“Estamos preparando diferentes opciones. La posibilidad de subvencionar o limitar el precio del gas”, reconoció este martes la líder del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, al analizar las medidas que estudia Bruselas para evitar un shock energético a causa de la guerra en Oriente Medio. Lejos de la autocomplacencia, en la capital comunitaria son conscientes de que, pese a estar mucho más preparados que hace años, el continente no es inmune a las fluctuaciones de precios.
Diez días después de que comenzase el conflicto en Oriente Medio, el coste del gas se ha incrementado un 50% y el del petróleo un 37%. La Comisión denuncia que mientras el continente siga importando combustibles fósiles de regiones inestables “seremos vulnerables y dependientes”. Por este motivo, Von der Leyen ha lanzado un aviso a aquellos que con la actual crisis abogan por volver a mirar a los combustibles fósiles del Kremlin: “Esto sería un error estratégico”, explica, ya que haría a la Unión todavía más débil.
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Los cuatro componentes de la factura energética
A la hora de analizar la forma de intervenir en las facturas energéticas de los ciudadanos, Bruselas pide tener en cuenta cuatro componentes para lograr dibujar el marco completo de la situación actual. El coste de la energía, que representa más de la mitad de la factura; las tarifas de la red, el 18%; los impuestos, el 15%; y el coste del carbono, que estaría cerca del 10%. En cualquier caso, se trata de promedios que “varían según la combinación energética de cada Estado miembro”.
Europa ya rediseñó su mercado energético en 2024, apostando por el modelo marginalista, en el que el precio de la electricidad se fija por la última central necesaria para cubrir la demanda en cada momento. De esta forma, bajo una especie de “subasta”, las centrales ofertan su electricidad de la más barata a la más cara y se activan hasta cubrir toda la demanda. La última que entra, que normalmente suele ser una central gasística, fija el precio que cobran todas las demás, pese a producir más barato. ¿Por qué? Lo que se pretende es garantizar que siempre haya suficiente oferta y dar señales de inversión.
Para la máxima dirigente, este sistema “ha dado resultados” y habría constatado que existe un “apoyo generalizado al sistema actual”. Ahora bien, tal y como reconocen los más críticos con el modelo, Von der Leyen cree que es necesario reducir el impacto en los costes cuando el gas fija el precio de la electricidad. Tras el retiro informal de los líderes europeos en febrero, Von der Leyen reconoció haber mantenido un “intenso debate” sobre la reforma del diseño del mercado. Incluso llegó a insinuar que en la reunión del Consejo Europeo de la próxima semana presentaría “diferentes conclusiones sobre si es el momento de avanzar en el diseño del mercado o si aún estamos bien en este diseño”. Algo que por el momento parece haber aparcado, centrando sus esfuerzos en controlar el precio final.
Subvenciones o topes al gas
De esta manera, lo que la alemana estaría planteando es la posibilidad de que estas subvenciones o topes al gas se apliquen para paliar el efecto que la subida del gas acaba generando en otro tipo de energías. “Es crucial que reduzcamos el impacto”, sentenció. ¿Cómo? Europa también tiene en la cartera la posibilidad de desplegar medidas de ayudas estatales o un mejor uso de los contratos a largo plazo.
Suenan vientos lejanos. No es la primera vez que el continente empieza a discutir esta solución. Al comienzo de la invasión rusa sobre Ucrania, los veintisiete fijaron un límite en los 180 euros por megavatio hora para el índice europeo de referencia del gas. Esto nunca llegó a ser empleado a raíz de las duras condiciones asociadas a la intervención.
Atenas se adelanta
Grecia ya ha movido ficha. Su primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, ha adelantado que su país fijará un tope de tres meses a los márgenes de beneficio en combustibles y productos de supermercado.
Con todo, Bruselas se siente más cómoda en el plano fiscal que ante propuestas de carácter más intervencionista. Pese a ser competencia nacional, Ursula von der Leyen sí que quiso profundizar en su primera intervención ante la Eurocámara tras el inicio del conflicto en la propuesta de algunos Estados de aplicar impuestos del 0% a la electricidad al por menor, frente a aquellos que aplican más del 16%. La Comisión Europea se ha mostrado favorable a rebajar la carga impositiva en numerosas ocasiones como medio para rebajar costes.
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La opción favorita de Bruselas
Durante una rueda de prensa esta misma semana, el titular de Energía comunitario, Dan Jorgensen, abrió la puerta a que aquellos Estados miembros que tengan “la posibilidad de bajar los impuestos a la energía” lo hagan, “especialmente a la electricidad”, apuntó. Esto, según sus estimaciones, podría llegar a reducir de media unos 200 euros al año la factura energética.
“La crisis general del coste de la vida se determina en parte por los altos precios de la energía, así que necesitamos actuar”, afirmó el danés, aunque no se apresuró a desvelar nuevas medidas a causa de la guerra en Irán. En el edificio Berlaymont insisten en que, en caso de que la situación empeore, sí que se desplegarían medidas que, en cualquier caso, serían temporales y específicas. “No estamos hablando de un cambio en la estructura de fijación de precios”, deslizó.
En el plan para una energía asequible, presentado por el Ejecutivo en octubre de 2025, ya se planteaba la posibilidad de este tipo de rebajas fiscales. El documento incluía siete acciones específicas para apoyar a las industrias electrointensivas, así como un mayor uso de los fondos de cohesión. “Es nuestra responsabilidad ofrecer soluciones concretas con rapidez”, explicaban en las instituciones europeas.
Así y todo, piden no abandonar la calma ni perder de vista la estabilidad presupuestaria. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, expresó que aquellos gobiernos que opten por esta vía como solución a la escalada de precios deberán tener en cuenta no comprometer “la sostenibilidad fiscal”. En esta línea, al igual que Jorgensen, se mostró más predispuesto a respuestas selectivas y limitadas en el tiempo.
El precedente de la excepción ibérica
El eurodiputado socialista Nicolás González Casares, que fue ponente de la reforma del mercado eléctrico, observa similitudes con lo ocurrido “cuando la Guerra de Ucrania nos llevó a precios nunca vistos”. Afirma que incluso lo que propone Von der Leyen se asemeja a la “excepción ibérica”, que posibilitó al Gobierno español un mayor control de los precios pagados por los consumidores.
Alerta de que un tope genérico al gas puede aumentar el consumo y la dependencia europea. En cambio, según su criterio, la verdadera opción europea debería ser apostar por las energías renovables. “En las actuales normas del mercado eléctrico existe la posibilidad de declaración de una crisis de precios, pero los umbrales fijados son tan altos y el tiempo que puede llevar su declaración tan lento que deberían avergonzar a la propia Comisión Europea”, lamenta.
Presión política en España
En el plano nacional, Sumar está presionando para que el Gobierno apruebe un paquete económico que incluya este tope al gas. En 2022, España pudo limitar el precio del gas con el objetivo de abaratar la factura eléctrica. Este sistema fijó inicialmente un tope de 40 €/MWh al gas, que luego fue aumentando progresivamente hasta una media de 48,8 €/MWh.
España y Portugal lograron aplicarlo al argumentar que la península es casi una “isla energética” por su baja interconexión con el resto de Europa. Esto hacía que el precio del gas acabase distorsionando el coste de la electricidad. El Ejecutivo estimó que redujo en torno a un 15% la factura eléctrica.
En cualquier caso, en el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, secretaria de Estado cuando se aprobó esta excepción, no quieren adelantar escenarios y aguardan a las decisiones que se tomen durante el Consejo Europeo. “Actuar unidos es la respuesta más eficiente”, afirmó la ministra.