A escasas horas de que los líderes europeos se sentasen en la mesa del Consejo Europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, volvió a abrir la puerta a la deuda europea para cubrir las necesidades financieras ucranianas. “He propuesto dos opciones de reparación: basadas en los activos y basadas en los préstamos de la UE”, dijo ante el Parlamento Europeo. Así, con dos posibilidades expuestas, los Veintisiete se embarcan en lo que algunos califican de “cumbre decisiva” en Bruselas.
Hasta el momento, el plan favorito del Ejecutivo comunitario era el de hacer uso de los activos financieros de Rusia, bloqueados en bancos europeos, a modo de garantía para la reconstrucción de Kiev. Se trataría de un “préstamo de reparación” estimado en 210.000 millones de euros.
El país de Volodímir Zelenski estaría vinculado a devolverlos en caso de que el Kremlin se hiciera responsable de sufragar dichas necesidades económicas, algo que a día de hoy parece poco probable. En Bruselas aseguran que estaría obligado a sufragar los gastos ocasionados de la guerra en base al derecho internacional “como responsable de un acto internacionalmente ilícito”.
Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que no estará presente en la cumbre, defendió que el plan era “lo más cercano que a algo que cumpla los principios del derecho internacional”. Eso sí, pidió que no se retirase la titularidad de Rusia sobre los activos para evitar una fuga de capitales del continente. En cambio, en la Comisión defienden que tras las sanciones a Moscú, los saldos en efectivo no son propiedad de Vladímir Putin y son los que conformarían el préstamo.
En los últimos días las delegaciones han comenzado a moverse hacia dos bloques. El que hasta ahora lideraba Bélgica, al que se ha sumado Italia, Bulgaria, Malta, y que ya contaba con Hungría y Eslovaquia, con dudas respecto a la legalidad de la medida. Y por el otro, el que impulsa el Ejecutivo favorable a la movilización de las partidas.
El comodín del 122
“Italia considera sacrosanto que Rusia pague por la reconstrucción de la nación que atacó, pero esto debe hacerse con una base legal sólida”, afirmó este mismo miércoles la primera ministra Giorgia Meloni en el parlamento nacional. Lo cierto es que el país no se manifestó en contra de inmovilizar indefinidamente los activos en la votación que se produjo la semana anterior a nivel embajadores. Bélgica, donde reside el grueso del dinero del Kremlin, tampoco. Alegaron ambos no querer enviar una imagen inequívoca sobre su apoyo a Ucrania.
Aquella votación del COREPER pudo abrir un precedente que ahora serviría a la Comisión para garantizar que el dinero llegue a Ucrania. Los países se apoyaron en el artículo 122 de los tratados que reconoce que así, con el voto en contra de Budapest y Bratislava, la UE dio una patada hacia delante para bloquear el dinero ruso.
Fuentes diplomáticas explican que la otra opción en la que se empieza a trabajar de no prosperar el préstamo de reparación podría usar el mismo mecanismo jurídico. Esta opción “B” de Von der Leyen plantea que las necesidades se sufraguen mediante el propio presupuesto europeo.
De esta manera, mediante un artículo diseñado para ocasiones excepcionales, Bruselas aprobaría utilizar los umbrales de las cuentas comunitarias. En un principio, opción que contendría los ánimos del bloque de Meloni.
Voces presentes en las negociaciones de esta semana explican que en ningún caso se acabaría aprobando ninguna propuesta “sin el apoyo de Bélgica”. Esas mismas fuentes no se refieren en estos términos sobre países como el que preside Viktor Orbán. De hecho, el húngaro cree que la idea de destinar los bienes rusos “equivale a una declaración de guerra”. El canciller alemán Friedrich Merz ha respondido a su homólogo negando que la medida busque prolongar la guerra: “pretende ponerle fin lo antes posible”.
De forma paralela, el Gobierno español pide que, sea cual sea la fórmula finalmente adoptada, responda a una arquitectura “robusta, sostenible y donde se involucre de forma coordinada a todos los Estados”. “España está completamente comprometida con la financiación ucraniana, estamos dispuestos a asumir garantías”, dicen en el gabinete de Pedro Sánchez, aunque evitan decantarse de forma explícita por alguna de las dos opciones.
En Moncloa ven “muy difícil” que los primeros ministros salgan de la última cumbre del año sin un acuerdo. “La voluntad de todos los países es tener una respuesta esta misma semana”, reconocen. El presidente del Consejo, Antonio Costa, camina en la misma línea. En una carta enviada a las capitales afirmó que la cita se alargaría el tiempo necesario para “cumplir con las decisiones importantes que deben tomarse, a saber, sobre la financiación de Ucrania”.
Mercosur: tan cerca y a la vez tan lejos
Ahí no queda el asunto. No está de manera literal en la agenda de la reunión, pero todas las delegaciones en Bruselas saben que será el elefante en la habitación. El acuerdo con Mercosur no cuenta en el momento del inicio de la cumbre con todos los apoyos para prosperar. Aun cuando su firma estaba prevista para este próximo sábado.
Mientras se discute, el campo español estará presente durante la jornada en unas protestas que esperan congregar a diez mil agricultores europeos. Las demandas pasan por revisar los acuerdos con Marruecos y Mercosur para frenar “las importaciones desestabilizadoras”. Además, respecto al próximo Marco Financiero Plurianual reclaman un presupuesto sólido para la viabilidad de las explotaciones.
Francia presiona para aplazar la ratificación del texto que establecería una especie de libre alianza comercial entre la Unión Europea y los países del conocido como Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). El presidente Emmanuel Macron ha atisbado que se “opondrá muy firmemente” si prosigue la voluntad de continuar adelante con la iniciativa. El país galo viene reclamando tres condiciones que a su juicio todavía no estarían solventadas. Estas pasan por introducir cláusulas de salvaguardia, medidas para asegurar la competencia leal y controles a las importaciones.
Giorgia Meloni también se ha posicionado a favor de pausar el acuerdo. “Tenemos que esperar a que se concrete el paquete de medidas adicionales para proteger al sector agrícola y, al mismo tiempo, explicarlo y discutirlo con nuestros agricultores”, defendió la primera ministra. La postura se explica por el hecho de que en el seno del Gobierno de la coalición italiano existen diferentes visiones sobre el tratado.
No cesan las negociaciones
El martes, el Parlamento Europeo allanó el camino de las discusiones dando luz verde a su posición respecto a las salvaguardias en el acuerdo. La medida legal protege a los productos europeos sensibles, como podrían ser la carne de ave y de vacuno, avalando que se puedan suspender las preferencias arancelarias sobre ellos. Un día más tarde, el Consejo y la Eurocámara cerraron la cláusula de salvaguardia bilateral para los productos agrícolas procedentes de los países del bloque beneficiario.
“Esperemos que el acuerdo vea la luz en las próximas semanas, días o próximamente”, dicen en Bruselas. La reunión de embajadores de la que podría salir el texto para que los líderes lo firmen esta semana en Brasil está fijada este viernes. En este debate, España defiende la postura de la presidencia del Consejo danesa, que sigue esperando sacar la medida antes de final de año.