Felipe VI alerta desde Estrasburgo: "La fuerza sin principios equivale a barbarie"

El mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, interviene ante los líderes económicos y políticos europeos desde el Foro Económico Mundial de Davos, el rey Felipe VI se ha dirigido a la comunidad internacional desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para diseñar la hoja de ruta del contiente en un momento en el que sus principios se tambalean.

En un discurso, con motivo de la conmemoración de los 40 años de España en el proyecto europeo, el monarca ha apelado a un mundo en el que, ha advertido, “nadie debe subestimar la capacidad de los europeos para responder a sus desafíos”. Un mensaje pronunciado en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica y tensiones transatlánticas.

A lo largo de su intervención ante el pleno, Felipe VI ha profundizado en los retos que afronta el sector digital europeo. En este sentido, ha defendido que el continente “debe evitar la burocracia y el exceso regulatorio”, al tiempo que ha instado a afrontar “el reto de la productividad, de la innovación y de la Inteligencia Artificial”. Según el jefe del Estado, los Veintisiete ya demostraron durante la pandemia “lo que pueden hacer cuando trabajamos juntos”.

"Tiempos oscuros" para el Rey

“Los tiempos que corren nos recuerdan, con demasiada frecuencia, que la fuerza sin principios equivale a la barbarie y que los meros principios, sin acciones que los respalden, conducen a la frustración”, ha afirmado el rey, en la víspera de la reunión de los jefes de Gobierno europeos en Bruselas para analizar la respuesta del continente ante las presiones procedentes de Estados Unidos.

Del mismo modo, Felipe VI ha querido mostrar su comprensión hacia quienes se muestran críticos con el desempeño de las instituciones comunitarias, al considerar que “el ejercicio de la crítica es un signo de que la democracia funciona”. Sin embargo, ha advertido de que “algunas críticas” ponen en riesgo los principios fundamentales del proyecto europeo, “sin los cuales Europa volvería a ser una mera noción geográfica”. “Nunca como en estos tiempos oscuros ha sido la idea de Europa tan necesaria”, ha sentenciado.

En materia de política exterior, el monarca ha respaldado “las soluciones basadas en normas y en el diálogo como cauce para resolver conflictos y promover la paz”. Tras las reiteradas declaraciones de Estados Unidos contra la soberanía de Groenlandia, el jefe del Estado español ha subrayado que “no se pueden aceptar planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo”.

El sello europeo

Madrid y Bruselas están separadas por más de 1.500 kilómetros, pero la distancia política entre ambas instituciones es cada vez menor. En el último año, cerca de la mitad de las normas aprobadas en el Congreso de los Diputados tuvieron su origen en decisiones adoptadas a nivel europeo. Desde la puesta en marcha del mercado único hasta las regulaciones más recientes sobre inteligencia artificial, la Unión Europea ha consolidado un modelo en el que muchas de las políticas que se debaten en Bruselas acaban influyendo directamente en la vida cotidiana de países como España.

Acciones tan habituales como utilizar un único cargador para distintos dispositivos electrónicos o viajar por Europa sin asumir costes adicionales por el uso del móvil son recordatorios constantes de ese impacto. Detrás de estos gestos cotidianos se esconden años de negociaciones comunitarias y acuerdos entre los Estados miembros.

Cuatro décadas de interdependencia

La conexión entre la gobernanza nacional y la europea ha marcado de forma decisiva los primeros cuarenta años de España dentro del proyecto comunitario. Desde su adhesión en 1986, el país ha incorporado a su ordenamiento jurídico cerca de siete mil disposiciones procedentes de la Unión. En los últimos años, los esfuerzos de transposición se han concentrado especialmente en ámbitos como la transición ecológica, la política agraria y la regulación del entorno digital.

Según un informe reciente del Parlamento Europeo, España ha integrado hasta ahora un total de 6.747 normas europeas, utilizando para ello distintos instrumentos legislativos —leyes orgánicas, reales decretos u órdenes ministeriales— con el objetivo de armonizar el marco legal nacional con el comunitario. Este proceso ha redefinido de manera profunda los derechos y deberes de la ciudadanía.

