Hace menos de un año, el Parlamento Europeo constituyó una comisión especial para estudiar la crisis de la vivienda; sus causas y posibles soluciones a aplicar tanto a nivel comunitario como a nivel de los Estados miembros. Desde entonces, su trabajo se ha centrado en el análisis de propuestas que se estén llevando a cabo desde las distintas capitales europeas para tratar de resolver la encrucijada a través de audiencias, reuniones y visitas a los Estados. Ahora, comienza la fase final de los trabajos del organismo, que concluirá con la aprobación de un informe final que será remitido al resto de instituciones europeas.
Esos trabajos se harán sobre una propuesta de informe que ya se ha presentado a los distintos miembros de la Comisión. El plazo para presentar enmiendas terminará el próximo 20 de octubre. A continuación, comenzarán dos meses de negociaciones que concluirán en enero con la votación final en Comisión de la propuesta. Después, en marzo, el texto llegará al Pleno del Parlamento Europeo para su aprobación definitiva.
El Proyecto de Informe propone una serie de medidas que pasan por la simplificación regulatoria, el aumento de la oferta, la movilización de financiación y el apoyo a grupos vulnerables. Se trata de frenar una crisis de la vivienda que considera que ha sido ocasionada, en mayor medida, por el desequilibrio persistente entre la oferta y la demanda. Según el texto, “la causa fundamental es la insuficiencia en el suministro”.
En este contexto, Demócrata analiza en qué punto se encuentra la posición de las delegaciones españolas que cuentan con miembros en el Comité, al inicio de las conversaciones que concluirán en ese documento final que servirá de hoja de ruta europea.
Participan en esta conversación: el ponente del informe y eurodiputado del Grupo Popular Europeo, Borja Giménez; la eurodiputada del Grupo de los Socialistas y Demócratas, Alicia Homs; la eurodiputada del Grupo de Conservadores y Reformistas, Nora Junco; y el vicepresidente de la Comisión y eurodiputado de Los Verdes, Vicent Marzà.
Pregunta: ¿Es este el mejor informe posible?
Borja Giménez (EPP): Han sido un unos meses de de intento de trabajo. Nos hemos reunido con más de 50 asociaciones, tanto españolas como europeas del ámbito del sector inmobiliario, construcción, asociaciones de consumidores con el objetivo de conocer a fondo cuál era su visión. Después de todas estas reuniones nuestra perspectiva es bastante clara.
Nosotros creemos que lo fundamental es que se construya más y se renueve más vivienda. Con ese aumento de oferta los precios terminarían bajando. Esa es una realidad.
Ahí siempre te sacan el asunto de la crisis del ladrillo del año 2008, pero la cuestión es que las circunstancias y las situaciones de esa crisis no tenía nada que ver con la actualidad. En ese momento había una crisis financiera en la que el crédito fluía con excesiva libertad y provocó aquella burbuja. Hoy en día, no hay vivienda suficiente para cubrir la demanda.
Alicia Homs (S&D): El margen de mejora de este informe es muy extenso. El diagnóstico parte de una visión que para el grupo de las socialistas y demócratas es errónea: entender la vivienda como un bien de mercado más y no como un derecho. Si con este informe lo que pretendemos es proteger a las personas nos hemos quedado muy cortos y, lo que es evidente, es que damos barra libre a los de siempre sin aportar ninguna solución para la gente de a pie. Cuando esta es la premisa en la que se basa el texto, es evidente que para reforzar la dimensión social y el derecho a la vivienda tendremos que trabajar mucho en él.
Nora Junco (ECR): Es un buen punto de partida.
El informe acierta al situar la raíz de la crisis en la falta de oferta, que es donde realmente duele. También abre la puerta a soluciones de alcance europeo.
Es importante que sea sólido y tenemos la oportunidad de perfeccionarlo con propuestas realistas para que, como ya he comentado en alguna ocasión: adquirir una vivienda deje de ser un sueño inalcanzable.
