En política, como en las trincheras, no basta con compartir enemigo: hay que saber elegir a los compañeros de batalla. Y en Bruselas, donde los pasillos son largos y las alianzas a veces más frágiles que un acuerdo de madrugada, la relación entre el Partido Popular y Vox sigue marcada por la tensión permanente.
Desde antes incluso del inicio de la actual legislatura europea, en la campaña electoral la tensión era evidente. Ataques cruzados, acusaciones de "pinzas": ambas formaciones han alternado momentos de cooperación estratégica con episodios de choque frontal. Coinciden en votaciones clave, pero se reprochan mutuamente incoherencias ideológicas.
Mercosur: el campo como terreno de batalla
El último gran encontronazo entre las dos principales fuerzas de la oposición española se produjo con motivo de la ratificación del acuerdo comercial con el bloque del Mercosur. Más concretamente, a raíz de la aprobación en el Parlamento Europeo del reglamento de salvaguardias.
Este instrumento articula las cláusulas de protección mediante las cuales la Comisión Europea puede abrir investigaciones y, en un plazo de poco más de veinte días, activar sanciones específicas si se detecta un impacto negativo sobre sectores agrícolas sensibles. Un expediente legislativo cuya negociación lideró el eurodiputado popular Gabriel Mato. Para Génova, la aprobación de este texto era fundamental: se trataba del argumento técnico que necesitaban para dar su brazo a torcer respecto al acuerdo comercial. Dicho de otra manera, un “sí, pero con condiciones” para tranquilizar a los sectores agrarios y sortear el órdago de Vox en el campo.
Sin embargo, Vox se apresuró en confirmar su rechazo. “Las salvaguardias que ahora se presentan no cambian nada de fondo. No funcionan como un mecanismo preventivo”, sostienen fuentes del partido en la Eurocámara. El jefe de la delegación española en Estrasburgo, Jorge Buxadé, llegó a afirmar que Mercosur era un intento de “engañar al campo con parches que no protegen”.
El acuerdo ha puesto en evidencia las grietas entre ambas formaciones. Aunque inicialmente el PP amenazó con bloquear la medida, terminó alineándose con su familia europea —la misma de la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen— y rechazó remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por su parte, los Patriotas defendían consultar al alto tribunal para evaluar la adecuación jurídica de estos tratados. Para Vox, acudir al TJUE era un paso necesario; para el PPE, un obstáculo burocrático que solo serviría para perder tiempo en la negociación, a la espera ahora de que el Tribunal confirme su posición. En Bruselas, donde todo tarda meses, perder tiempo es casi un deporte institucional, pero no todos lo practican con la misma paciencia.
La aplicación provisional: Bruselas manda, Estrasburgo observa
Incluso algunos miembros de Vox afirmaban en los pasillos del Parlamento que la aplicación provisional del acuerdo —en la que ya trabaja el Ejecutivo comunitario— debería pasar por la Eurocámara. Sin embargo, la aplicación provisional es competencia exclusiva de la Comisión Europea y no necesita el visto bueno parlamentario. Un detalle técnico que a la hora de negociar resulta calve no obviar.
Otra de las desavenencias en el bloque de las derechas ha venido a raíz de la regularización de casi medio millón de migrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un día después del anuncio, Vox confirmó que había registrado una petición para que el asunto se discutiese en un debate extraordinario en la Comisión de Libertades, presidida por el popular Javier Zarzalejos.
En cambio, el equipo de la delegación que dirige Esteban González Pons fue más cauteloso en las primeras horas. Su ofensiva se centró en impulsar un debate en la sesión plenaria de febrero y en registrar una batería de preguntas dirigidas a la Comisión Europea. Finalmente, fue la mayoría del Partido Popular Europeo —la mayoritaria en Bruselas— junto con el apoyo del Grupo de los Patriotas, la que consiguió que el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, tuviera que pronunciarse en Estrasburgo.