Décadas de cambios concretos

A lo largo de nueve legislaturas europeas —la actual es la décima—, las decisiones adoptadas en la Eurocámara han ido moldeando aspectos clave de la vida diaria. La creación del mercado único sentó las bases para la libre circulación de personas, bienes y capitales a finales de los años noventa, al tiempo que se reforzaba la protección de los consumidores frente a prácticas contractuales abusivas. Poco después llegó la introducción del euro y, ya en 2002, la puesta en marcha de la Orden Europea de Detención y Entrega.

En el ámbito social, la legislación comunitaria también ha acompañado avances significativos. Dos años después de la aprobación del matrimonio igualitario en España, la Unión impulsó normas para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo. El fin de las tarifas de roaming dentro del continente se haría esperar una década más, pero acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos más visibles de la integración europea.

En las legislaturas más recientes han destacado iniciativas como el Reglamento General de Protección de Datos en 2016, la prohibición de los plásticos de un solo uso en 2019 o la aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial en 2024, que sitúa a Europa como referente en la regulación tecnológica.

Bruselas en el Congreso

El análisis anual del Parlamento Europeo pone de relieve hasta qué punto el sistema legislativo español depende de las decisiones comunitarias. En 2025, el 45 % de las leyes aprobadas por las Cortes Generales derivaron de normas europeas, incluyendo ocho leyes orgánicas y cinco leyes ordinarias vinculadas a directivas o reglamentos de la Unión.

El Consejo de Ministros también ha desempeñado un papel clave en este proceso, con la aprobación de 48 reales decretos destinados a adaptar la normativa nacional a la europea. Agricultura, Pesca y Alimentación concentraron el mayor número de estas disposiciones, seguidas por el área de Transición Ecológica.

No obstante, España acumula retrasos. En el último año, la Unión Europea publicó 19 directivas pendientes de transposición y 48 reglamentos de aplicación directa, lo que eleva a 101 el número total de directivas aún no incorporadas al derecho nacional. En la mitad de los casos, el plazo legal ya ha expirado.

Advertencias desde la Comisión

Esta situación motivó que la Comisión Europea enviara en octubre un aviso formal al Gobierno español por incumplimientos en la aplicación del derecho comunitario. El toque de atención se enmarca en el paquete de procedimientos de infracción que el Ejecutivo comunitario activa contra los Estados que no cumplen con sus obligaciones.

Los retrasos detectados afectan a áreas como migración, seguridad, movilidad o estabilidad financiera. El procedimiento comienza con una carta de emplazamiento, en la que se solicita al Estado afectado que explique las causas del incumplimiento. Si las respuestas no resultan satisfactorias, la Comisión emite un dictamen motivado y concede un plazo —habitualmente de dos meses— para corregir la situación antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso español, las deficiencias señaladas incluyen la transposición de la directiva sobre intercambio de información entre Estados, la normativa contra los abusos sexuales a menores, la directiva sobre la firmeza de la liquidación y el cumplimiento de la legislación aérea relativa al cobro por el equipaje de mano.

Europa en lo cotidiano

Más allá de los debates parlamentarios y los trámites legislativos, la influencia de la Unión Europea se percibe en aspectos que a menudo pasan inadvertidos. Desde la protección de los derechos laborales hasta las normas de seguridad alimentaria, buena parte de las reglas que rigen la convivencia económica y social se acuerdan a nivel comunitario.

La política de consumo es un ejemplo claro: los estándares comunes sobre devoluciones, transparencia contractual o garantías mínimas permiten que un ciudadano español disfrute de los mismos derechos al comprar un producto en Francia o Alemania, fortaleciendo la confianza en el mercado interior.

En el entorno digital, la legislación europea ha actuado como contrapeso frente a las grandes plataformas tecnológicas. El Reglamento General de Protección de Datos no solo modificó la gestión de la información personal por parte de las empresas, sino que instauró una nueva cultura de la privacidad que ha cambiado hábitos tan extendidos como la aceptación de cookies o el uso de aplicaciones móviles.

También en materia medioambiental, las decisiones tomadas en Bruselas influyen en acciones tan simples como la separación de residuos o la reducción del uso de plásticos. La transición ecológica impulsada desde la Unión se traduce en obligaciones para las administraciones, pero también en nuevos derechos para la ciudadanía.

Europa no es un marco lejano ni abstracto, sino un entramado normativo que atraviesa la vida diaria. Entender esta relación resulta fundamental para valorar el papel de la Unión Europea como actor clave en la configuración del presente y el futuro de España.