El Parlamento Europeo comienza esta semana a rematar la primera de las aristas del plan de simplificación impulsado por la Comisión Europea, que consta, hasta el momento, de seis paquetes ómnibus para reducir la carga administrativa y relanzar las inversiones. En concreto, el Comité de Asuntos Jurídicos aborda y vota la propuesta de informe del paquete Ómnibus I, así como sus enmiendas.
Este primer bloque es el relativo a los informes que las empresas deben presentar sobre sostenibilidad y las obligaciones que tienen para actuar de forma responsable. Durante la votación estarán en juego algunas de las principales demandas de la industria española.
Lo que persigue el Ejecutivo comunitario es simplificar las normas sobre responsabilidad empresarial, mejorar los requisitos de sostenibilidad y reducir la burocracia, manteniendo al mismo tiempo los objetivos medioambientales y sociales. En noviembre de 2024, los Veintisiete pidieron que se simplificaran las normas sobre sostenibilidad, reduciendo al menos un 25% los requisitos de información que deben cumplir las empresas antes de mediados de 2025. En respuesta, se presentó un paquete de medidas llamado Ómnibus I, que simplifica varias normas sobre sostenibilidad, entre ellas la CSRD, la CSDDD, la taxonomía de la UE y el mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM).
La propuesta de informe elaborada por un eurodiputado popular sueco se centra en disminuir la burocracia para las empresas, proponiendo umbrales más altos para la presentación de los informes requeridos, así como aumentar el número de empleados y el volumen de negocios. De la misma forma, el ponente quiere limitar la información que las grandes compañías pueden solicitar a sus socios comerciales más pequeños. Sobre el plan de transición climática, se pide derogar sus disposiciones por considerarlas desproporcionadas, y se propone el establecimiento de un portal digital único para facilitar el cumplimiento de los informes.
En cuanto a las enmiendas con firma española que se debatirán en el Comité, hacen hincapié en la necesidad de aumentar ese umbral de aplicación a través de una ampliación de la obligación de informar individualmente a empresas que superen los tres mil empleados y un volumen de negocios neto mundial de más de 450 millones de euros.
Para mitigar el efecto cascada sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES), el PP quiere reducir la información que las entidades pueden reclamar a sus socios en la cadena de valor que no estén obligados a informar, restringiéndolo a lo especificado en las normas de uso voluntario.
Además, se ha solicitado que la Comisión adopte directrices sectoriales específicas para apoyar a las empresas en sus evaluaciones de materialidad. Por su parte, desde Los Verdes se exige el rechazo total de la propuesta de la Comisión, y desde el PSOE se habla de mantener la ambición regulatoria original. Los socialistas son partidarios de mantener los umbrales de aplicación originales y se oponen a eliminar las obligaciones de información sectorial.
Enmiendas del PP
Adrián Vázquez, Maravillas Abadía y Javier Zarzalejos son los firmantes de las enmiendas que ha presentado el Partido Popular a la propuesta de informe.
Aumento de Umbrales de Reporte. Se proponen umbrales de aplicación mucho más altos que en la propuesta inicial de la Comisión (mil empleados). Específicamente, solicitan que los requisitos de reporte de sostenibilidad se exijan solo a grandes grupos que superen los tres mil empleados en promedio y una facturación anual superior a los 450 millones.
Taxonomía. Se plantea la exención de las obligaciones del Reglamento de Taxonomía -que exige informar públicamente sobre la medida en que las actividades empresariales están asociadas a actividades económicas consideradas sostenibles- a compañías cuyo volumen de negocio neto no exceda los 1.500 millones de euros durante el ejercicio.
Cadena de valor. La propuesta popular defiende establecer límites estrictos para lo que las entidades pueden solicitar a sus socios de la cadena de valor que están fuera del alcance de reporte. Se habla de limitar este requerimiento a empresas con menos de tres mil empleados y a una facturación neta de más de 450 millones a lo especificado en las normas voluntarias.
