La frase fue pronunciada con la calma burocrática de quien anuncia un cambio de agenda: “no hay comentarios que hacer sobre este asunto interno de EEUU. Pero, por supuesto lamentamos cualquier pérdida de vidas inocentes”. Así respondió la portavoz de la Comisión, Paula Pinho, cuando se le preguntó por los ejecuciones sumarias en Minnesota. Ni condena, ni preocupación, ni el habitual repertorio de eufemismos diplomáticos. Nada. Silencio administrativo. Caso cerrado.
Conviene saborear la frase, porque condensa toda una doctrina política. Cuando la violencia política ocurre en Moscú, Bruselas habla de barbarie. Cuando ocurre en Caracas, habla de régimen. Cuando ocurre en Budapest, habla de deriva autoritaria. Pero cuando ocurre en Estados Unidos, ocurre algo mágico: deja de ser política y se convierte en un asunto doméstico, como una disputa municipal o un atasco judicial. La democracia, al parecer, también tiene fronteras semánticas.
Este silencio no es un lapsus. Es una decisión. Y como todas las decisiones políticas, tiene consecuencias.
Jurisprudencia comunitaria
Durante años se nos ha repetido que el totalitarismo es cosa del pasado, una patología europea superada, un recuerdo incómodo que se conjura con memoriales y discursos solemnes. Robert Paxton desmontó hace tiempo esa complacencia al advertir que el fascismo no es una ideología fija, sino un proceso: una forma de hacer política que emerge cuando las élites deciden que la democracia es demasiado frágil, demasiado lenta o imprevisible. El fascismo no llega gritando; llega administrando.
Estados Unidos no vive hoy un golpe de Estado clásico. Vive algo más inquietante: la captura gradual del sistema por medios legales. Control del legislativo, asalto al poder judicial, deslegitimación sistemática de jueces y fiscales, desprecio abierto por las normas internacionales, persecución de minorías y migrantes convertidos en amenaza existencial, criminalización del disenso bajo la retórica del antipatriotismo. Nada de esto es accidental. Todo forma parte de una arquitectura coherente de poder. ¿No debería nuestra memoria histórica encender aquí todas las alarmas?
Hannah Arendt lo explicó con una claridad que hoy resulta incómoda: el totalitarismo no empieza con el terror, sino con la erosión del Estado de derecho como principio universal. Cuando la ley deja de proteger a todos por igual y se convierte en un instrumento selectivo, la democracia ya ha sido vaciada, aunque conserve elecciones, banderas y ceremonias.
En ese contexto, la violencia política -incluidos asesinatos- no es una anomalía. Es un subproducto lógico. Primero se construye el enemigo interno. Luego se normaliza el lenguaje de exterminio simbólico. Finalmente, alguien cruza la línea. Y entonces las instituciones piden calma, despolitizan el acto y recuerdan que no conviene exagerar. El guion es viejo. Solo cambia el acento.
Umberto Eco llamó a esto Ur-Fascismo: una constelación de rasgos que no necesita reproducirse de forma idéntica para ser reconocible. Nacionalismo victimista, culto al líder, desprecio por el pluralismo, obsesión con la identidad, rechazo del pensamiento crítico. No hacen falta camisas pardas cuando hay decretos, tribunales domesticados y mayorías disciplinadas.
Y frente a este panorama, ¿qué hace la Union Europea? Calla.
El estilo europeo
No es que no tenga experiencia en denunciar retrocesos democráticos. La UE ha sido extraordinariamente prolija -y a menudo justa- al criticar a Hungría y Polonia. Ha convertido la causa ucraniana en eje moral de su política exterior. Ha elaborado un discurso detallado y reiterativo sobre Venezuela, hasta convertirla en símbolo permanente del mal democrático. Pero cuando el deterioro institucional ocurre en Washington, Bruselas descubre súbitamente la virtud suprema del silencio.
