El Banco Europeo de Inversiones, que dirige la española Nadia Calviño, ha dado un nuevo paso adelante con la Comisión Europea en la financiación de las estrategias de Inteligencia Artificial. Lo cierto es que el papel de la institución es crucial en cuanto al apoyo financiero a los consorcios interesados para transformar sus planes de negocio en proyectos viables. En esta jugada, España tiene dos cartas sobre la mesa.
Las dos instituciones han planteado un modelo de asociación público-privada, con el 70% de los fondos esperados del sector privado y la condición de que la propiedad mayoritaria de las fábricas sea europea. Sin embargo, se permitirá la participación de entidades de terceros países siempre que no sean consideradas de alto riesgo.
Se tendrán en cuenta la eficiencia energética y la viabilidad ambiental como criterios clave para la evaluación de los proyectos, así como la dependencia de chips de fabricantes externos de EE.UU. Lo que se persigue es la creación de hasta cinco gigafactorías de IA a gran escala. Se trata de centros de datos y computación que son esenciales para entrenar modelos de Inteligencia de próxima generación.
Calviño ha destacado que el acuerdo supone ir un paso más allá para asegurar la viabilidad «financiera de las gigafactorías en Europa, que jugarán un papel crucial en la soberanía de Europa en la nueva economía digital». Además, ha destacado la importancia de colaborar a gran escala para que sectores clave como la biotecnología y la tecnología sanitaria accedan a estas infraestructuras.
«Candidatura fuerte»
Cada una de estas funcionará con aproximadamente 100.000 chips de IA de los más avanzados. Se trata de un número que es cuatro veces superior al de las fábricas actuales. Los proyectos serán evaluados desde una triple perspectiva: viabilidad financiera, viabilidad técnica y viabilidad medioambiental. La convocatoria formal se abrirá a principios del próximo año, enero o febrero.
Lo cierto es que el Ejecutivo comunitario ha recibido 77 solicitudes iniciales, así como dieciséis Estados miembros interesados en albergar alguna gigafactoría. Ahí, la propia Calviño ha reconocido que España cuenta con una «candidatura fuerte». En concreto, el país tiene opciones tanto en Cataluña como en Galicia.
Al ser preguntada específicamente por la fortaleza de candidaturas concretas como la que podría ubicarse en Tarragona, la vicepresidenta de la Comisión Europea Henna Virkunnen ha enfatizado en que la idea es que el proyecto sea de carácter «paneuropeo». Lo que significa unir las fuerzas y las capacidades de toda Europa.
Móra la Nova (Cataluña)
El Ejecutivo español, junto con la Generalitat de Cataluña, han apostado por Móra la Nova como sede para una de esas cinco gigafactorías de IA. El proyecto preveía una inversión público-privada de alrededor de 5.000 millones de euros, con un consorcio liderado por Telefónica e integrado, entre otros, por ACS, MasOrange, Nvidia, Submer y Multiverse Computing.
Si finalmente recibiera el aval de la Comisión, se prevé una fase de construcción e instalación de las infraestructuras del centro y la subestación eléctrica de alta potencia entre 2026 y 2028. La fábrica debería empezar a estar operativa entre 2027 y 2028, de acuerdo con la hoja de ruta comunitaria.
Entre los competidores, la candidatura polaca de la fábrica de IA PIAST en el Centro de Supercomputación y Redes de Poznan; la propuesta austríaca de Viana; o los proyectos alemanes de Deutsche Telekom (T-Systems), Ionos (con apoyo de Baviera y Hochtief) y Schwarz Group (Schwarz Digits), tras fracaso de consorcio unificado con Siemens y SAPE.
Santiago de Compostela (Galicia)
El Centro de Supercomputación de Galicia, con sede en Santiago, era otra de las oportunidades españolas para albergar alguna de estas gigafactorías. El proyecto se denomina 1HealthAI y es una de las grandes iniciativas europeas para la implantación de infraestructuras avanzadas de IA. El anuncio se formalizó en octubre por parte de la Empresa Común de Computación de Altas Prestaciones Europea (EuroHPC JU).
La propuesta está orientada a aplicaciones de Inteligencia Artificial en salud, biotecnología y ciencias de la vida. Se busca aprovechar de esta forma datos a gran escala para innovaciones en medicina personalizada, investigación biomédica y tecnologías sanitarias. En concreto, el centro cuenta con una inversión total estimada en torno a 82 millones de euros, cofinanciada entre la Comisión Europea y el Gobierno de España, apoyada también por entidades regionales gallegas.
Este proyecto ha situado a Galicia como epicentro del ecosistema europeo de IA, alineado con la estrategia española y europea para el desarrollo y la investigación avanzada en inteligencia artificial.
En su momento, el consejero de Ciencia de la Xunta, Román Rodríguez González, celebró la consecución de este “hito histórico, un proyecto insignia que vincula las áreas de la biotecnología y la inteligencia artificial y que nos sitúa en la élite en este ámbito en Europa”.
La voz del sector
En declaraciones a Demócrata, desde Multiverse Computing manifiestan que España debe ganar peso en Bruselas defendiendo políticas que faciliten el escalado de startups de IA, con acceso equitativo a financiación europea, cómputo asequible y marcos regulatorios que no frenen la innovación. «España puede ser el laboratorio de la IA aplicada en Europa: tiene talento, sectores diversos y cultura emprendedora. Podemos liderar en IA responsable, eficiencia energética y modelos multilingües, aportando casos de éxito escalables a nivel europeo», afirman desde la compañía.
Por su parte, Telefónica afirma que España puede aportar una contribución significativa al proceso de innovación tecnológica europeo, basada en su experiencia, capacidades y compromiso con los objetivos digitales:
• Experiencia en despliegue de redes de fibra y apagado de redes legacy (cobre). España ha liderado el proceso de modernización de infraestructuras, lo que la posiciona como referente en eficiencia y planificación de red.
• Know-how en canalización y uso eficiente de fondos europeos, especialmente en el marco de los planes de recuperación. España ha demostrado capacidad para implementar reformas operativas y medidas que maximizan el impacto de la inversión pública.