Stakeholders. Buscan garantizar la claridad legal en la definición de las partes interesadas centrándose solo en aquellos directamente afectados por impactos adversos claramente vinculados a la empresa o sus socios directos, para evitar cargas desproporcionadas.
Directrices sectoriales. Se aboga por que la Comisión adopte directrices específicas por sector para apoyar a las empresas en la realización de sus evaluaciones de materialidad.
Penalizaciones. Para empresas y grupos no europeos, proponen que el cálculo de las sanciones financieras tenga en cuenta los ingresos consolidados de la sociedad matriz final.
Alto riesgo. En las propuestas de enmiendas presentadas por Zarzalejos, se propone añadir definiciones específicas para «área geográfica de alto riesgo» y «sector de alto riesgo» a la Directiva CSDDD, lo cual se considera fundamental para el enfoque basado en riesgos que debe adoptar la diligencia debida.
PYMES. Se propone la creación de un punto de contacto directo dedicado para PYMES dentro del «Single Helpdesk» (Mesa de Ayuda Única) para que puedan buscar información y orientación sobre sus derechos y protecciones en la CSDDD. Se presta especial atención en lo que respecta a garantías contractuales y el apoyo que deben recibir de las grandes empresas.
¿A qué empresas españolas afectan estas enmiendas?
Las empresas en las que más repercutirá la medida son aquellas que cuentan entre mil y tres mil empleados. Las enmiendas populares proponen que los requisitos de información se apliquen solo a las que superen dicho umbral. De esta forma, si la propuesta prospera, el grupo de grandes empresas quedará excluido de las obligaciones de reportes de sostenibilidad. Esto reducirá su burocracia y costes administrativos.
De la misma forma, si las propuestas relacionadas con las PYMES reciben el visto bueno, las empresas que forman parte de la cadena de valor de una gran empresa verían limitada la cantidad de información que se les puede requerir. Se restringiría solo a la información especificada en los estándares de uso voluntario.
Enmiendas del PSOE
En los textos socialistas, los eurodiputados Javier Cepeda y Leire Pajín constan como firmantes.
Garantía y transparencia en Auditoría. En sus propuestas, abogan por que la entidad utilizada para dar seguridad a los informes de sostenibilidad no sea la misma que realiza otras auditorías legales para la empresa. Además, se busca que si utilizan más de una firma, al menos una tenga cuota de mercado total en la UE no superior al 10% para fomentar la competencia. Quieren que el informe de garantía incluya las tarifas.
Alcance de Reporte. El PSOE se opone a la reducción del alcance del reporte de sostenibilidad solo a empresas con más de mil empleados. Su propuesta es que las obligaciones se apliquen a todas las grandes empresas, y también a instituciones sujetas a la supervisión directa del Banco Central Europeo.
Reporte Sectorial. Proponen eliminar la facultad de la Comisión de adoptar estándares sectoriales de reporte de sostenibilidad para evitar un aumento en el número de datos que las entidades deben reportar.
Plan Climático. Los socialistas muestran su rechazo a eliminar el requisito de que las compañías pongan en práctica su plan de transición climática. Defienden que reemplazar esta obligación podría llevar al greenwhasing y debilitar la cogerencia de la directiva.
Cadena de Valor. El objetivo es que las solicitudes de información a las PYMES sean proporcionadas y se fundamenten en un enfoque basado en riesgos. Se trataría de no imponer una carga indebida a las pequeñas empresas, lo que enfronta con la propuesta de limitación estricta de información solicitada en la cadena de valor.
Responsabilidad civil. Son contrarios a prescindir del régimen armonizado de responsabilidad civil a nivel comunitario. Sostienen que esto llevaría a incertidumbre legal y a una fragmentación del mercado interno.
¿A qué empresas españolas afectan estas enmiendas?
Si las enmiendas socialistas prosperan, se exigiría a las empresas que cuenten con más de 500 empleados publicar un informe individual de sostenibilidad. El grupo considera que estas compañías deben reportar bajo estándares simplificados para asegurar la disponibilidad de datos clave.
