Durante años, en Bruselas se repitió un mantra: “renovables, renovables, renovables”. Y sí: las renovables son imprescindibles. Pero esta semana la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha verbalizado algo que muchos ciudadanos, técnicos y empresas llevan tiempo advirtiendo: dar la espalda a la nuclear fue un error estratégico para Europa.
No es una frase menor. Supone aceptar que la soberanía energética no se construye solo con objetivos, sino con un mix que garantice tres cosas básicas: electricidad disponible, a un precio razonable y con estabilidad en la red.
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La Comisión, además, ha presentado su nuevo paquete energético centrado en la asequibilidad y la seguridad del suministro. En este contexto, el debate nuclear deja de ser tabú. Se habla abiertamente de inversión, de alargar vida útil, de nuevos reactores modulares y de capacidad industrial europea. Si Europa quiere competir, descarbonizar e independizarse de terceros, no puede renunciar a una fuente firme, baja en emisiones y con tecnología europea.
La contradicción española
Y aquí aparece la gran contradicción española.
Mientras Europa rectifica, España sigue adelante con un calendario de cierre total de sus centrales nucleares que empieza por Almaraz en 2027. Escribo estas líneas tras visitar hace unas semanas la central con el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Este no es un debate teórico. Hablamos de empleos, de familias, de industria y de la seguridad del sistema eléctrico.
El pasado martes, desde la Delegación española del ECR, enviamos una carta a la vicepresidenta Ejecutiva Teresa Ribera, al Comisario Dan Jørgensen y a la presidenta von der Leyen. La acompañamos de una nota pública, alertando de una verdad incómoda: si España se autoimpone el apagón nuclear, aumentará inevitablemente nuestra dependencia del gas y de las importaciones energéticas. Y eso no sólo afecta a España, afecta a la Península Ibérica, a Portugal y a la estabilidad del sistema interconectado europeo.
Un debate de realismo
Lo que está en juego no es un simple debate de “nuclear sí o no”, sino si Europa puede permitirse perder capacidad energética a la vez que exige reindustrialización, más centros de datos, electrificación del transporte, desarrollo del hidrógeno y mayor autonomía estratégica.
La energía nuclear no compite con las renovables: las complementa. Cuando no hay viento o no hay sol, la economía no puede pararse. Los hospitales no pueden “esperar a mañana”. Y una red eléctrica moderna necesita estabilidad física, no sólo megavatios. Este debate es, sobre todo, un debate de realismo.
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Europa empieza a reconocerlo. Von der Leyen ha recordado que, desde 1990, el peso de la nuclear en la UE ha caído de aproximadamente un tercio a alrededor del 15%. Al mismo tiempo, la Comisión calcula que la nuclear hoy aporta alrededor del 23% de la electricidad europea y más de la mitad de la electricidad baja en carbono. Si hablamos de clima, esto importa. Si hablamos de precios, también. Si hablamos de independencia, aún más.
Por eso la Comisión estima necesidades de inversión de cientos de miles de millones hasta 2050 y ha presentado una estrategia para acelerar los pequeños reactores modulares (SMR). Europa no quiere quedarse atrás en una tecnología que el resto del mundo está impulsando.
España, sin embargo, parece decidida a hacer lo contrario: cerrar capacidad firme y sustituirla por más gas cuando falten renovables. Es un sinsentido climático y un error industrial.
Además, hay un factor que se oculta demasiado: la fiscalidad. Un informe de PwC concluye que la carga fiscal se ha incrementado más de un 70% en los últimos cinco años y que, entre 2025 y 2035, impuestos y tasas podrían superar el 40% de los costes totales de operación. Dicho de forma sencilla: se está empujando a una tecnología estratégica a la inviabilidad económica por decisión política.
Como miembro de la comisión ITRE y jefe de la delegación española del ECR, lo veo cada semana: cualquier inversor serio pregunta por precio de la energía, estabilidad de suministro y capacidad de red. Si cerramos nucleares sin una alternativa firme, perderemos competitividad, espantaremos inversión y frenaremos la creación de empleo.
Por eso, desde el ECR defendemos una vía concreta y razonable: revocar el marco normativo que conduce al cierre programado y sustituirlo por una nueva ley que permita extender la vida útil de las centrales, con seguridad, transparencia y un calendario realista.
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Existe, además, una dimensión europea que no podemos ignorar: las decisiones energéticas de España afectan a la seguridad de suministro en el sur de Europa. Lo que ocurra en España no se queda dentro de nuestras fronteras.
En Almaraz, además, el reloj corre. Otoño de 2026 es una fecha límite de facto. Una vez avanzan ciertos hitos técnicos, revertir el cierre se vuelve extremadamente difícil y costoso. Hay que actuar ya.
Europa tiene ahora una oportunidad: coherencia. Si la Comisión reconoce que penalizar la nuclear fue un error estratégico, no puede mirar hacia otro lado. La soberanía energética se construye con decisiones valientes basadas en evidencias.
El mensaje final es claro: no cerremos energía limpia y firme para abrir más gas y más dependencia. Si Europa quiere ser libre, primero tiene que ser capaz de encender la luz con sus propios recursos.
Sobre la firma...
Diego Solier es eurodiputado del grupo de los Conservadores europeos, miembro de ITRE y jefe de la Delegación española del ECR