Vicent Marzà (Greens/EFA): No, no es ni de lejos lo mejor que se podría haber alcanzado. De hecho, es muy insuficiente. No refleja la realidad de una crisis de vivienda que es multifactorial y amplia. Es un texto poco riguroso, con una falta de responsabilidad considerable. Reconoce la urgencia de actuar, pero no aborda de manera suficiente la raíz del problema: la financiarización de la vivienda y la especulación que ha convertido hogares en simples productos financieros. Esto, que es un elemento nuclear de la crisis de vivienda en toda Europa, ni siquiera se menciona. Tampoco aparecen cuestiones como los pisos turísticos ni otros problemas estructurales muy relevantes.
Además, falta un enfoque mucho más claro en el papel de los municipios y regiones, que son quienes realmente están en primera línea gestionando la crisis. Es positivo que el tema haya llegado a la agenda, pero el informe está lejos de ser la respuesta que millones de europeos esperan.
Para nosotros lo esencial es que este informe sirva como palanca para construir un Plan Europeo de Vivienda Asequible mucho más ambicioso. Un plan que no se entienda como un gesto político, sino como una hoja de ruta concreta para devolver a la vivienda su función social. Si abre la puerta a medidas valientes en materia de vivienda social, regulación de alquileres y fiscalidad contra la especulación, habrá cumplido su papel. Si no, será una oportunidad perdida. Y de momento este borrador se parece más a lo segundo que a lo primero.
P: ¿Acierta el informe cuando plantea la falta de oferta como la principal causa de esta crisis?
Borja Giménez (EPP): En los últimos 7 años, el aumento de los precios en el conjunto de la Unión Europea ha alcanzado la cifra del 48% y el de los alquileres hasta un 18%. Lo que está provocando es que en muchos hogares el coste de la vivienda representa más de un 40% de los ingresos mensuales, lo que dificulta bastante la situación de las familias.
El problema general de la vivienda es el aumento de los precios. En el caso de nuestro país, según el Banco de España, existe un déficit de construcción de viviendas de 600.000 que serían necesarias construir para cubrir las necesidades de la demanda de hoy. El problema es que con los ritmos de construcción que estamos llevando actualmente se está generando un déficit de 100.000 viviendas cada año.
Alicia Homs (S&D): La falta de oferta es sin duda un factor, pero no el único. La crisis de vivienda no se explica solo a través de la falta de vivienda, también está vinculada a fenómenos como la especulación, la concentración de la propiedad en manos de unos pocos, la presión que generan los alquileres turísticos en determinadas zonas, la pérdida de poder adquisitivo... Por tanto, limitarse a la oferta da una visión demasiado parcial del problema y, como comentaba previamente, descuida por completo la dimensión social y de acceso justo a la vivienda. Al fin y al cabo, la vivienda no es un área política cualquiera, y por mucho que el PP se empeñe, tampoco es un bien de mercado más con el que poder especular. La vivienda es una cuestión de dignidad, de bienestar social y de derechos.
Nora Junco (ECR): Es así, en gran medida.
Todos lo estamos viendo, en el informe se refleja: los precios de la vivienda se han disparado en toda Europa, mucho más rápido que los salarios.
En algunos países, como España, la situación es todavía más grave porque se construye muy poco en comparación con la necesidad real. Según datos del Banco de España, hacen falta más de 600.000 viviendas para equilibrar el mercado y responder a la demanda real.
Al final, eso significa que miles de jóvenes y familias se quedan sin opciones. La raíz está clara: hay suelo bloqueado, licencias que tardan años y una financiación que no fluye como debería. Si no atacamos ese cuello de botella en la oferta, cualquier otra medida será un parche.
Vicent Marzà (Greens/EFA): Es muy tramposo hablar de “oferta” en abstracto. Sí, de algún modo hay un problema de oferta, pero el problema real es la falta de oferta asequible, y esa distinción es fundamental. Hoy la vivienda está atrapada en un mercado especulativo donde fondos de inversión y plataformas globales han convertido un derecho básico en una mercancía. El resultado no es solo escasez, sino precios inflados y barrios donde los vecinos de siempre ya no pueden vivir. En ciudades como Valencia, Lisboa o Berlín, la presión turística y la compra masiva por parte de fondos inmobiliarios están expulsando a miles de personas.
