El Parlamento Europeo toma la delantera en la guerra por los dos billones europeos

El Parlamento ha jugado la partida y se ha adelantado al otro colegislador en una de las negociaciones más importantes de la actual legislatura en Bruselas. Sobre la mesa está el presupuesto de dos billones para los próximos siete años, en el que se incluye la reforma de áreas clave de la acción comunitaria como las políticas agrícolas o las políticas de cohesión. Los eurodiputados han aprovechado el movimiento para ir más allá y pedir.

Un 1,27% de renta nacional de la Unión es lo que la Eurocámara aspira a destinar de cara al próximo Marco Financiero Plurianual. Esto supone un 10% más de lo inicialmente planteado por la Comisión Europea el pasado verano. Fuentes parlamentarias consultadas por Demócrata explican que lo que se pretendía en la votación de esta semana era lograr un marco ambicioso de cara a entrar en unas negociaciones con el Consejo en las que se prevé que estas partidas finales sean modificadas.

Un paso detrás de otro 

El texto que recoge la posición negociadora de los eurodiputados, y que será ratificado finalmente durante la próxima sesión plenaria, rechaza abiertamente la fusión de políticas hasta ahora diversificadas en un solo plan, tal y como propuso la presidenta Ursula von der Leyen. Es más, afirman que este modelo, tal y como está planteado, puede llevar a generar incertidumbre para los beneficiarios finales y terminar por poner en riesgo pilares como la cohesión territorial y los derechos sociales.

En cambio, lo que propondrá el Parlamento Europeo cuando la Comisión se termine sentando en la mesa de las negociaciones con los Estados es una cesta de nuevos recursos propios, que estén dotados de al menos sesenta mil millones de euros anuales para pagar las deudas de los fondos Next Generation sin recortar programas históricos.

A la hora de analizar una a una las asignaciones sectoriales, los eurodiputados han acordado destinar 385.000 millones de euros a la Política Agraria Común (PAC), en la que se incluirían ayudas directas, desarrollo rural y fondos vinculados al acuerdo con Mercosur. Del mismo modo, los ponentes del informe, del Partido Popular y del Grupo Socialista, se muestran convencidos en su rechazo a los recortes en pesca, llegando a proponer 6.500 millones de euros para este sector.

Los datos del Presupuesto 

Estrasburgo considera que la política de cohesión debería recibir 274.000 millones de euros, además de proponer una dotación específica de 110.000 millones de euros para el Fondo Social Europeo. También se exige reinstaurar el programa para las regiones ultraperiféricas, con una dotación de 6.500 millones de euros, tras el intento de Bruselas por eliminarlo. El Fondo de Competitividad aumentaría a 234.000 millones de euros. Dentro de este ámbito, se refuerza Horizonte Europa (177.000 M€), el Mecanismo “Conectar Europa” (81.000 M€) y Erasmus (42.000 M€).

Tras la votación en el Comité de Presupuestos del Parlamento Europeo, en la que el informe salió adelante con el respaldo de veintiséis parlamentarios, frente a nueve en contra y cinco abstenciones, Demócrata ha tomado el pulso de los ánimos entre los principales grupos parlamentarios. Populares y socialistas comparten la esperanza de que las nuevas prioridades que se han fijado en el nuevo marco no acaben con políticas tradicionales, que a menudo son definidas como “la columna vertebral de la solidaridad europea”.

El PP pide más poder a las Comunidades Autónomas 

La negociadora por parte de la delegación española del Partido Popular es la eurodiputada Isabel Benjumea. A la salida de la sala donde los legisladores han dado luz verde a su posición negociadora, atiende a Demócrata en su despacho en una de las plantas más altas de la oficina del Parlamento en Bruselas. “Hemos sido claros. No nos gusta el modelo de los planes nacionales propuesto por la Comisión”, señala al afirmar que este sistema deja a un lado a las regiones a la hora de implementar las políticas comunitarias.

Los populares defienden su crítica “muy dura” del diseño de estos planes y piden un protagonismo claro de las comunidades autónomas. “Lo que decimos es que las políticas de cohesión no pueden perder la identidad europea”, explica Benjumea, que confía en que las recomendaciones de la Eurocámara “no caigan en saco roto”, por lo que insta al Ejecutivo comunitario a atender las demandas que han sido ratificadas por una amplia mayoría.

Una de las máximas para el grupo que preside el alemán Manfred Weber era la asignación dedicada a las políticas agrarias. Es por este motivo que celebran haber conseguido reivindicar en el informe aprobado la necesidad de “volver a dotar presupuestariamente a la PAC con un presupuesto similar al anterior” del marco financiero. Del mismo modo, acogen con buenos ojos el hecho de que el texto también refleje su malestar ante la posible competencia de dos políticas “que en España han sido y son esenciales como la política de cohesión y la política agraria común”.

Gómez (PSOE): "No queremos que se pierda ni un solo euro"

Al otro lado del hemiciclo, coinciden con el diagnóstico. La coordinadora del grupo de los socialistas europeos es la eurodiputada española Sandra Gómez. Al salir de una reunión y antes de entrar a la siguiente, comparte con Demócrata la preocupación de su familia política ante los posibles recortes de la PAC: “Si queremos hablar de soberanía y de autonomía alimentaria, eso pasa precisamente por cuidar la PAC”.

Los socialistas quieren regresar al modelo anterior y darle una interlocución directa a las autonomías y a las administraciones intermedias para que puedan interlocutar y aplicar directamente los proyectos subvencionados por los fondos europeos. “Hemos puesto sobre la mesa darle a la PAC la singularidad y la relevancia que le había quitado la Comisión”, insiste, al alertar de que no quieren “que se pierda ni un solo euro en función de las nuevas prioridades”, que define como “interesantes e importantes”.

El calendario apremia y en Bruselas cada vez parece más lejana la posibilidad de que los legisladores logren alcanzar un acuerdo antes de que finalice el año. Gómez pide prudencia y “no pillarse los dedos” durante las negociaciones sin perder de vista que “en el año 2028 tiene que haber un marco financiero vigente”.

Este verano está previsto que el Consejo presente su posición sobre un marco que terminará articulando la acción europea en prácticamente todas sus aristas. La familia política que lidera la española Iratxe García aspira a que el paso de esta semana sirva para que al otro lado de la rotonda Schuman conozcan la posición de los parlamentarios, “para poder llegar a un acuerdo entre las tres instituciones”.

El minuto 90 

Cada siete años, la capital comunitaria se convierte en un campo de batalla donde cada uno de los equipos negociadores llega al torneo con una estrategia debajo del brazo para acabar saliendo con “la mejor de las posibles”. El Parlamento Europeo ha hecho girar el balón primero con la intención de que eso acabe activando al resto de equipos, que por el momento no desvelan su táctica en uno de los grandes juegos de las instituciones comunitarias.