Los servicios de investigación del Parlamento Europeo han identificado la energía nuclear como una de las alternativas estratégicas del continente frente a la dependencia de los combustibles fósiles. Funcionarios comunitarios argumentan en los pasillos de Estrasburgo que se trata de una tecnología que genera pocas emisiones de carbono y que, en algunos países, llega a suponer cerca del 25% de la electricidad producida.
Bajo este paraguas, el Parlamento Europeo ha enviado a Almaraz una misión oficial para estudiar sobre el terreno el impacto de una posible clausura de la central nuclear extremeña.
Una misión europea en Almaraz
Las agendas de las misiones parlamentarias suelen ser apretadas, encadenando visitas técnicas y reuniones institucionales. A su llegada a Cáceres, Demócrata ha conversado con uno de los eurodiputados que participarán durante los tres días en esta misión observadora.
Diego Solier, miembro del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), defiende lo que define como “neutralidad tecnológica”. Desde la familia política de la primera ministra italiana Giorgia Meloni sostienen que “no se puede bloquear ningún tipo de energía”, ya que debería ser cada Estado miembro quien diseñe “el mix energético que más le favorezca”.
A su juicio, si un país como España quiere liderar la reindustrialización digital —incluyendo la construcción de gigafactorías de inteligencia artificial y centros de datos— debe apostar por una energía “asequible” y estable.
“No estamos en contra de las renovables, pero cuando la ideología choca con la realidad nos damos cuenta de que no podemos ser tan fanáticos”, explica Solier. El cuarto grupo parlamentario de la Eurocámara insiste en que, una vez “se tiene en cuenta la física”, se observa que “con las renovables no basta para ser suficientes”.
El choque político: Extremadura en el centro
Desde el Partido Popular Europeo (PPE) sostienen que el cierre de la central supondría dar “la espalda a Extremadura” y poner en riesgo miles de empleos, así como el desarrollo económico de toda la comarca. Su eurodiputada, Elena Nevado, afirma que la visita permite "comprobar sobre el terreno si el Gobierno de España tiene un plan realista para compatibilizar el cumplimiento de los objetivos climáticos comprometidos con Europa".
La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido quien ha recibido a la misión, que también se ha reunido con otros miembros del gobierno autonómico, entre ellos la consejera de Agricultura. La visita no ha estado exenta de polémica en clave nacional. Desde el Parlamento Europeo se solicitó un encuentro con la vicepresidenta segunda del Gobierno y responsable de la cartera energética, Sara Aagesen. Sin embargo, desde Moncloa se habría decidido ofrecer una cita alternativa con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
Demócrata Bruselas
Sánchez Amor: "Las misiones no pueden ser parciales de antemano"
Al ser cuestionado al respecto por Demócrata, el eurodiputado socialista, Nacho Sánchez Amor, denuncia "el veto del PP a que el Parlamento se reúna con representación del Gobierno".
"No podemos las instituciones y el dinero del contribuyente de forma partidista. Extremadura no puede ser una baza ventajista para el PP en su cruzada contra el gobierno", critica.
Lo relevante es que la única autoridad competente sobre la central es el Ejecutivo. En este sentido, los populares habrían rechazado el encuentro con Quintana para subrayar que nadie del Ministerio “se ha dignado a recibir a esta misión del Parlamento Europeo”. Sí se produjo, en cambio, una reunión con la plataforma ciudadana Sí a Almaraz y Sí al Futuro, una de las impulsoras de la iniciativa.
Visita técnica con parada en Cabañeros
A lo largo del martes, los eurodiputados visitarán la central para intercambiar opiniones con trabajadores y expertos. Posteriormente, se desplazarán hasta Toledo con la intención de abordar otras inquietudes manifestadas en varias peticiones ciudadanas.
Entre ellas destacan denuncias sobre la insuficiente protección medioambiental, la degradación de la biodiversidad y supuestas lagunas en la aplicación de la legislación ambiental europea en el Parque Nacional de Cabañeros.
La misión está liderada por el diputado conservador polaco Bogdan Rzonca y cuenta con la presencia de eurodiputados españoles como Elena Nevado (PPE), Nacho Sánchez (S&D), Juan Carlos Girauta (Patriots) y Diego Solier (ECR).
La política energética de Bruselas: descarbonización y seguridad
En los últimos años, Bruselas ha basado su política energética en cuatro principios clave: descarbonización, competitividad, seguridad del abastecimiento y sostenibilidad.
