QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento Europeo ha dado un paso adelante en la revisión de la Política Agrícola Común (PAC) al aprobar su posición sobre un paquete de medidas que busca reequilibrar las relaciones de poder en la cadena de suministro agroalimentario. Con 532 votos a favor, 78 en contra y 25 abstenciones, Estrasburgo ha respaldado este miércoles un mandato de negociación con el Consejo que pretende reforzar la posición contractual de los agricultores y mejorar la estabilidad de sus ingresos.
Contratos obligatorios y límites más bajos
Una de las principales novedades es la obligatoriedad de firmar contratos escritos para las entregas de productos agrícolas, una medida que pretende poner fin a las relaciones comerciales precarias entre productores y compradores. No obstante, los Estados miembros podrán eximir a determinados sectores de esta exigencia si así lo solicita una organización que represente a ese ámbito.
El Parlamento también propone rebajar a 4.000 euros el umbral a partir del cual los contratos serán obligatorios, frente a los 10.000 euros propuestos por la Comisión Europea. Además, los eurodiputados rechazaron la creación de organizaciones específicas para productores ecológicos, con el fin de evitar una competencia innecesaria entre modelos de producción.
Etiquetado y transparencia
Otro de los puntos destacados del texto es el relativo al etiquetado de los productos agrícolas. Los eurodiputados reclaman una definición más clara de los términos “justo” o “equitativo”, que debería tener en cuenta la contribución de los productos al desarrollo rural y al fortalecimiento de las organizaciones de agricultores.
Asimismo, se fija un marco más estricto para el uso de la expresión “cadena de suministro corta”, que solo podrá aplicarse a productos europeos con un número limitado de intermediarios o manipulados en distancias o plazos reducidos.
Importaciones y plaguicidas
El pleno también ha acordado que los alimentos y piensos procedentes de terceros países solo podrán importarse si cumplen los mismos límites de residuos de plaguicidas que los productos europeos. Con esta medida, el Parlamento busca garantizar condiciones de competencia más justas y una mayor protección para los consumidores.
Los Estados miembros deberán dar prioridad a los productos agrícolas y alimentarios de origen europeo en los contratos públicos, especialmente aquellos de temporada o con indicaciones geográficas protegidas. El objetivo es fomentar el consumo local y apoyar la producción sostenible dentro de la Unión.
La carne, solo de origen animal
La Eurocámara también ha introducido una definición más estricta de “carne”, que se limitará a las partes comestibles de animales. De este modo, términos como “bistec”, “salchicha” o “hamburguesa” quedarán reservados exclusivamente a productos que contengan carne real, excluyendo las alternativas cultivadas a partir de células.
“Una cuestión de justicia y dignidad”
Durante el debate, la ponente del informe, Céline Imart (PPE, Francia), subrayó la importancia de garantizar una remuneración justa para los agricultores.
“Queremos acabar con las relaciones comerciales desequilibradas. Los agricultores merecen contratos justos y rentas dignas. No hablamos solo de estadísticas, sino de justicia, dignidad y, en muchos casos, supervivencia”, afirmó.
Próximos pasos
Las negociaciones con los Estados miembros sobre la versión final de la legislación comenzarán el 14 de octubre. Si prosperan, las nuevas normas podrían marcar un punto de inflexión en la relación entre productores, distribuidores y consumidores dentro del mercado agroalimentario europeo.