Si bien reconocen la necesidad de evitar la excesiva burocracia, quieren eliminar la cláusula que restringe la información que se puede solicitar a las PYMES. Por ello, si la propuesta sale adelante, podrían seguir recibiendo solicitudes de datos de sostenibilidad más detalladas que las cubiertas por el estándar voluntario.
En cuanto a los planes climáticos, no solo se obligaría a “adoptar” uno, sino también a “ponerlo en práctica”. Esto transforma la exigencia de un mero cumplimiento documental en una obligación de medios reforzada para garantizar la compatibilidad del modelo de negocio con los objetivos climáticos.
Camino legislativo
Una vez el ponente ha presentado su informe y los eurodiputados han registrado sus propuestas alternativas, el Comité de Asuntos Jurídicos llega a la sesión de este lunes 13 de octubre. Ahí se votarán las enmiendas presentadas por cada uno de los miembros, que precisan únicamente de mayoría simple para adoptarse e introducirse en el texto. Una vez se hayan votado todas, se someterá a escrutinio el texto final, con las enmiendas incorporadas. De ahí, saldrá al Pleno. Se espera que se tramite en la próxima sesión de Estrasburgo, la semana del 20 de octubre.
En el Pleno, las enmiendas tienen una nueva oportunidad. Los grupos políticos, o 37 eurodiputados, pueden presentar enmiendas “vivas” adicionales al texto que ya habría aprobado el Comité. Se debatirían y votarían antes del voto final. Ahí, se requiere mayoría simple de los votos emitidos. En ese momento, el texto se convertirá en la posición del Parlamento en primera lectura. Es entonces deber del Consejo de la Unión Europea continuar con el proceso legislativo. El Consejo puede aceptar el texto tal cual (y el acto se adopta), proponer enmiendas (lo que abre una segunda ronda de lecturas) o rechazarlo. De proponer cambios, estos volverían a la Eurocámara.
Consecuencias en España
Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay entorno a 963 empresas que entran en el rango de mil y cinco mil empleados, entre ellas las principales afectadas por estos cambios normativos. De forma específica se concentran en sectores clave como servicios, industria, distribución, construcción, comercio, además de sanidad y logística.
Sector | Clase de empresa | Ejemplos |
---|---|---|
Industria alimentaria | Fabricantes, procesadoras | Campofrío, Calidad Pascual |
Automoción y maquinaria | Fabricantes | SEAT, Gestamp |
Logística y transporte | Operadores logísticos | Correos Express, DHL |
Comercio minorista | Supermercados, retail | Alcampo, MediaMarkt |
Servicios generales | Limpieza, seguridad, outsourcing | Grupo Eulen, Securitas |
Construcción | Infraestructuras, obra civil | Sacyr, Ferrovial |
Sanidad y farmacia | Hospitales, laboratorios | Sanitas, Quirón |
Banca y seguros | Entidades financieras | CaixaBank, Mapfre |
Social/educativo | ONG, cooperativas educativas | ONCE, Fundación La Caixa |
El principal choque entre las enmiendas de los grupos está en el alcance que tiene que tener la simplificación regulatoria, de forma resumida se presentan las siguientes posiciones:
Postura | Argumento Clave / Propuesto Umbral |
---|---|
Borrador / Comisión | Reducir la obligación de informar a grandes empresas con más de 1.000 empleados. |
Simplificación Extrema | Proponen umbrales mucho más altos: más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación o más de 10.000 empleados y altos umbrales financieros |
Ambición / Enfoque Escalonado ( | Se oponen a la exclusión de empresas entre 500 y 1.000 empleados. Proponen un enfoque de tres niveles, reintroduciendo una categoría de «medianas-grandes» (500-1.000 empleados) con normas simplificadas. |
Ambición total | Rechazan la reducción de alcance (eliminación del umbral de 1.000 empleados en el texto legal). Argumentan que la reducción disminuiría la disponibilidad de datos clave, como las emisiones de GEI, dificultando la gestión de riesgos. |