El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado esta semana la iniciativa ciudadana "My Voice, My Choice". La propuesta propone que el Ejecutivo comunitario impulse la creación de un mecanismo de financiación europeo que ayude a los Estados miembros a proporcionar abortos legales a quienes no tienen acceso en su país. Los autores explican que no pretenden crear "un derecho al aborto" a nivel europeo, sino usar las competencias de apoyo en salud para facilitar el acceso práctico mediante fondos.
Sin embargo, algunos grupos han aprovechado la tramitación de la iniciativa para abrir el debate sobre las competencias de la Unión Europea y el uso de fondos comunitarios en las instituciones europeas. La eurodiputada del grupo de los Patriotas Margartia de la pisa (1975) alerta de lo que considera una actuación "no neutral" de la Comisión Europea, advierte sobre la instrumentalización ideológica de las iniciativas ciudadanas y explicade los riesgos democráticos, jurídicos y sociales de abrir la puerta a mecanismos transfronterizos financiados con dinero público, según su opinión.
En análisis con Demócrata, la eurodiputada aborda también la presupuestación con perspectiva de género, así como la escasez de medicamentos críticos y el impacto de las políticas climáticas en la autonomía estratégica de Europa.
Pregunta: ¿Qué recorrido ha tenido en el Parlamento Europeo la iniciativa ciudadana My Voice, My Choice?
Respuesta: La iniciativa ciudadana, en principio, sigue su curso en la Comisión, que en marzo dará su posición o su veredicto sobre lo que opina. Mientras tanto, el Parlamento está llevando a cabo un procedimiento consultivo.
La Comisión de la Mujer presentó una moción de resolución para abrirla a sala, con una ponente de Renew. Ya se votó en la Comisión FEM y también ha habido una audiencia en la que han participado más comisiones. La sorpresa ha sido que han pedido una votación extra, porque en principio, después de la votación de la Comisión de la Mujer, debía pasar directamente al pleno.
Hoy nos ha sorprendido algo totalmente fuera de procedimiento: una nueva reunión del Comité de la Mujer para volver a tratar el tema y volver a votar. Algo que no se ha tenido en cuenta con nosotras para poder tomar decisiones y que ha sido “cocinado”, por así decirlo, sin la participación de todos los grupos políticos.
Estamos muy preocupadas. No entendemos nada porque, además, nos hemos enterado de esta iniciativa ciudadana por los medios de comunicación, es decir, por Instagram. Choca ver cómo esta Cámara da la información, trata la información o incluso agenda las reuniones de la Comisión de la Mujer con activistas y con personas que, en teoría, no deberían tener esta información antes que los diputados elegidos por los ciudadanos.
P: Usted ha planteado en alguna ocasión que podría existir un choque entre competencias de la Comisión y de los Estados miembros
R: Es verdad que la Comisión lleva tiempo saltándose las competencias que tiene y realizando injerencias constantes en los Estados miembros. Ha pasado con la regulación de la vivienda y todo el tema climático, también con inmigración y el Pacto de Asilo, y con el Estado de derecho y las sanciones a Polonia y Hungría. No es la primera vez que la Comisión se salta o estira al límite sus competencias.
Lo sorprendente de la audiencia fue que la Comisión, en lugar de comparecer de forma neutral y escuchar las intervenciones de las promotoras de la iniciativa, de las activistas y de los distintos grupos, se manifestó claramente a favor, mostrando incluso una cierta complicidad.
Eso nos hace pensar que esta no es realmente una iniciativa ciudadana, sino que existe una complicidad con la Comisión, que lleva tiempo buscando una excusa para entrometerse en este ámbito. De manera constante se repite que los derechos sexuales y reproductivos son competencia de los Estados miembros, pero siempre acaban con un “pero”, buscando una nueva fórmula para crear competencias donde no las hay. Además, ya se está hablando de modificar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Vemos que en este tema la Comisión no está siendo neutral y tiene un interés claro. Y no solo la Comisión: el Consejo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social han tenido actitudes similares. Nos preocupa también la frivolización con la que se está tratando una iniciativa ciudadana sobre un asunto tan serio como el aborto, con un tono casi festivo, como si fuera un logro histórico.
Que se plantee como si fuera comparable al derecho al voto de las mujeres me parece bochornoso. Algo tan doloroso, que es un drama y que afecta profundamente a las mujeres, no puede tratarse de esa forma.
P: ¿Esta reforma podría incurrir en riesgos transfronterizos entre Estados?
R: La iniciativa propone un mecanismo financiero que pague los gastos de una mujer para abortar en otro país cuando no pueda hacerlo en el suyo. Esto, trasladado a otros ámbitos, supondría un turismo sanitario subvencionado por la Comisión, es decir, por todos los europeos.
Una cosa es que un ciudadano, por movilidad, reciba atención en otro país, y otra muy distinta es que la Comisión invite, financie y sea cómplice de este mecanismo. Esto permitiría que cualquier europeo eligiera el marco legislativo que más le convenga para cualquier asunto: si no me gusta la ley de mi país, me voy a otro donde esté permitido y, además, la Comisión me paga el viaje.
Esto convierte Europa en un forum shopping y supone una falta de fidelidad absoluta hacia los Estados miembros. En lugar de respetar los marcos legislativos, que son reflejo de decisiones democráticas, se consideran discriminatorios y la Comisión ayuda a sortearlos.
