Tras encadenar diversos retrasos, el Colegio de Comisarios dará luz verde este miércoles a su nuevo reglamento industrial, con el que la Unión Europea pretende empezar a acabar con su supeditación a Estados Unidos o China. Una iniciativa anunciada hace un año que forma parte del pacto industrial limpio y que aspira a servir de revolución en el sector europeo, introduciendo mayor dinamismo.
“Un cambio significativo en la doctrina económica europea”, apuntaban fuentes comunitarias sobre la nueva legislación que impone criterios específicos en los procesos de contratación pública del continente. Tras discutir durante semanas el alcance y los sectores afectados, el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné habría conseguido el consenso necesario para que la norma prosperase, limitando su contenido únicamente a vehículos eléctricos, industrias intensivas y tecnologías de cero emisiones.
Lo que el gabinete de Séjourné busca con este reglamento es tratar de paliar la caída de la manufactura en el producto interior bruto europeo, con la intención de que el sector alcance el 20% de la economía europea en los próximos diez años. De cara a las empresas, se persigue crear un “caso de negocio” sólido para la descarbonización, protegiendo a la industria local de la competencia desleal y de las dependencias de terceros países. En la Comisión justifican su diseño en la resiliencia del tejido productivo.
Los borradores se centran en tres áreas críticas que, pese a representar solo el 15% de la producción manufacturera, se consideran vitales para la autonomía estratégica. Por un lado, las industrias intensivas en energía, entre las que se incluye la fabricación de acero, aluminio, cemento, productos químicos, papel y plástico. En lo que respecta a la industria de la automoción, el foco estará en vehículos de motor y sus componentes. Por último, en relación con las tecnologías de cero emisiones, cubrirá baterías, energía solar, eólica, bombas de calor y tecnologías nucleares.
Bruselas ha identificado como uno de los mayores problemas los procesos burocráticos “largos e inciertos”. Ahora, los Estados estarán obligados a crear una interfaz digital para tramitar permisos a través de un punto de acceso único. Se designará una autoridad competente para coordinar todos los trámites y emitir una decisión única en plazos estrictos.
El European Business Wallet se utilizará para que las empresas no tengan que entregar documentos que la administración ya posee, mediante el principio de “solo una vez”.
Contratación pública y cuotas verdes
La estrategia del Ejecutivo pasa por utilizar la contratación pública, que supone alrededor del 15% del PIB comunitario, para generar demanda de productos sostenibles y locales. A partir de 2029, los contratos de obra pública europeos deberán incluir porcentajes mínimos de materiales bajos en carbono.
El reglamento establece cuotas específicas de origen de la Unión para estos materiales:
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Acero: al menos el 25% del volumen total tendrá que ser bajo en carbono. En este caso, se prioriza el criterio ambiental sobre el origen debido a medidas comerciales ya existentes.
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Cemento: como mínimo, el 5% del volumen deberá ser bajo en carbono y de origen de la Unión.
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Aluminio: a partir del 25% del volumen deberá ser bajo en carbono y con origen europeo.
Además, las compras públicas de vehículos eléctricos solo serán elegibles si cumplen criterios estrictos como su montaje dentro de las fronteras de la Unión Europea y que al menos el 70% del valor de los componentes, excluyendo baterías, sea de origen comunitario. Siempre, con celdas de batería fabricadas en los veintisiete.
El vehículo deberá ser ensamblado obligatoriamente dentro de las fronteras comunitarias. Sobre las baterías, el Ejecutivo explica que deberá contener componentes específicos europeos. En un primer momento se planteará la inclusión de tres componentes principales, que se aumentará a cinco en un plazo de tres años tras la entrada en vigor de la normativa.
Ahora bien, para los vehículos eléctricos de pequeño tamaño sí se avalará una derogación. Será necesario que estén ensamblados en la Unión Europea y cumplir o bien el criterio del setenta por ciento o bien el requisito de los tres componentes.