Si solo hablamos de “más oferta”, corremos el riesgo de repetir errores. No basta con construir: hay que garantizar que esas viviendas sean asequibles, estables y accesibles. Eso exige combinar construcción con regulación de alquileres, control del uso turístico y medidas fiscales que penalicen la especulación. Pensar que simplemente aumentar la oferta hará bajar los precios es técnicamente incorrecto. Es un error del que ya tenemos experiencia, pero del que algunos partidos, como el PP, se niegan a aprender.
Además, ampliar oferta no puede limitarse solo a construir más. Tenemos instrumentos que ya podrían aumentar esa oferta: la cancelación de licencias de pisos turísticos ilegales (más de 50.000, según el ministerio de consumo), la adquisición pública mediante tanteo y retracto, o la rehabilitación de edificios. Si no hablamos de todo esto, nos quedaremos en un diagnóstico muy incompleto.
P: Se apunta a que “las intervenciones rigurosas son ineficaces”. ¿Concuerdan con esta afirmación?
Borja Giménez (EPP): Sí, ese sin duda es uno de los puntos de fricción que nos vamos a encontrar a lo largo de los próximos meses durante las negociaciones. Desde la perspectiva de la izquierda se presentan políticas más intervencionistas que introducen la limitación de precios. Siempre decimos que creemos que pueden estar llenas de buenas intenciones, pero la realidad es que la consecuencia al final es negativa para el objetivo que nos estamos marcando.
El problema que tenemos es que cuando se limitan los precios, se intervienen, mucha vivienda termina saliendo de esa oferta. Entonces se pierden casas o viviendas que estaban en el mercado del alquiler porque salen de él. En algunos casos buscan otros mercados como puede ser la vivienda de alquiler turístico, pero otros en un momento dado prefieren retirarla y directamente no alquilarla. Esto viene provocado por el exceso de regulación, la incertidumbre jurídica y la inseguridad generada por la ocupación.
Durante los últimos meses, hemos tenido una serie de misiones en algunas ciudades europeas para conocer más a fondo cuáles serán sus modelos. Una de esas visitas fue a la ciudad de Barcelona. Después de esa visita la sensación que me da a mí es que no estaba funcionando correctamente. Las limitaciones no esán contribuyendo a lograr mejorar la situación de la vivienda, ni mucho menos.
Alicia Homs (S&D): Desde el grupo S&D creemos que las intervenciones públicas bien diseñadas no son solo necesarias, sino que también son eficaces. El mercado, lejos de regularse a sí mismo, lo que ha demostrado es que necesita regularse, lo hemos visto en ciudades como Barcelona. Mientras que en Barcelona los alquileres bajan, en regiones como la mía, Baleares, donde el PP se niega a declarar zona tensionada, los alquileres no hacen más que subir. Para mí, el reto está en encontrar el equilibrio entre fomentar la oferta y garantizar que las viviendas lleguen realmente a las familias de ingresos bajos y medios, y sobre todo monitorizar para corregir las políticas cuando detectamos efectos no deseados.
Nora Junco (ECR): Con matices: la experiencia demuestra que intervenciones muy duras, como congelar los alquileres de forma generalizada, suelen generar el efecto contrario: retraen la inversión y reducen aún más la oferta. Ahora bien, eso no significa que no se puedan tomar medidas puntuales como apoyar a los jóvenes con ayudas al alquiler o aumentar la oferta de vivienda asequible.
Nosotros en ECR creemos que hay que proteger a las familias y ciudadanos en situación de vulnerabilidad, pero sin matar la oferta, y fomentando la inversión.
Vicent Marzà (Greens/EFA): No, en absoluto. La evidencia apunta en la dirección contraria. Allí donde los gobiernos han intervenido con decisión, los resultados han sido positivos. Lo que ocurre es que desde el PP se entiende la intervención como lo opuesto a la colaboración con el sector privado, cuando en realidad no tiene por qué ser así. Además, si hablamos de intervenciones ineficaces, lo que sí es una intervención dañina es la de los fondos buitre: intervenir el mercado dejando pisos vacíos, especulando, subiendo precios y maltratando a los inquilinos.
