¿Aún quedan materias por simplificar? La Comisión Europea cree que sí. En este camino hacia la flexibilización normativa, Bruselas ha presentado, una semana después de cuando estaba previsto, su ómnibus medioambiental con el objetivo de lograr los objetivos climáticos de manera “más eficiente”.
En el Ejecutivo creen que el impacto de este paquete se traducirá en una reducción de las cargas administrativas de cerca de mil millones de euros anuales. Así, pequeñas y medianas empresas se podrán ver beneficiadas de los cambios propuestos en la base de datos sobre artículos que contienen sustancias extremadamente preocupantes y las facilidades de representación autorizada.
La vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera tenía previsto en un primer momento dar a conocer este paquete regulatorio hace una semana. Sin embargo, tal y cómo pudo confirmar Demócrata, a raíz de desavenencias con la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall, su presentación se pospuso hasta ahora. La española ha explicado durante la presentación del paquete que «no es fácil tener en cuenta tantas cosas al intentar definir un paquete ómnibus». «No es fácil para nadie intentar identificar cómo podemos responder a esta demanda de simplificar mientras respondemos a esta otra demanda de mantener los estándares altos», ha sentenciado Ribera.
Ante preguntas de Demócrata, la vicepresidenta ha afirmado que en el seno de la Comisión está extendida la idea de que «combinar la competitividad con altos estándares en términos de protección ambiental, que se traducen en beneficios para la salud, en innovación y en un uso eficiente de los recursos dentro de los límites planetarios». «Es nuestra obligación», sentencia Ribera a la vez que asegura que se está elevando el nivel, apostando por estándares más altos y «no entrando en una carrera a la baja».
Emisiones industriales
El plan persigue el objetivo de dar una mayor flexibilidad a la industria, mientras dice mantener sus altos estándares ambientales. En esta línea, se ha propuesto una simplificación del sistema de Gestión Ambiental (EMS). Actualmente, la normativa europea exigía un EMS para cada instalación. Ahora, este mecanismo se podrá preparar a nivel de empresa dentro del mismo Estado miembro.
Además, se reduce el contenido de este sistema. Se pasa a eliminar el requisito de inventario de productos químicos, así como la evaluación de riesgos. Junto con esto, se derogará la obligación de auditoría independiente. En Bruselas apuntan a que existen sistemas, como el de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), que ya abordan estas revisiones. Eso sí, se otorgarán tres años adicionales para la elaboración de los EMS.
En cuanto a los planes indicativos de transformación, se apuesta por su derogación. Más allá, se eximirá a los operadores de ganadería y agricultura de informar sobre el uso de agua, energía y materiales bajo la legislación de informes de emisiones industriales. De la misma manera, se simplificará el cálculo de la capacidad de las granjas al excluir a los lechones no destetados, y se excluirán las granjas de ave de corral orgánicas del alcance de la Directiva de Emisiones Industriales.
Para ahondar en la descarbonización, se facilitará la concesión de permisos para proyectos con esta misión que utilicen combustión de oxígeno-combustible o basada en hidrógeno mediante cambios específicos en hasta dos directivas.
Economía circular
Con la nueva normativa, se eliminaría la obligación de informar sobre los datos relacionados con la base de datos SCIP (Substances of Concern in Products). Dicha base de datos contiene más de dieciséis millones de entradas sobre sustancias de muy alta preocupación. La Comisión asegura que no ha sido efectiva para informar a los recicladores y ha podido llegar a imponer costes administrativos sustanciales.
El papel previsto para estas sustancias será asumido de forma progresiva por el pasaporte digital de productos y la legislación de productos químicos de la Unión. En esta línea, se van a suspender las disposiciones que obligan a los productores establecidos en un Estado miembro que venden en otros de los Veintisiete a nombrar un representante autorizado para cumplir con las obligaciones de Responsabilidad Ampliada del productor. La obligación pasará a ser opcional para los productores europeos.
En materia de definiciones, se modificará la relativa a “productor” para incluir a todas las entidades que venden baterías en Europa mediante “contratos a distancia”, independientemente de su lugar de establecimiento. También se modifica el requisito de que las baterías de medios de transporte ligeros sean reemplazables para que se aplique a nivel de módulo, en lugar de a nivel celda. ¿El objetivo? El equilibrio entre la seguridad y la capacidad de reparación.
Permisos ambientales
La Comisión apuesta por un Reglamento específico para acelerar las evaluaciones ambientales, que abordará aquellas de impacto ambiental, las estratégicas, la Directiva Marco del Agua y las Directivas de Aves y Hábitats.
Una vez entre en vigor la normativa, se establecerán puntos de contacto únicos para los desarrolladores de los proyectos, lo que podrá coordinar procedimientos complejos. Junto con esto, se facilitarán los procedimientos conjuntos cuando se requieran múltiples evaluaciones ambientales para un mismo plan.
El Ejecutivo exige la digitalización completa de los procedimientos de evaluación y la colaboración efectiva entre autoridades nacionales al evaluar proyectos transfronterizos.
Datos geoespaciales
En Bruselas aseguran que la modificación de la Directiva INSPIRE traerá consigo una modernización del intercambio de datos espaciales. El plan pasa por alinear los requisitos técnicos de datos geográficos con la legislación horizontal de datos de la Unión, como la directiva de datos abiertos.
Los requisitos de armonización serán reemplazados con enfoques más flexibles basados en estándares, que se complementarán con la eliminación de ciertos requisitos técnicos obsoletos. Esta medida irá acompañada de la supresión de la obligación de presentar informes duplicados.