A día de hoy, Europa crea más start-ups que Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de estas empresas no logra desarrollarse ni escalar dentro del propio continente. Los eurodiputados creen que el problema no está en la falta de ideas, talento o innovación, sino en un obstáculo mucho más estructural: la fragmentación del mercado interior europeo. Frente a esta realidad, las instituciones comunitarias empiezan a mover ficha.
Con este diagnóstico de fondo, Estrasburgo ha puesto sobre la mesa la que aspira a ser la gran receta europea para convertir a las start-ups en campeones tecnológicos globales. Durante el primer Pleno del año, el Parlamento Europeo ha dado a conocer su posición política para la creación de un marco legal europeo voluntario, diseñado específicamente para que las empresas innovadoras puedan crecer y expandirse en el mercado interior sin verse frenadas por las fronteras administrativas.
La iniciativa, conocida como “Régimen del 28”, parte de una idea sencilla pero ambiciosa: permitir que las empresas operen en los 27 Estados miembros como si Europa fuera un solo país, con reglas comunes, procedimientos simplificados y una burocracia drásticamente reducida.
Un marco jurídico común para toda la Unión
El Régimen 28 plantea la creación de una forma corporativa unificada, que sería reconocida automáticamente en todos los Estados miembros. Esto significa que una empresa creada bajo este modelo no tendría que reinventarse jurídicamente cada vez que cruza una frontera dentro de la Unión.
Uno de los pilares fundamentales del sistema es la digitalización completa. El Parlamento apuesta por un modelo en el que la constitución de una empresa pueda realizarse en un plazo máximo de 48 horas, de forma totalmente digital, y a través de un único portal empresarial europeo. El objetivo es acabar con trámites redundantes, formularios duplicados y procesos que hoy pueden prolongarse durante semanas o incluso meses.
En esta fase, la Eurocámara no legisla directamente. Lo que hará será dar su visto bueno a un documento político con contenido legislativo, que servirá de guía a la Comisión Europea a la hora de elaborar su propuesta formal. A partir de ahí, se abrirá el procedimiento legislativo ordinario.
Capital, talento y protección de los trabajadores
Entre las características clave del Régimen 28 figuran normas armonizadas para el acceso al capital, un elemento crítico para el crecimiento de las start-ups. El Parlamento propone introducir instrumentos de deuda similares al capital, que permitan a los inversores financiar empresas sin adquirir automáticamente derechos de control.
También se apuesta por incentivos para atraer y retener talento, especialmente en sectores tecnológicos y altamente cualificados. En este contexto, los eurodiputados respaldan la creación de planes de participación accionarial para empleados, de modo que los trabajadores puedan beneficiarse directamente del éxito de la empresa.
Ahora bien, el Parlamento subraya que este nuevo régimen no puede convertirse en una vía para eludir derechos laborales. Por ello, los eurodiputados reclaman salvaguardias estrictas para proteger a los trabajadores y garantizar sus derechos de información, consulta y participación, conforme a la legislación nacional aplicable.
Un “pasaporte económico” europeo
Durante el debate en el pleno, la eurodiputada del Partido Popular Europeo Maravillas Abadía defendió la iniciativa como un verdadero “pasaporte económico” para los emprendedores.“Queremos que los empresarios puedan convertir sus ideas en empresas de forma 100 % digital. Europa necesita rapidez para competir en un mundo global”, ha afirmado desde la tribuna.
En la misma línea, el eurodiputado y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Adrián Vázquez, pidió a sus socios políticos una apuesta decidida por la simplificación normativa. “Europa tiene la capacidad para ser un gigante tecnológico. No le falta talento ni innovación. Lo que necesitan nuestros emprendedores es más seguridad jurídica. El Régimen 28 podría ser la respuesta”, ha sostenido
.
La Societas Europaea Unificata (S.EU)
El Parlamento Europeo propone que esta nueva forma jurídica reciba el nombre de “Societas Europaea Unificata (S.EU)”, o Empresa Europea Unificada. A diferencia de otros intentos anteriores, no se concibe como una figura jurídica completamente nueva e independiente del derecho nacional.
En su lugar, se plantea como una forma societaria nacional presente en los 27 Estados miembros, pero basada en un conjunto de reglas básicas armonizadas al máximo nivel europeo. Es decir, cada empresa seguiría teniendo “nacionalidad jurídica”, pero operaría bajo un marco común.