En la práctica, el objetivo es garantizar el correcto funcionamiento del mercado energético europeo mientras se asegura un suministro estable. La Comisión trabaja en ello mediante la promoción de la eficiencia y el ahorro energético, la interconexión de redes y el diseño progresivo de una auténtica Unión de la Energía.
De cara a 2030, la UE se ha propuesto incrementar la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final hasta el 42,5%, con la voluntad de alcanzar el 45%. Además, se espera lograr una reducción del consumo de energía primaria y final del 11,7% en comparación con las previsiones de 2020.
Bajo este marco, hace solo un año se puso en marcha el Pacto por una Industria Limpia, ideado para movilizar cerca de cien mil millones de euros. El objetivo es acelerar la adopción de renovables mediante la actualización de las normas de inversión y de los procesos de ayudas estatales. Los Veintisiete están obligados a elaborar planes nacionales integrados de energía y clima con horizonte decenal, acompañados de informes de situación cada dos años.
El calendario de cierre en España
Cuando la actual vicepresidenta ejecutiva responsable de Transición Limpia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, era ministra en España, firmó en 2019 el calendario de cierre nuclear con Iberdrola, Endesa y Naturgy. Por ello, el Ejecutivo sostiene que el posible cierre de Almaraz es un proceso ya acordado con las empresas eléctricas.
En un encuentro el pasado año en Bruselas, Guardiola solicitó a Ribera la intervención de la Comisión en el “desmantelamiento” de la central, en un contexto internacional donde —según defendió— es fundamental velar por la soberanía energética europea. “Es importantísimo que siga viviendo esta central nuclear, que está dando de comer a más de 3.000 familias en Campo Arañuelo”, afirmó entonces. Según el calendario acordado, el primer reactor cesaría su actividad en noviembre de 2027 y el segundo en octubre de 2028.
Un informe con alcance limitado
El alcance de la misión, acordada tras una intervención de la plataforma Sí a Almaraz ante la Comisión de Peticiones, es limitado. Diversas fuentes consultadas por Demócrata señalan que el resultado se reflejará en un informe final que profundizará en el impacto industrial y económico que podría tener esta decisión.
No será una varita mágica legislativa, pero sí un documento que añadirá presión política y argumentos técnicos al debate. Bruselas, al fin y al cabo, también funciona a base de informes… y de pasillos.
En la Unión Europea se ha consolidado un bloque de doce países que consideran la energía nuclear una herramienta clave para avanzar hacia un modelo energético más competitivo y con menores emisiones.
Esta coalición, impulsada principalmente por Francia —el Estado miembro con mayor capacidad nuclear, con 56 reactores— incluye también a Bulgaria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y Suecia.
Su apuesta abarca tanto los grandes reactores convencionales como los nuevos reactores modulares pequeños (SMR), vistos como una vía para reforzar la independencia energética europea.
Alemania, el polo opuesto
En el extremo contrario se sitúa Alemania, que decidió poner fin a la energía nuclear en 2023 y continúa mostrando reticencias hacia su uso.
No obstante, el país ha orientado parte de sus esfuerzos hacia la investigación en fusión nuclear como posible alternativa futura. En este contexto, el canciller democristiano Friedrich Merz criticó recientemente el cierre, calificándolo como un “error grave” y advirtiendo de que la transición energética alemana podría convertirse en la más cara del mundo.
Mientras tanto, España sigue un camino distinto, centrado en el desarrollo de las energías renovables y en el cierre gradual de sus centrales nucleares. El plan contempla la desconexión progresiva de los siete reactores operativos, con la promesa de garantizar un suministro suficiente mediante fuentes alternativas.
Sin embargo, esta postura empieza a mostrar matices. Ribera ha adoptado en Europa un tono menos rígido: en lugar de mantener un rechazo frontal, se ha mostrado más abierta a un mix energético diversificado y ha asegurado que no obstaculizará la expansión nuclear, reconociendo su papel potencial en la estabilidad del sistema eléctrico.
La misión enviada a Almaraz refleja el dilema energético europeo. Entre la urgencia climática, y la soberanía estratégica, la energía nuclear vuelve a colocarse en el centro de la conversación. España, comprometida con un cierre progresivo, se enfrenta al debate creciente sobre si la transición puede sostenerse únicamente con renovables o si será necesario mantener parte del parque nuclear como respaldo.
En Bruselas, donde cada kilovatio se discute casi con la misma pasión que un reglamento agrícola, Almaraz se ha convertido en mucho más que una central: es una prueba de hasta qué punto Europa puede equilibrar futuro, empleo, industria y descarbonización… sin que salten los plomos.