunto de la política migratoria de la Unión Europea.
Bajo lupa
La inclusión del debate se produce un día después de que el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés), liderado en la Eurocámara por el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, remitiera una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario de Interior, Magnus Brunner, solicitando que los servicios comunitarios realicen una evaluación de impacto de la regularización extraordinaria.
En la misiva, ECR sostiene que la medida “socava la credibilidad del control migratorio de la UE” y podría “desencadenar un goteo” de migración hacia Europa, dado que “las personas regularizadas podrían acceder a la ciudadanía española y europea”.
No obstante, el comisario Brunner ya se había pronunciado días antes sobre el caso español y, tras recordar que la Comisión Europea no tiene competencias directas en esta materia, subrayó que las regularizaciones constituyen una de las vías legales de las que disponen los gobiernos para gestionar los flujos migratorios y las necesidades del mercado laboral.