Durante el debate, Brunner lanzó advertencias generales a los Estados miembros, sin mencionar explícitamente a Sánchez: un permiso de residencia comunitario “no es un cheque en blanco”. En aquella ocasión, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, interpeló directamente al Ejecutivo preguntando si en Bruselas eran conscientes “de que en 48 horas esos inmigrantes circularán libremente por Schengen”.
Meloni y el “bloqueo naval”: cuando Vox acusa al PP de copiar
Lejos de cerrar la grieta abierta por el debate migratorio, el proyecto de ley italiano que busca fijar nuevas herramientas para frenar la inmigración “ilegal masiva” ha reavivado la llama.
La medida incluye un “bloqueo naval” de embarcaciones que se dirigen hacia las costas italianas. Entre las filas del PP europeo, la propuesta ha sido recibida con aplausos. Su número tres, la eurodiputada Alma Ezcurra, defendió que “no es un experimento aislado” y la calificó como “política real”.
Vox, sin embargo, respondió con dureza. El eurodiputado Hermann Tertsch replicó que el partido de Núñez Feijóo “llega con ocurrencias que son propuestas de Vox que previamente había rechazado con vehemencia”. “Votó que no a la propuesta de despliegue naval para bloquear la invasión de ilegales y ahora le parece estupendo porque la aplica Meloni”, sentenció el partido de ultraderecha.
Ezcurra contestó en redes sociales aclarando que lo que Vox planteó fue una “NL-titular, sin encaje jurídico, contrario a la ley y al propio criterio de la Armada española”. Y añadió, con ironía, que era una institución “a la que (estoy segura) ambos partidos respetamos”. En la capital belga, los tuits a veces pesan casi tanto como las enmiendas.
Dos derechas, dos estrategias: poder institucional frente a oposición frontal
La hoja de ruta del Partido Popular Europeo para esta legislatura pasa por hacer uso de su mayoría en la Eurocámara para influir en cada expediente legislativo. Génova se ha asegurado ponencias clave, como:
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El informe sobre la crisis de vivienda, con Borja Giménez como ponente.
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El paquete de reforma del mercado farmacéutico, impulsado por la propia Montserrat.
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Fernando Navarrete Rojas ponente del informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas 2025 (ECON).
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Carmen Crespo Díaz ponente del informe sobre el futuro de la agricultura y la PAC post-2027 (AGRI).
El PP busca gestionar desde dentro, influir en la maquinaria comunitaria y consolidar su papel como partido de gobierno europeo. Por su parte, los Patriotas quieren vender una “pinza” entre socialistas, liberales y populares para sostener a la Comisión Von der Leyen. En esta legislatura han registrado hasta cuatro mociones de censura contra el Ejecutivo comunitario, todas rechazadas. También se han posicionado en contra de medidas como la reforma de la ley del cabio climático, en la que algunos parlamentarios populares también han mostrado su rechazo.
Aun así, Vox sí ha prestado sus votos cuando el PP lo ha necesitado. Uno de los paquetes de simplificación más relevantes —que incluía flexibilización de normas ambientales para empresas— estuvo cerca de fracasar hasta que el grupo de Joan Bardella ofreció su apoyo a Weber a cambio de endurecer aún más la reducción de exigencias burocráticas. En la votación de la iniciativa "my voice my choice" que abogaba por el derecho al aborto compartido en suelo europeo, algunos diputados popualres como Ezcurra también sumaron fuerzas con los de Abascal.
Aliados a la fuerza, rivales por naturaleza
La relación entre PP y Vox en Bruselas refleja una paradoja constante: se necesitan, pero no se soportan del todo. Coinciden en algunos diagnósticos generales, pero difieren profundamente en el método, el tono y la estrategia. Mientras el Partido Popular apuesta por consolidar poder institucional desde el PPE y mantener el control de los grandes expedientes legislativos, Vox busca confrontación directa, presión mediática y ruptura con el consenso europeo.
La alianza entre ambas derechas españolas en la Eurocámara es útil, pero inestable. Y como ocurre tantas veces en Bruselas, donde todo parece diseñado para que nadie esté completamente cómodo, la legislatura promete más episodios de cooperación táctica… y nuevas batallas entre supuestos compañeros de trinchera.