La Comisión Europea se ha marcado una prioridad en su lucha por la igualdad de género: el escenario digital. En su estrategia renovada para los próximos cinco años reconoce que la ciberviolencia afecta de forma “desproporcionada” a mujeres y niñas. Así, las instituciones comunitarias están inmersas en nuevos procesos legislativos para combatir los deepfakes y los deepnudes sexualmente explícitos, dos fenómenos que se han multiplicado con la expansión de la inteligencia artificial generativa.
De esta forma, Bruselas va a poner en marcha lo que denomina “un diálogo regulatorio estructurado” con plataformas en línea de gran tamaño, basado en “las sólidas salvaguardias de la Ley de Servicios Digitales”. Además, el Colegio de Comisarios quiere lograr durante este año la plena aplicación de la directiva sobre la violencia contra las mujeres, así como del plan de acción contra el ciberacoso, presentado hace apenas un mes.
El Ejecutivo comunitario afirma que se apoyará a los llamados “denunciadores de confianza” para que informen sobre contenido de violencia de género en las plataformas en línea. El objetivo es que ese material pueda ser denunciado, identificado y retirado con mayor rapidez cuando sea necesario, reforzando así los mecanismos de protección de las víctimas en el entorno digital.
La directiva europea que obliga a criminalizar los deepfakes pornográficos
Lo cierto es que la directiva aprobada hace ahora dos años sobre la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica obliga a los Estados miembros a tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo o manipulado con contenido sexual.
Aquí los legisladores incluyeron expresamente los deepfakes pornográficos no consentidos. Las capitales europeas tienen hasta el verano de 2027 para introducir esta medida en su legislación nacional. Más allá de la propia norma, la doctrina jurídica identifica expresamente los deepfakes sexuales como una forma de violencia de género digital que afecta desproporcionadamente a las mujeres.
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El Parlamento Europeo, durante el debate y aprobación de esta directiva, subrayó que las formas de ciberviolencia constituyen una parte central de la discriminación ejercida contra las mujeres, por lo que requieren una criminalización armonizada a escala europea, acompañada de una protección reforzada para las víctimas.
Un marco legal pionero en el espacio digital
La eurodiputada socialista y miembro de la Comisión de Mercado Interior, Laura Ballarín, defiende que en este proceso Europa está construyendo un marco legal pionero para proteger la igualdad también en el espacio digital. “La Unión Europea empieza a responder jurídicamente a fenómenos como los deepfakes, el acoso digital o la difusión de imágenes íntimas manipuladas, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres”, explica al reflexionar sobre el impacto de la directiva.
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Ballarín pone también la atención sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Tal y como reconoce, su artículo 50 establece obligaciones de transparencia para que los contenidos generados o manipulados por inteligencia artificial “estén claramente identificados”. Además, subraya que el Reglamento de Servicios Digitales obliga a las compañías tecnológicas a “evaluar y mitigar riesgos sistémicos”, entre ellos la difusión de contenidos ilícitos o abusivos en línea.
La clave: aplicar las nuevas normas
Los socialistas europeos consideran que la clave ahora es la implementación efectiva de todas estas medidas, así como la aplicación de la directiva europea contra la violencia hacia las mujeres.
Como ejemplo señalan el hecho de que la Comisión Europea haya activado en los últimos meses investigaciones en el marco del Reglamento de Servicios Digitales para analizar los posibles riesgos derivados de sistemas de inteligencia artificial integrados en plataformas digitales.
En enero, Bruselas dio un nuevo paso en su ofensiva digital contra X. Esta vez, el Ejecutivo comunitario inició una nueva investigación contra el gigante tecnológico propiedad de Elon Musk por su servicio de inteligencia artificial Grok, centrada en la gestión de sus sistemas de recomendación y en la generación de contenido.
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El procedimiento analizará si la compañía ha examinado y solucionado adecuadamente los riesgos relacionados con la difusión de contenido ilegal en la Unión Europea. Entre los elementos que se estudiarán figura la propagación de imágenes sexualmente explícitas manipuladas, así como cualquier otro contenido que pueda constituir material de abuso sexual infantil.
Desde el departamento de la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen subrayaban que las falsificaciones sexuales no consentidas de mujeres y menores constituyen una forma de degradación violenta e inaceptable. «Con esta investigación determinaremos si X cumplió con sus obligaciones legales en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) o si trató los derechos de los ciudadanos europeos, incluidos los de mujeres y niños, como daños colaterales de su servicio», afirmó la responsable del área digital del Ejecutivo comunitario.
Las plataformas, bajo presión política
Por su parte, el Partido Popular Europeo sostiene que las plataformas “no son meros intermediarios”, ya que contribuyen a configurar el entorno digital y se benefician económicamente de él. Ante estos contenidos ilegales, el principal partido de la Eurocámara considera que “la actuación inmediata no es opcional, es obligatoria”.
“No se puede permitir que las plataformas tecnológicas obtengan beneficios económicos gracias a estas prácticas que menoscaban los derechos y la dignidad de millones de mujeres”, afirma la vicepresidenta del Comité de Derechos de la Mujer y eurodiputada popular Rosa Estaràs.
La eurodiputada pide además a los Estados intensificar los esfuerzos de aplicación, porque “la tecnología avanza demasiado rápido” y la obligación europea es anticiparse para proteger a las mujeres, a nuestros hijos y a todos los colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad.
Estrasburgo alerta de la “próxima frontera” de la violencia de género
El Comité de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, que preside la eurodiputada socialista Lina Gálvez, adoptó en febrero sus prioridades para la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. En ese documento, las eurodiputadas reclamaron una ofensiva global contra los deepfakes y el contenido sexual generado por inteligencia artificial, definidos como “la próxima frontera de la violencia de género”.
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Distintos análisis apuntan a que en el mundo se generan cada mes cerca de 900.000 deepfakes, una cifra que ilustra la velocidad con la que se está extendiendo esta tecnología. “El 8 de marzo ha de servir para recordar que los derechos fundamentales deben garantizarse también en el entorno digital”, concluye Estaràs. A lo que Ballarín añade que “también nos recuerda que la lucha contra la violencia digital es uno de los grandes retos de nuestro tiempo”. La vicepresidenta de la Comisión Europea Roxana Mînzatu resume el desafío que afronta la Unión Europea en esta nueva etapa tecnológica: “Las mujeres deben estar tan seguras en línea como fuera de ella”.
En el contexto actual, la protección de la igualdad y la dignidad de las mujeres se ha convertido también en una batalla tecnológica y jurídica. Europa pretende situarse a la vanguardia de esa respuesta, consciente de que la inteligencia artificial abre oportunidades, pero también nuevos espacios para la violencia que las democracias deben aprender a regular.