El modelo austriaco de vivienda sin ánimo de lucro es un ejemplo claro: gracias a un marco legal sólido y a la intervención pública, millones de personas disfrutan de vivienda asequible desde hace décadas. En Berlín, la regulación de los alquileres consiguió frenar temporalmente subidas abusivas y abrió un debate de fondo sobre el papel del Estado en garantizar el derecho a la vivienda.
Lo que no funciona son las medidas tímidas o fragmentadas. Dejar todo en manos del mercado solo profundiza la crisis. Decir que intervenir es ineficaz es rendirse de antemano. Lo que necesitamos es valentía política y coherencia: regular donde hace falta, garantizar recursos para vivienda pública y proteger a los inquilinos frente a la especulación.
P: ¿Qué puntos echan en falta en el texto?
Borja Giménez (EPP): Con nuestro informe lo que hemos tratado de responder es que está pasando, por qué el sector privado no tiene apetito inversor en un sector en el que existe una demanda desbordada que la oferta no llega a cubrir. La izquierda lo que plantea es que el problema prácticamente podría ser resuelto si la vivienda de alquiler turístico desapareciese.
El problema es que todos los datos que tenemos, pues sí que dicen que esto puede afectar a la oferta, pero de un porcentaje muy pequeño. Es innegable que en algunas ciudades que son muy atractivas turísticamente, como Madrid y Barcelona, encontramos zonas que están saturadas de viviendas turísticas.
Es un tema que que en este primer borrador, es verdad, está bordado de una forma bastante laxa, pero conscientes de que vamos a tender la mano durante las negociaciones.
El proyecto de informe marca la estructura de cuál es el problema, marca propuestas de solución, acciones a tomar en cuenta. Cuando llegué el plazo de presentación enmiendas, y yo como ponente también, presentaremos muchas para completar el texto. Teníamos unas limitaciones de espacio y a partir de ahora desarrollaremos los otros puntos.
Alicia Homs (S&D):
• El reconocimiento explícito de la vivienda como derecho.
• Una referencia al papel de la especulación y especialmente a la necesidad de evitar que este aumento de la oferta beneficie a los de siempre.
• La inclusión y consideración de la Opinión del Comité de las Regiones, para la que fue ponente el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y que fue aprobada por el pleno del CoR el pasado mes de mayo, que aporta una perspectiva desde lo local que es esencial.
• La protección de las y los inquilinos, con menciones más claras a medidas de regulación del alquiler y para evitar prácticas abusivas.
• Una reflexión sobre el impacto del turismo de masas y las segundas residencias en zonas especialmente tensionadas.
• Ante una realidad de escasez de mano de obra, falta sobre todo plantear la necesidad de mejorar las condiciones laborales del sector y acabar con la precariedad.
Nora Junco (ECR): Echo en falta dos cuestiones muy concretas.
La primera: que el uso de fondos existentes en la Unión o la función del Banco Europeo de Inversiones esté ligado a la eficiencia, es decir, no podemos seguir financiando estructuras duplicadas que encarecen los costes, tasas e impuestos; el acceso a esa financiación debería estar condicionado a la cooperación intermunicipal o, en su caso, a fusiones en municipios pequeños, lo que permitiría abaratar trámites y acelerar la construcción.
La segunda: que toda vivienda que se levante con suelo o dinero público tenga un compromiso y no pierda el estatus de asequible o vivienda protegida. No basta con que al inicio sean más baratas; hay que garantizar que sigan siendo que sigan siendo siempre accesibles, porque de lo contrario volvemos a alimentar la especulación en lugar de dar soluciones a las familias.
Vicent Marzà (Greens/EFA): El informe pasa de puntillas por los temas centrales de la crisis de la vivienda. Falta un análisis serio sobre la financiarización y el papel de los grandes fondos de inversión que compran edificios enteros para especular, dejando pisos vacíos o imponiendo alquileres imposibles. También se ignora la realidad de los pisos turísticos, que en ciudades como Valencia, Barcelona o Lisboa están expulsando a los vecinos de sus barrios. Sin hablar de estos fenómenos, el diagnóstico es incompleto.