Es un precedente muy preocupante, no solo en el aborto, sino en otros ámbitos. Además, no es una iniciativa genuinamente ciudadana. Cuando se analiza quién financia esta iniciativa, en pocos clics se llega a Gates, Soros o Planned Parenthood, es decir, a entidades con intereses directos en el negocio del aborto.
Por eso decimos que existe un conflicto de intereses evidente. Quienes se lucran con el aumento de abortos o con este turismo abortivo están impulsando la iniciativa, y además la propia Comisión financia a estas asociaciones con fondos europeos.
Vemos así que el dinero de la Unión Europea no se está utilizando de forma neutral ni para ayudar realmente a las mujeres, sino para fomentar una ideología muy concreta. Al mismo tiempo, entidades profamilia, promaternidad o proinfancia ven rechazados sus proyectos por no ajustarse a los llamados valores de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a la perspectiva de género.
La igualdad de género se está utilizando hoy como un arma ideológica contra una parte del espectro político conservador. Se ponen instrumentos públicos y privados al servicio de una ideología, con un uso partidista y sesgado de los fondos europeos, incluso del dinero de quienes no compartimos esa visión.
P: ¿Cómo se ha tratado la comunicación de esta iniciativa? Hablan de vulneraciones en las normas de protección de la infancia…
R: En la audiencia, la Comisión comunicó esta iniciativa como una fiesta, un logro histórico. Las activistas llevaban camisetas rosas con mensajes sobre derechos sexuales y reproductivos, muñecas como Barbie o personajes de dibujos animados que ven niñas de ocho años.
Esto me parece devastador. Introducir el aborto en el imaginario infantil, cuando una niña todavía no entiende la sexualidad ni cómo llega un niño al mundo, destruye de raíz la construcción de su identidad. Hablar de aborto es hablar de sexualidad, y sexo y niños no deben mezclarse.
No se puede frivolizar así un procedimiento que afecta gravemente a la salud física y psicológica de las mujeres. Ni siquiera en otros ámbitos médicos se permite una propaganda sensacionalista.
P: ¿Cree entonces que la Comisión debería revisar los límites aplicables a campañas ciudadanas que afecten a la infancia?
R: En otros ámbitos, como el alcohol o el tabaco, hay límites claros. Aquí hemos presentado preguntas y denuncias para saber en qué marco se ha aceptado esta iniciativa y cómo se permite esta forma de comunicación.
Muchas personas apoyan estas iniciativas por miedo al activismo que señala y presiona públicamente. Este debate ya no es aborto sí o aborto no. Es el modelo de aborto que se plantea: sin límites de plazos, sin información, sin garantías médicas, y presentado de forma festiva a menores.
Esto no es ni legal ni seguro. No hay supervisión real, no hay control de las clínicas y la mujer queda desamparada. Me dirijo también a quienes defienden el aborto legal y seguro: esto no lo es.
Además, esta iniciativa viene acompañada de un paquete ideológico más amplio, con posicionamientos políticos muy concretos, lo que refuerza la idea de que no es una iniciativa ciudadana neutral.
P: En relación con la Comisión FEM, usted votó en contra del informe sobre el próximo marco financiero plurianual por incluir la perspectiva de género en el presupuesto. ¿Cuáles son sus objeciones?
R: La presupuestación de género supone destinar dinero a políticas que van contra lo que defendemos: la educación en la transexualidad de menores, el enfrentamiento entre hombres y mujeres o la desvinculación de la mujer de la maternidad y de la familia como espacio de estabilidad.
Creemos que esta ideología de género ha contribuido a problemas sociales evidentes: menos matrimonios, menos nacimientos y más problemas de salud mental. Es una ingeniería social que ha trastocado la familia y la sociedad.
R: El Parlamento abordará el reglamento para reforzar el suministro de medicamentos críticos. Más allá de los criterios financieros, ¿qué otros deberían priorizarse para designar proyectos estratégicos?
R: Lo primero es preguntarnos por qué hemos llegado a una situación de escasez de medicamentos. Ha sido consecuencia de políticas defectuosas: falta de autonomía estratégica, políticas energéticas erróneas y un exceso de cargas burocráticas, muchas de ellas climáticas.
Ahora, quienes nos han llevado a esta situación quieren planificar la salida. Nos preocupa que haya más interés en ganar competencias que en ofrecer soluciones eficaces. En el caso de los medicamentos estratégicos, por ejemplo, se discute si la lista debe ser cerrada o abierta mediante actos delegados, lo que genera una enorme inseguridad jurídica.
P: ¿Y cómo deberían financiarse estos proyectos?
R: Nos oponemos a los llamados recursos propios. Van contra los tratados y, en realidad, siempre acaban saliendo del bolsillo del contribuyente. La Unión Europea debe administrar mejor el presupuesto que ya tiene, ajustarse a sus competencias y ser mucho más transparente.
Antes de gastar más, hay que generar confianza y controlar el uso de los fondos. El dinero mal utilizado acaba convirtiéndose en un problema grave.
R: ¿Cómo debería combinarse la necesidad de estándares climáticos con la urgencia de producir medicamentos en Europa?
R: La autonomía en la fabricación de medicamentos debe ser prioritaria. Hay que crear un entorno favorable para que la industria regrese a Europa.
Proponemos la retirada del Pacto Verde, porque ha supuesto cargas regulatorias incoherentes que han destruido sectores estratégicos y nos han hecho dependientes.