Entre el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo hay 1.577 kilómetros de distancia. Sin embargo, en el último año, casi la mitad de las leyes aprobadas en la Cámara Baja contaban con sello europeo. Desde la creación del mercado único hasta las últimas iniciativas en materia de Inteligencia Artificial, Europa demuestra año a año cómo los expedientes que nacen en Bruselas acaban afectando directamente al día a día de un país como España.
El simple gesto de poder utilizar el mismo cargador para conectar tu teléfono móvil y el ordenador portátil, o conectarte desde otra capital sin tener que pagar una tarifa extra a costa del roaming, recuerdan constantemente la influencia de las negociaciones comunitarias.
Una relación duradera
Esta interrelación de gobernanza nacional y continental ha marcado los primeros cuarenta años del país en el proyecto europeo. Durante las últimas cuatro décadas, España ha integrado cerca de siete mil mandatos europeos en su legislación. Recientemente, los procesos de transposición de las directivas comunitarias han estado protagonizados por sectores como la transición ambiental, la regulación de la agricultura y los servicios digitales. Una prueba de cómo la pertenencia a la Unión Europea configura continuamente los derechos y obligaciones diarios de los ciudadanos españoles.
Desde la adhesión a la Unión en 1986, el país ha transformado profundamente su marco legal, llegando a integrar hasta un total de 6.747 leyes europeas hasta la fecha. Esto ha permitido que el ordenamiento jurídico español se coordine con el europeo a través de diversas fórmulas como Leyes Orgánicas, Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, según revela un informe reciente del Parlamento Europeo.
Más de 40 años de impacto
A lo largo de nueve legislaturas europeas, actualmente la Eurocámara se encuentra en la décima, el país ha adoptado normativas que configuran directamente la vida cotidiana de los ciudadanos europeos.
Con la llegada del Mercado Único, se establecieron las bases para la libre circulación de personas, mercancías y capitales (1999). Junto con esto se prohibieron las cláusulas contractuales abusivas para proteger al consumidor. En el mismo año que se abría la circulación de esos capitales se introdujo el euro, y tres años después se creó la Orden Europea de Detención y Entrega.
Dos años más tarde de que España aprobase la legalidad del matrimonio igualitario, se daba luz verde a las leyes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo. El fin del roaming para el uso de móviles en el continente tendría que esperar diez años más.
En las últimas legislaturas ha destacado la tramitación de iniciativas como el Reglamento General de Protección de Datos en 2016, la prohibición de plásticos de un solo uso en 2019 y la Ley de Inteligencia Artificial en 2024.
Influencia en San Jerónimo
Lo que revela el informe anual del Parlamento Europeo es la fuerte dependencia del sistema legal español respecto a las decisiones de la Unión. El 45 % de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en 2025 tuvieron su origen en decisiones europeas. Esto incluye ocho leyes orgánicas y cinco leyes ordinarias con referencias o adaptaciones a directivas y reglamentos.
El Consejo de Ministros, por su parte, ha dado luz verde a cuarenta y ocho Reales Decretos para adaptar la normativa nacional a la europea, con especial énfasis en materias como Agricultura, Pesca y Alimentación (trece decretos) y Transición Ecológica (seis decretos).
Si bien, España tiene deberes pendientes. En el último año, la Unión publicó diecinueve directivas que deberá transponer y cuarenta y ocho reglamentos que son de aplicación directa. Las iniciativas impulsan hasta 101 las directivas pendientes de ser incorporadas a la ley nacional. Cabe recordar que ha caducado su plazo legal para cincuenta de ellas.
Fuera de plazo
El Gobierno español recibió en octubre un aviso de la Comisión Europea por el incumplimiento a la hora de aplicar la normativa comunitaria en la legislación nacional. Así lo revelaba el paquete de decisiones sobre procedimientos de infracción del organismo. Mediante este documento se emprenden acciones jurídicas contra aquellos Estados que no cumplen con sus obligaciones. En concreto, España llega tarde en materias como la migración, la seguridad, la movilidad y la estabilidad financiera.
La actuación del Ejecutivo, que abarca distintos ámbitos de actuación europeos, trata de velar por «la correcta aplicación del Derecho de la Unión» en beneficio de ciudadanos y empresas. Cuando se detectan esos retrasos en la transposición de normativas, se envía a las capitales una «carta de emplazamiento» para que muestren sus observaciones y expliquen la situación.
Si la Comisión considera que las explicaciones no justifican el incumplimiento, se emite el acto motivado y se exige su corrección en un plazo que suele ser de dos meses. El documento no es una sanción, pero constituye la última advertencia oficial antes de que el caso sea elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En esta ocasión, se detectaron retrasos en la transposición de la directiva sobre intercambio de información entre Estados, en la normativa contra los abusos sexuales a menores y en la directiva sobre la firmeza de la liquidación. Además, se hacía referencia al incumplimiento de la legislación aérea en materia de cobro por equipaje de mano.
Las normas aprobadas más recientes se centran en la soberanía tecnológica y la sostenibilidad. Entre ellas está el conector de carga común USB-C, obligatorio por una directiva del año 2022, y la regulación de contenidos ilegales en plataformas digitales mediante la Ley de Servicios Digitales (DSA).
Europa en tu día a día
Fuera de los procedimientos legislativos y las enmiendas, el impacto de Europa aprece en gestos que a menudo pueden pasar desapercidos por la ciudadanía. Partiendo de la protección de los derechos laborales hasta llegar a las normas de seguirdad alimentaria, gran parte del marco que regula la convincencia ecónica nace de las decisiones acordadas a nivel comunitario.
Ejemplo directo es la política de consumo, que establece estándares comunes para la devolución de productos, la transparencia en los contratos o la garantía mínima de dos años en bienes de consumo. Estas normas, armonizadas en toda la Unión, permiten que un ciudadano español tenga los mismos derechos al comprar un producto en Alemania o Francia, reforzando la confianza en el mercado interior.
En el ámbito digital, la legislación europea ha ganado protagonismo como contrapeso a las grandes plataformas tecnológicas. El Reglamento General de Protección de Datos no solo cambió la forma en la que las empresas gestionan la información personal, sino que introdujo una cultura de privacidad que ha modificado hábitos tan comunes como aceptar cookies o ceder datos personales en aplicaciones móviles.
También en materia medioambiental, las decisiones comunitarias influyen en acciones tan simples como separar residuos. La transición ecológica impulsada desde Bruselas se traduce en obligaciones para las administraciones, pero también en nuevos derechos para los ciudadanos.
Euorpa no actúa como un marco abstracto, se trata de un sistema normativo que permea la vida diaria. Comprender esta relación resulta clave para valorar el papel de la Unión Europea como actor central en la configuración del presente y el futuro de España.