Las compañías podrían optar voluntariamente por acogerse a este régimen y añadir la abreviatura “S.EU” a sus siglas actuales. Durante el debate parlamentario, representantes de distintos grupos políticos coincidieron en que la iniciativa debería materializarse en un reglamento, y no en una directiva, para garantizar una aplicación directa y homogénea en toda la Unión.
Evitar la unanimidad para no frenar la reforma
Los eurodiputados insisten en que la propuesta debe basarse en los artículos 50 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esto permitiría activar el procedimiento legislativo ordinario, con votación por mayoría cualificada en el Consejo. El objetivo es claro: evitar la exigencia de unanimidad, que en muchas ocasiones ha ralentizado o descafeinado reformas clave. Para el Parlamento, el éxito del Régimen 28 depende de su rapidez y de su ambición.
Una prioridad absoluta para la Eurocámara es que la creación y gestión de una S.EU sea completamente digital. Al igual que la Comisión Europea, el Parlamento defiende que el registro de la empresa deba completarse en un plazo máximo de 48 horas.
Además, se propone la creación de un portal único europeo que actúe como punto de entrada para estas empresas, complementando el actual sistema de interconexión de registros mercantiles. A ello se sumaría el principio de “una sola vez”, según el cual los documentos presentados en un Estado miembro no deberían volver a presentarse en otro.
Blindar a las start-ups frente a adquisiciones predadoras
Durante los debates en Estrasburgo, los eurodiputados pusieron el foco en la necesidad de proteger a las empresas europeas de las llamadas “adquisiciones predadoras”. Se trata de operaciones en las que grandes compañías extranjeras compran start-ups innovadoras antes de que alcancen la madurez suficiente.
Para evitarlo, el Parlamento propone permitir acciones de lealtad, acciones de clase dual o incluso acciones con derecho de veto, de modo que los fundadores puedan mantener el control estratégico de sus empresas mientras atraen inversión. Asimismo, se plantea que el capital mínimo desembolsado para crear una S.EU sea meramente simbólico: un euro, con el fin de eliminar barreras de entrada innecesarias.
Derechos laborales y participación de los trabajadores
El Parlamento es tajante en un punto clave: el Régimen 28 no debe utilizarse para eludir los derechos de participación de los trabajadores. Cuando se alcancen los umbrales establecidos por la legislación nacional del país de empleo, deberán respetarse plenamente los derechos de representación en los consejos de administración.
Al mismo tiempo, la Eurocámara defiende la armonización de las reglas sobre participación financiera de los empleados, especialmente mediante planes de opciones sobre acciones que sean fiscalmente atractivos y fáciles de aplicar de forma transfronteriza.
Con el fin de garantizar rapidez y seguridad jurídica, el Parlamento propone crear un mecanismo específico de resolución alternativa de disputas para las S.EU. Además, anima a los Estados miembros a establecer paneles judiciales especializados, que incluso puedan tramitar los procedimientos en inglés, siempre que las partes estén de acuerdo.
La propuesta de la Comisión
En paralelo, la Comisión Europea prepara la presentación formal del Régimen 28, inspirado en las recomendaciones del ex primer ministro italiano Enrico Letta. El Ejecutivo comunitario prevé darlo a conocer durante el primer trimestre del año, como uno de los pilares de la Brújula de Competitividad.
El plan plantea un marco jurídico voluntario y armonizado que permitiría a las empresas —especialmente start-ups— operar en toda la Unión bajo un único conjunto de reglas, simplificando la constitución, la insolvencia y la fiscalidad mediante soluciones digitales.
Bruselas estima que la medida podría reducir los costes administrativos recurrentes en hasta 37.500 millones de euros, reforzar la seguridad jurídica de los inversores y facilitar la creación de los llamados “unicornios europeos”.
Próximos pasos
Desde el punto de vista jurídico, el texto que el Parlamento ratificará es una declaración con contenido legislativo, destinada a orientar a la Comisión. Una vez el Ejecutivo presente su propuesta formal, se iniciará el procedimiento legislativo ordinario, que marcará el futuro de una de las reformas más ambiciosas del mercado interior en décadas.