Conviene decirlo sin rodeos: Europa critica al débil y se calla ante el fuerte. No es una cuestión de principios, sino de jerarquías. El autoritarismo es intolerable cuando viene del Este o del Sur. Cuando viene del aliado indispensable, se convierte en “asunto interno”.
La defensa de Ucrania frente a la agresión rusa es justa y necesaria, y la Unión Europea no ha tenido reparos en decirlo con sanciones, resoluciones y épica moral. También ha condenado la represión de los uigures en China, y ha denunciado sin ambages asesinatos políticos y represión en países como Rusia, Myanmar, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Nicaragua, El Salvador o incluso Estados africanos con escaso peso estratégico y cualquier deriva autoritaria de otros lo bastante lejana o débil. Precisamente por eso, el silencio cuando la violencia política y el deterioro del Estado de derecho ocurren en Estados Unidos resulta obsceno. Porque revela que el compromiso europeo con la democracia no es universal, sino condicional. Depende del peso militar, del paraguas de seguridad, de la relación de dependencia. No es prudencia diplomática: es jerarquía.
Venezuela, en este esquema, funciona como coartada moral. Es el régimen autoritario cómodo: suficientemente lejos, suficientemente débil, suficientemente demonizado. Criticarlo no cuesta nada y produce excelentes dividendos retóricos. Pero la comparación es incómoda: ¿cómo puede la UE dedicar más energía discursiva a Caracas que a Washington? ¿Desde cuándo la democracia se mide en poderío militar? ¿Vale menos la democracia cuando el infractor es una superpotencia?
Políticas de apaciguamiento de tiempos anteriores
La respuesta es tan simple como inquietante: Europa ya no actúa como sujeto político autónomo, sino como actor subordinado. El viejo atlantismo, que en otro tiempo pudo justificarse como alianza estratégica entre democracias, se ha convertido en una relación de dependencia que exige silencio a cambio de protección.
Este silencio recuerda demasiado al apaciguamiento de los años treinta. Entonces también se hablaba de prudencia, de evitar provocaciones, de no romper equilibrios frágiles. Entonces también se confundió el realismo con la cobardía. La historia, como suele hacer, acabó siendo pedagógica de la peor manera posible.
El neofascismo del siglo XXI no necesita abolir la democracia. Como explican los profesores Steven Levitsky y Lucan Way en su libro “Revolución y dictadura”, le basta con vaciarla desde dentro: elecciones sin competencia real, instituciones colonizadas, ley convertida en arma partidista. No quema parlamentos; los convierte en decorado. No censura jueces; los intimida. No prohíbe la disidencia; la criminaliza.
Y ante esto, Europa responde con su herramienta política más refinada: el silencio calibrado, la no declaración, la ausencia de comentario. Una neutralidad que ya no es neutral, sino una forma elegante de tomar partido por inacción.
Pero llega un punto en que callar deja de ser prudente y empieza a ser suicida. Porque una Europa que no es capaz de nombrar el autoritarismo cuando habla inglés no está defendiendo la estabilidad, sino renunciando a sí misma. El miedo suplantando a los principios y valores que defiende.
Verdades incomodas
Si la UE quiere seguir siendo algo más que un mercado común con vocación moral intermitente tendrá que reaccionar. Tendrá que ser fiel a los principios que proclama cuando el contexto es favorable. Tendrá que aceptar una verdad incómoda: Estados Unidos ya no es hoy un aliado político ni ideológico, sino un poder en deriva autoritaria con el que se mantienen vínculos por necesidad, no por afinidad democrática.
Y a partir de ahí, extraer las consecuencias. Europa no puede seguir comportándose como un súbdito agradecido que evita molestar al señor. O es un actor político autónomo, capaz de defender la democracia incluso cuando resulta incómodo, o seguirá siendo lo que ahora parece: una potencia normativa sin voz cuando más falta hace.
La historia enseña que el totalitarismo no siempre entra derribando puertas. A veces entra porque nadie se atreve a decir nada. Esta vez, Europa no podrá alegar que no lo vio venir.