Tampoco hay un enfoque claro sobre el uso del suelo y sobre cómo orientar la planificación urbana hacia el interés general. Y sorprende que apenas se mencionen los derechos de los inquilinos, que son una pieza clave: estabilidad, protección frente a abusos y alquileres asequibles son cuestiones básicas en cualquier estrategia seria.
Por último, se echa en falta una mirada social. La vivienda no es solo un techo: es lo que sostiene barrios cohesionados, integradores y seguros. Cualquier plan europeo debe incorporar perspectiva de género y juventud, y garantizar igualdad de acceso, sin discriminación por renta u origen. Sin esa ambición, el informe corre el riesgo de quedarse en un ejercicio técnico, lejos de la vida real de la gente.
Pregunta: ¿Qué esperan del proceso de enmiendas que ahora se abre?
Borja Giménez (EPP): Lo que fundamentalmente espero es que salga un informe que sea útil para el objetivo que nos hemos marcado: plantear medidas que puedan ser necesarias para frenar esta crisis.
Estamos abiertos. Somos conscientes de la necesidad de alcanzar acuerdos con el máximo número de grupos políticos posibles para que la posición del Parlamento tenga la máxima fuerza posible. Por las conversaciones que he tenido con otros grupos yo creo que también existe esa sensación de la exigencia de poner lo mejor de nuestra parte.
Quizás dejar de lado soluciones más ideológicas y tratar de ser útiles.
Alicia Homs (S&D): Desde el grupo de socialistas entraremos a las negociaciones con la convicción de que lo que está en juego es el bienestar de las personas. Esperamos que el proceso sirva para reforzar el enfoque social del informe y para incluir medidas más equilibradas que pongan el foco no solo en la construcción de vivienda asequible, sino también en las renovaciones sostenibles, la devolución de viviendas vacías al mercado, la regulación y las políticas que promueven el acceso a la vivienda para todas las personas. Confiamos en que el diálogo entre grupos nos permita alcanzar un texto final que refleje mejor la diversidad de realidades en Europa y que responda de la mejor forma a las necesidades de la ciudadanía, pero nos queda mucho camino por recorrer hasta llegar a un texto que las socialistas podamos aceptar.
Nora Junco (ECR): Espero que sirva para reforzar lo que ya es un buen punto de partida. Tenemos la oportunidad de introducir mejoras muy concretas: que las ayudas europeas se gestionen con eficiencia, cooperación entre municipios, y que las viviendas financiadas con dinero público no pierdan su condición con los años.
Si logramos esos avances, estaremos dando un paso decisivo para que miles de jóvenes y familias en Europa puedan acceder a una vivienda digna y asequible.
Vicent Marzà (Greens/EFA): Esperamos que no sea un proceso cosmético, sino una oportunidad real para reforzar el texto y darle la ambición que hoy falta. Los próximos meses deben servir para introducir enmiendas que reconozcan la escala de la crisis y que planteen soluciones valientes: desde ampliar la vivienda social hasta regular los alquileres en zonas tensionadas. Es fundamental que el Parlamento Europeo tenga una posición clara frente a esta crisis. Somos prudentes en el optimismo, porque aunque algunos países gobernados por conservadores sufren esta misma crisis, no siempre vemos voluntad de adoptar medidas valientes. Con estas mayorías parlamentarias nunca se sabe.
Lo que sí sabemos es que en Compromís vamos a trabajar para que este informe se transforme y sea valiente. Además, con el anuncio de la Comisión de presentar un Plan Europeo de Vivienda Asequible, nuestra estrategia también se centra en influir directamente en esa propuesta, asegurando que las medidas que defendemos desde los Verdes y desde Compromís estén incluidas. Llevamos tiempo reclamando que la Comisión actuase ya, y celebramos este anuncio, pero ahora lo decisivo es garantizar que ese plan tenga contenido real.
En definitiva, trabajaremos para que el resultado final refleje lo que hemos escuchado en nuestras ciudades y regiones: que no basta con declaraciones, hacen falta medidas. Nuestras enmiendas buscarán gravar la especulación, proteger a los inquilinos, impulsar la vivienda pública y garantizar barrios cohesionados e inclusivos. Si logramos que esas propuestas entren en el informe, estaremos ante un verdadero punto de partida para transformar la política de vivienda en Europa.