Cada día pasamos buena parte de nuestras vidas en un territorio que no aparece en los mapas: el espacio digital. Se trata, además, de un espacio tan determinante para nuestra vida democrática, económica y cultural, que no podemos permitirnos la improvisación. Cuando hablamos del espacio digital, regular, ordenar y garantizar derechos no es una opción: es una obligación.
Europa lo entendió a tiempo y fue pionera en materia de regulación digital. Entre 2022 y 2024, las principales leyes que estructuran nuestro mundo digital —el DSA para las plataformas, el DMA para los mercados, el Data Act para la economía del dato y el AI Act para la inteligencia artificial— fueron aprobadas por amplias mayorías en el Parlamento y por unanimidad de los Estados miembros. Son hoy la arquitectura de protección más avanzada del mundo. Y lo más importante: expresan quiénes somos. Nuestros valores, nuestra visión del Estado de derecho y nuestra voluntad de proteger a menores, ciudadanos, empresas y democracias frente al abuso y la manipulación en línea de las grandes empresas tecnológicas.
Nuestro mercado digital está abierto al mundo, pero no es un salvaje oeste. Quien quiera beneficiarse de sus 450 millones de consumidores debe aceptar sus reglas.
La soberanía europea no se declama: se construye
Ante el modelo de laissez-faire estadounidense y de dirigismo autoritario chino, Europa ha elegido el camino de la regulación y dela seguridad jurídica. Nuestro poder reside en el tamaño y cohesión del mercado interior y en un marco jurídico que protege a los usuarios, garantiza transparencia y preserva la calidad democrática de nuestro espacio informacional.
Precisamente por eso algunos intentan debilitarlo. En los últimos meses han proliferado presiones —desde la industria y desde socios externos— para diluir o reabrir piezas esenciales del edificio regulatorio europeo. Se habla de “simplificación”, de “fomentar la innovación”, de “evitar cargas”. Pero el objetivo real es erosionar los cuatro pilares que hemos construido con tanto esfuerzo. No caigamos en la trampa. No desmantelemos lo que nos protege justo antes de que entre plenamente en vigor. Defender la integridad de estas leyes es un acto de soberanía. Y también de lucidez geopolítica.
El omnibus digital y el mantra de la simplificación
El pasado 19 de noviembre, la Comisión europea ha publicado su propuesta de ómnibus digital. En este sentido, el término “ómnibus” parece ser la nueva receta mágica de la Comisión en este mandato, pretendiendo solucionar los problemas de innovación y competitividad a golpe de simplificación. Este nuevo paquete digital consta de dos pilares, o dos omnibuses.
En primer lugar, el ómnibus de Inteligencia Artificial suscita importantes preocupaciones, en particular en relación con la eliminación de la obligación de alfabetización para los empleados de las empresas que comercializan o utilizan inteligencia artificial. Además, la propuesta de la Comisión amplía la posibilidad de utilizar datos personales para corregir los sesgos en el entrenamiento de la IA y la eliminación de los sistemas de IA autoeximidos de la obligación de registro. La propuesta plantea también que se puedan hacer pruebas en situaciones reales (es decir, fuera del laboratorio) cuando se trate de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que estén dentro de productos ya regulados por otras leyes (como juguetes, ascensores o maquinaria industrial).
En cuanto al conocido como “stop the clock” —término que hace referencia al hecho de retrasar la implementación de leyes ya aprobadas—, se esperaba que la Comisión plantease un retraso de la aplicación de la totalidad de la legislación, algo a lo que el grupo socialista ha mostrado una oposición muy firme, expresada incluso por escrito en una carta a la vicepresidenta Virkunnen antes de la publicación oficial del texto.
Finalmente, la propuesta de la Comisión posterga entre uno y hasta dos años la entrada en vigor de determinadas obligaciones para la IA de alto riesgo (inicialmente previstas para agosto de 2026), justificando que las directrices previstas para facilitar su aplicación a las empresas no están aún listas.
«Cambios preocupantes»
En segundo lugar, el proyecto de ley “Data Omnibus” contiene cambios muy preocupantes, en particular en lo relativo al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la privacidad electrónica. La propuesta reduce el alcance de lo que se define como datos personales, disminuyendo así el nivel de protección del reglamento. También permite el tratamiento de datos personales sensibles para el desarrollo de sistemas de IA que se basen en el “interés legítimo”.
Además, el texto establece una excepción al tratamiento de datos biométricos cuando sea necesario para confirmar la identidad de la persona. Las ONG están extremadamente preocupadas por estos dos cambios. La propuesta también modifica la disposición sobre la toma de decisiones automatizada, sustituyendo la prohibición por una autorización, con condiciones como permitir su uso cuando sea necesario para la ejecución o celebración de un contrato.
Ahora nos toca a los colegisladores tomar posición en relación a estas dos propuestas legislativas. Europa tiene ante sí una oportunidad histórica: pasar de ser una potencia regulatoria a una potencia digital plena. Todo está sobre la mesa: el marco jurídico, el mercado, el talento, la voluntad política. Lo que está en juego no es solo competitividad o innovación. Es nuestra autonomía, nuestra democracia y nuestra capacidad de decidir nuestro destino en la era digital.
Y eso no se improvisa. Se construye. Día a día. Sin miedo y sin pedir permiso.
SOBRE LA FIRMA
Laura Ballarín es eurodiputada del Grupo de Socialistas y Demócratas. Es la coordinadora de su grupo en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO).