(Estrasburgo). El Parlamento Europeo ha decidido este miércoles elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur, una decisión que congela el calendario político del pacto y añade una nueva fase jurídica a uno de los tratados internacionales más ambiciosos jamás negociados por la Unión. La decisión ha salido adelante con el respaldo de 334 eurodiputados, 324 en contra y 11 abstenciones. Esta iniciativa, impulsada por La Izquierda, congelará hasta un máximo de dos años el acuerdo. Fuentes de la Comisión Europea aseguran a Demócrata que podrían hacer uso de un mecanismo provisional para aplicar el acuerdo de forma provisional.
La votación, celebrada tras semanas de debate procedimental, da luz verde a las peticiones de recurso ya registradas y supone que la Eurocámara solicitará al TJUE que se pronuncie sobre la base jurídica y el reparto de competencias del acuerdo firmado con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Una votación desbloqueada tras la recepción formal del texto
La decisión ha sido posible después de que el Parlamento recibiera formalmente el texto del acuerdo, condición imprescindible para someter a voto las solicitudes de dictamen jurídico. La presidenta de la Eurocámara había dejado claro que no podía abrirse este procedimiento antes de contar con el texto definitivo, pese a que las peticiones llevaban semanas registradas.
Con el voto favorable de hoy, el Parlamento opta por activar la vía judicial preventiva, un mecanismo previsto en los Tratados para despejar dudas legales antes de avanzar en la ratificación.
Qué implica acudir al Tribunal de Justicia
Elevar el acuerdo al TJUE no supone un rechazo político al contenido del tratado, pero sí implica una suspensión de facto de su tramitación parlamentaria. Hasta que el Tribunal emita su dictamen —un proceso que puede prolongarse varios meses— el Parlamento no continuará con los pasos necesarios para su aprobación.
El foco del recurso está en determinar si el acuerdo debe considerarse exclusivamente comercial, competencia exclusiva de la UE, o si contiene elementos que obliguen a una ratificación más compleja, con participación de los Estados miembros.
El acuerdo comercial interino, en pausa
Esta decisión afecta directamente al acuerdo comercial interino, la parte del tratado que sí entra dentro de la competencia exclusiva de la Unión. Según el procedimiento previsto, este texto solo puede tramitarse si no hay recurso ante el TJUE.
Con la activación del dictamen jurídico, el calendario inicialmente previsto —que situaba la votación en el pleno de primavera, previsiblemente en abril— queda en suspenso.
Salvaguardas ya pactadas, pero sin aplicación inmediata
En paralelo, el Parlamento ya ha avanzado en la tramitación de las salvaguardas comerciales y ambientales, que se negocian por el procedimiento legislativo ordinario. Estas medidas se aprobaron en primera lectura en diciembre y esa misma semana se cerró un acuerdo en trílogo con el Consejo y la Comisión.
Sin embargo, su entrada en vigor queda ahora desvinculada del acuerdo principal, a la espera de que se aclare el marco jurídico definitivo.
Un acuerdo mucho más amplio que el comercio
El Acuerdo de Asociación UE–Mercosur va mucho más allá de la liberalización arancelaria. Desde su primer artículo, establece que el respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho constituye un “elemento esencial”, lo que permitiría incluso suspender el pacto en caso de vulneraciones graves.
El tratado crea una arquitectura institucional permanente, con un Consejo Conjunto a nivel ministerial, un Comité Conjunto, subcomités técnicos y un Comité Parlamentario Conjunto que conectará a la Eurocámara con el Parlamento del Mercosur.
Dimensión geopolítica y estratégica
El texto consolida una asociación estratégica integral entre ambas regiones, con compromisos en seguridad, cooperación judicial, lucha contra el crimen organizado, migración, protección de datos y coordinación en foros multilaterales como la ONU.
También incorpora de forma explícita los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, comprometiendo a las partes a promover un comercio compatible con la protección ambiental y los derechos laborales.
Un debate que se alarga
La decisión de acudir al TJUE refleja la sensibilidad política del acuerdo en el seno del Parlamento, especialmente en cuestiones como agricultura, sostenibilidad y soberanía regulatoria.
Mientras el Tribunal analiza el caso, el acuerdo UE–Mercosur entra en una fase de espera, alejando cualquier ratificación a corto plazo y prolongando un debate que ya se extiende desde hace más de dos décadas.