Condiciones a la inversión extranjera
Para todas aquellas inversiones superiores a los 100 millones de euros en sectores emergentes, como son las baterías o las materias primas eléctricas, se aplicarán nuevas condiciones si el país inversor controla más del 40% de la capacidad de fabricación global en ese sector. El inversor debe cumplir al menos cinco de los seis criterios propuestos:
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No poseer más del 49% de la propiedad o control del activo europeo.
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Inversión a través de una joint venture con entidades de la UE.
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Licencias de propiedad intelectual y transferencia de tecnología a la entidad de la UE.
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Gasto anual en I+D en la UE de al menos el 1% de los ingresos brutos.
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Plantilla con al menos un 50% de trabajadores de la UE en todas las categorías, incluidos directivos.
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Que los productos incorporen al menos un 30% de insumos fabricados en la Unión.
Zonas industriales estratégicas
Con la nueva legislación, los Estados designarán zonas geográficas para clústeres industriales. En cualquier caso, tendrán una evaluación ambiental previa, permitiendo que las compañías que allí se instalen solo necesiten permisos específicos para sus instalaciones, reduciendo drásticamente los tiempos. Dichas áreas tendrán análisis prioritarios de necesidad de red y acceso a suministros estratégicos.
La Comisión estima un beneficio neto total de ocho millones de euros para la economía europea en los próximos cuatro años, junto con una reducción de costes administrativos de 240 millones para las empresas gracias a la simplificación de trámites.
Excepciones: reciprocidad internacional
Bajo esta nueva legislación se recogen diversas categorías de países que quedan total o parcialmente exentos de los requisitos “made in Europe” o de las condiciones impuestas a la inversión extranjera. Principalmente, las excepciones se basan en acuerdos internacionales y reciprocidad económica.
El Ejecutivo va a identificar a países terceros cuyos productos se tratarán como equivalentes al origen de la Unión. Por una parte, se tendrán en cuenta los acuerdos internacionales, como el de contratación pública de la Organización Mundial del Comercio, o aquellos que tienen tratados comerciales con la Unión. Junto con estos, estarán los países que tengan disposiciones legales que reconozcan los productos de la Unión como originarios de su propio territorio.
Además, los borradores buscan la integración progresiva de los países candidatos en el mercado interior. Al identificar “socios de confianza”, el continente tendrá especialmente en cuenta a aquellos países candidatos que demuestren un alineamiento efectivo con el acervo comunitario en materias de contratación pública.
Cláusulas de salvaguarda y sanciones
Las medidas de seguridad económica tienen como objetivo proteger el mercado interior, no restringirlo internamente. Por ello, los Estados miembros no podrán invocar la seguridad económica para impedir o condicionar inversiones procedentes de otros Estados miembros.
Son relevantes también las excepciones por falta de alternativas o costes. Incluso en el caso de que un producto provenga de un país no exento, las autoridades podrán ignorar los requisitos en casos específicos: cuando el producto solo pueda ser suministrado por un operador sin alternativas, si aplicar el requisito incrementa el coste del contrato en más de un 25% o si la exigencia de origen causara un retraso superior a siete meses en la entrega del proyecto.
Con todo, el texto contempla la posibilidad de aplicar sanciones a aquellas compañías que incumplan los requisitos de notificación o las condiciones de inversión. En ningún caso estas serán inferiores al 5% del volumen de negocios diario medio del inversor. La Comisión revisará cada cinco años estas medidas para adaptarlas a la evolución del mercado.
La posición de España
El Gobierno español está entre aquellos más partidarios de la medida. Fuentes del Ministerio de Economía, consultadas por Demócrata, confirman que ven “útil” la preferencia europea como instrumento de política industrial. Eso sí, advierten de que las preferencias deben estar basadas en la contribución real en la Unión: inversión local, empleo europeo, transferencia tecnológica y actividades de alto valor añadido.
Desde el equipo del ministro de Industria, Jordi Hereu, aseguran que están analizando la propuesta “para comprender plenamente su impacto comercial”. Abogan por un “enfoque prudente”, con umbrales graduales para la contribución europea, pero considerando siempre la madurez del sector y su dependencia de los mercados externos. Añaden que España ya aplica este criterio a través del programa “Auto +”, que otorga subvenciones para la compra de vehículos eléctricos.